La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se creó en 1945 para ser el alto Tribunal internacional que resuelve pleitos, asuntos, demandas entre los Estados, es decir es la institución que en ese momento la supra organización llamada ONU creó para resolver las diferencias entre los Estados que por obvias razones ante el desarrollo que el derecho internacional necesitaba con la nueva arquitectura, ante el desplome de la Liga de las naciones que contenía el Pacto de Versalles, necesitaba el nuevo orden mundial para resolver en derecho las diferencias. Y su sede se fijó en La Haya, ciudad holandesa.

La Corte Penal Internacional (CPI), se fomentó con el tratado de Roma de 1998 y comenzó a funcionar en el año 2002, para resolver las demandas solo en materia penal contra mandatarios, funcionarios, estadistas, militares, y miembros de grupos o actores armados, que no pueden ser juzgados dentro de sus Estados por la incapacidad del derecho interno penal de un determinado Estado para procesarlos, o porque se trata de un Estado fallido donde las instituciones no funcionan, y solo por los crímenes más atroces que impactan a la humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra, de lesa humanidad o crímenes de agresión.

Los mismos Estados solicitan su intervención, o el Consejo de seguridad de la ONU lo requiere, o de oficio el Fiscal General puede iniciar la investigación.

Esta Corte Penal Internacional, expresa la globalización del derecho internacional, en otras palabras, concreta la transnacionalización del derecho penal, el derecho penal transfronterizo, lo cual no puede hacer ningún sistema de derecho nacional individualmente considerado, excepto cuando se invoca la justicia universal.

Pero este es otro aspecto que dilucidé por separado en otra columna. Su sede también está en La Haya. Y esa es la confusión que tiene mucha gente.

Tanto la CIJ como la CPI , ambas son la expresión de la globalización del derecho para resolver asuntos internacionales, pero el componente penal se entrecruza cuando un Estado demanda a otro Estado por responsabilidades ante la violación del derecho y deben cuantificarse los daños causados a otro Estado, y se necesita imponer el orden, hacer justicia e impedir la impunidad internacional.

La demanda la presentó Suráfrica a finales del año 2023 contra Israel por cometer genocidio con la sumatoria de los ataques indiscriminados contra las edificaciones; la primera decisión de la CIJ se produjo el 26 de enero de 2024.

La importancia del dictamen estriba en que fue admitida la demanda y continuará el manejo de las pruebas porque la CIJ no desestimó los cargos quedando Israel ante la encrucijada de parar las masacres que justifica con el argumento de la defensa del Estado por el acto terrorista que vivió el 7 de octubre, pero que esa defensa no la ha ejercido contra los miembros del grupo Hamas sino contra la población civil de toda la franja de Gaza violando el DIH.