En un fallo que ha levantado una fuerte polémica, con inusuales críticas del Congreso y el propio ministro de Justicia, un juzgado de garantía de Santiago autorizó videollamadas a reos de alta peligrosidad. La decisión rompe las reglas del régimen penitenciario de alta seguridad, creando una situación anómala. Además, tratándose de personas vinculadas a redes internacionales de crimen organizado, permitir la conexión con el extranjero es un mal antecedente en la lucha contra este tipo de criminalidad.

Con todo, la reacción de distintos representantes políticos llamando a revertir la reforma procesal penal de 2005 es desmesurada. Por lo pronto, el caso no atinge al proceso penal, sino a la inexistencia de una justicia de cumplimiento de pena en nuestro país. En lo que respecta al proceso penal, el diagnóstico parece estar equivocado. Sin duda, existen jueces que muestran un sesgo excesivamente garantista, pero un análisis general del funcionamiento del sistema señala que el mayor problema no está ahí.

Es importante diseñar cambios sobre diagnósticos precisos y exhaustivos, no en reacción a casos particulares que generan polémica.

Según la información oficial del Poder Judicial, los jueces conceden nueve de cada diez solicitudes de prisión preventiva, porcentaje que aumenta en un 5% adicional cuando estas decisiones son revisadas por las cortes. Ello desmiente la actitud obstruccionista que tendrían los jueces de garantía.

En paralelo, distintos estudios muestran un alza lenta, pero sostenida, del porcentaje de causas terminadas por decisión del Ministerio Público. Ello es coincidente con el aumento de la carga laboral de los fiscales, que no se ha visto compensada con un aumento de la dotación del Ministerio Público. Si a esto se agrega que la estructura del órgano persecutor, esencialmente local, no parece estar bien preparada para hacer frente a fenómenos criminales de escala nacional e internacional, surge una imagen más precisa de los problemas que enfrenta nuestro sistema de persecución criminal.

A casi dos décadas de implementación de la reforma procesal penal, su actualización puede ser beneficiosa, especialmente viendo la crisis de seguridad en el país. Sin embargo, es importante que el legislador diseñe las reformas sobre diagnósticos precisos y exhaustivos de los problemas que enfrenta la justicia criminal, y no en reacción a casos particulares que pueden presentar una imagen distorsionada de la realidad.