La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró ayer la apertura antes de verano de los primeros seis centros presenciales de crisis para la atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, después de haber licitado ya los locales por la cantidad de 2,5 millones de euros. Unos centros que, explicó la Consejera, estarán atendidos los siete días de la semana y durante las 24 horas, por profesionales de las entidades especializadas, gracias a la concertación social.
Los centros de crisis actúan como un recurso para la prevención y la atención integral. Están dirigidos a prestar acompañamiento o a realizar intervenciones psicológicas o sociales –de manera presencial, online y telefónica– a todas las víctimas y supervivientes que hayan sufrido este tipo de violencia en el pasado o que se hallen en dicha situación en el presente, así como a aquellos familiares que lo necesiten o a personas del entorno íntimo de la víctima.
El servicio de cada centro de crisis ofrecerá información, atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento.
Los centros desarrollarán además, iniciativas de prevención de violencia sexual y de sensibilización, con el objeto de mejorar el trato social a las víctimas, así como su credibilidad. En todos los centros se prestará atención tanto presencial como telefónica y telemática, si bien esta última podrá ser centralizada, si así lo recoge la convocatoria respectiva, en uno de los centros existentes.
Tres provincias pendientes
Antes de una reunión entre la consejera y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Blanco reclamó una financiación “estable” al Estado para el mantenimiento de estos centros, que rondarán el millón de euros al año, tanto para sufragar el personal como para los medios que se requieren. De momento, se han licitado en seis capitales de provincia y están pendiente de sacar los de Ávila, Palencia y Soria.
Precisamente, la ministra mostró su “preocupación” con estos centros de crisis: subrayó que los nueve locales deben funcionar antes del 31 de diciembre al estar financiados estos con los fondos europeos Next Generation, que se tendrán que devolver si no se ejecutan este año. “Hay que ser exigente con esto. Tengo el compromiso de la consejera de la Junta, al menos verbalmente, por que necesitamos que estén en marcha antes de que acabe 2024”, manifestó.
Isabel Blanco apostó por trabajar de forma conjunta y coordinada en materia de violencia de género, también realizó un repaso de los programas actualmente activos como “Atrapadas”, que fue el primero en atender a mujeres vulnerables víctimas de explotación sexual, también el “Plan Camino”, que ha puesto en marcha recientemente el Ministerio con el mismo fin, sin olvidar el sistema “Viogen”.
Blanco recordó que Castilla y León es pionera en el desarrollo de “muchas actuaciones”, entre las que citó el centro virtual Atiendo, que ha tenido “muy buena” respuesta, sobre todo con llamadas procedentes de mujeres del medio rural.
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