Esta semana se inició la discusión del proyecto que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Los objetivos serían fortalecer la evaluación técnica de los proyectos de inversión, al otorgar mayores atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y eliminar las instancias políticas como el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA); establecer reglas claras para la relación entre comunidades y empresas para evitar conflictos posteriores; e incorporar un recurso de reclamación único y simplificado para evitar tiempos excesivos de resolución.

El proyecto ha sido recibido con tenue entusiasmo por los gremios empresariales y los gestores de proyectos. Ciertamente, reconocen algunos aspectos positivos, como los cambios para consultas de pertinencia para casos como modificaciones o expansiones de proyectos existentes, la eliminación de las COEVA o el fortalecimiento del SEA como organismo rector del SEIA; también valoran el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, la ampliación de la tramitación acelerada para proyectos que ingresan vía declaración de impacto ambiental (DIA) y “son de necesidad pública impostergable”, entre otros.

Sin embargo, hay elementos que generan preocupación. Es el caso de las menores competencias del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, pues es la instancia que permite una mirada más integral; la carga dinámica de la prueba cuya aplicación aumenta la incerteza de los titulares de proyectos; la participación ciudadana anticipada que agrega una etapa más al proceso de aprobación; la participación ciudadana en todas las DIA en que se solicite, aunque no tengan carga ambiental, etc.

La directora del SEA ha señalado a DF que este es un proyecto que le “dará más herramientas como servicio para asegurar una evaluación más técnica, de excelencia, que dé más certezas”. Lo cierto es que hay legítimas dudas si lo que se ha propuesto cumple con el objetivo de agilizar la llamada “permisología” o más bien constituye una agenda ambiental cuyo resultado podría encarecer aún más los proyectos, ralentizar la tramitación dentro del Servicio y continuar desincentivando la concreción de proyectos de inversión.