Ha pasado una semana desde que fuera secuestrado en Santiago el exmilitar venezolano Ronald Ojeda, que residía en Chile como refugiado político, uno de los muchos que ha producido el régimen de Nicolás Maduro y que han buscado asilo en países vecinos. El caso es preocupante desde todo punto de vista, pero al menos tres reflexiones son indispensables: una diplomática, una política y una policial.

En éste como en otros temas, la existencia de “dos almas” en el oficialismo es políticamente costosa para el Ejecutivo.

El Gobierno tiene razón al pedir que no se adelanten conjeturas sobre los motivos del secuestro, que aún se investigan. Con todo, el modo de ejecución del plagio, el perfil de la víctima y el hecho de que no se ha pedido rescate hacen perfectamente comprensible que se especule sobre una posible operación de inteligencia para reprimir a un ex uniformado disidente del chavismo en territorio extranjero. Que ésa haya sido la primera interpretación de numerosos analistas y actores políticos -ni siquiera el Gobierno la ha descartado- dice mucho sobre la naturaleza de la dictadura venezolana, pero sobre todo, obliga a tener preparada una respuesta en caso de comprobarse una tan grave e inédita posibilidad.

A nivel político, el caso sacó nuevamente a la luz la ambivalencia del Gobierno respecto de qué es y cómo tratar con el régimen de Maduro. Esto no sólo resulta incómodo de cara a la opinión pública, sino que dificulta una respuesta diplomática unívoca y, además, genera espacios para una ofensiva política de la oposición (más aun en un contexto preelectoral). En éste como en otros temas, la existencia de “dos almas” en el oficialismo es políticamente costosa para el Ejecutivo.

Pero más allá de cualquier eventual dimensión política tras el secuestro de Ojeda, lo que la ciudadanía conoce son las perturbadoras imágenes de una persona sacada a la fuerza de su casa en ropa interior y en mitad de la noche, por individuos disfrazados de PDI y a rostro cubierto, captadas por cámaras de vigilancia. En medio de la actual crisis de delincuencia, sólo agravan la sensación de vulnerabilidad.

Tienen razón los familiares del exmilitar venezolano al decir que el Estado de Chile tiene el deber de proteger a todos los ciudadanos, de cualquier nacionalidad. Así es, y los chilenos deben exigir lo mismo.