Esta semana el Senado despachó a segundo trámite la ley corta de isapres. Dicha ley tuvo su origen en la búsqueda de una solución que permitiera implementar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, sin interrumpir las coberturas y los tratamientos de los beneficiarios del sistema privado.

Originalmente, lo propuesto por el Ejecutivo impedía cumplir con el objetivo señalado, puesto que de implementarse sin modificaciones ponía en riesgo no sólo a la industria isapre y sus más de 2,7 millones de beneficiarios, sino que al sistema de salud completo: clínicas privadas, beneficiarios de Fonasa, médicos y trabajadores de la salud, entre otros. Ese complejo desafío llevó a que la Comisión de Salud convocara a un Comité de Expertos de carácter transversal para plantear cambios que hicieran viable la ley corta.

Luego de tres meses de trabajo, dicha instancia llegó a una solución unánime, con una propuesta sólida desde el punto de vista técnico y jurídico para el cumplimiento del fallo de la Suprema. Pese a que el Gobierno no acogió completamente esa solución, destaca que la Sala del Senado haya finalmente resuelto incorporar el concepto de mutualización, que de acuerdo con los expertos no sólo es compatible con la implementación del fallo, sino que permite incluir elementos de solidaridad hacia los cuales debe avanzar con más fuerza el sistema Isapre, además de conducir a alzas en el precio de los planes menores a las estimadas por la misma Superintendencia.

El proyecto que pasa a la Cámara de Diputados tiene aún aspectos por resolver, tales como la viabilidad de la propuesta de Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa, o la continuidad efectiva de la atención y cobertura que recibirán quienes, estando en tratamientos complejos, pasen de una isapre en problemas de insolvencia a Fonasa.

Lo deseable es que los criterios técnicos -y no ciertos sesgos ideológicos- primen en la etapa que viene, tanto en el Congreso como en La Moneda, a fin de llegar a mayo, plazo final entregado por la Corte Suprema, con un proyecto que permita darle estabilidad y viabilidad a un sistema que, si bien necesita reformas, es un pilar clave de la salud chilena.