El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, ha descrito como parte de “un proceso de renovación natural” la decisión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, de no mantener a Carlos Oliva en la presidencia del Consejo Fiscal (CF) por un período adicional de cuatro años, pese a que la ley lo permite.

El problema es que en el manejo de los recursos públicos lo natural no siempre es lo conveniente. Es, por ejemplo, natural que un gobierno con bajísima legitimidad intente ganarse algo de apoyo a través del gasto público, relajando la disciplina fiscal que ha protegido, mal que bien, la estabilidad macroeconómica en medio de turbulencias políticas.

También es natural que un Congreso plagado de emprendedores de la política busque abrir las compuertas del Tesoro Público para llevarse al bolsillo dos céntimos de popularidad, o que un alcalde como Rafael López Aliaga presione para endeudarse de manera aún más irresponsable, o que se repartan recursos públicos a gobiernos regionales dependiendo de la cercanía de sus autoridades con la mandataria.

Precisamente porque lo natural es que las aguas del gasto público se desborden por intereses políticos es que existe un dique como el CF, un organismo cuya misión es analizar de manera técnica el manejo fiscal y alertar cuando las autoridades que deciden cómo se gastan los recursos públicos pierden el rumbo.

Es natural que a nadie le guste que le digan sus verdades. Y el CF ha sido duramente crítico con el optimismo del Ministerio de Economía y Finanzas, con el endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima y con las transferencias de recursos al Gobierno Regional de Ayacucho, por lo que no es difícil imaginar de dónde han venido las presiones para la salida de Oliva.

Lo que es lamentable es que, por una visión cortoplacista, el Ejecutivo haya perdido la oportunidad de asegurar que habrá un presidente del CF crítico y vocal no solo con este gobierno, sino con el que elijamos en el 2026.

Si algo nos sirve de consuelo es que el resto de miembros del CF, cuya posición se refleja en las declaraciones públicas de Oliva y en los informes del organismo, han demostrado que tampoco se muerden la lengua. También es reconfortante que las reacciones a esta decisión le dejen al gobierno un espacio muy pequeño para designar a alguien dócil en su reemplazo, aunque en este gobierno, lamentablemente, lo natural sería un nuevo disparo al pie y no lo contrario.