No me refiero a los que recibirán los congresistas por Navidad: sueldo (S/15.600), gratificación (S/15.600), semana de representación (S/2.800), aguinaldo (S/1.700) y, sin duda el más merecido, por desempeño laboral (S/7.617). Súmese el bono de finales de noviembre (S/9.900), por concepto de “nos da la gana y, si no les gusta, joróbense”.
Generosos como son, los padres y madres de la patria han querido que sus hijos recibamos demostraciones de su afecto, regalándonos un paquete de medidas que podrían matar a Papá Noel de pura envidia.
Uno: “Apoyo a la minería del oro”. En Pataz fueron asesinados nueve trabajadores de la mina Poderosa. No fueron las primeras víctimas de la minería ilegal. Pero esta no solo está asociada a asesinatos, sino también a la degradación del medio ambiente, la trata de personas, el trabajo peligroso, la corrupción, etc. Se convierte además en un freno a la inversión minera que sí cumpla las leyes.
El principal obstáculo para enfrentar a los ilegales es el Reinfo, un registro que permitió la inscripción de los informales para evaluar si cumplían los requisitos para acceder a la formalidad, con un plazo para cumplirlo. A la fecha hay 11.101 formalizados y restan inscritos 87.161; de los cuales están suspendidos 69.477 (no pueden ser formalizados) y 17.684 vigentes (pendientes de ser evaluados).
El plazo para los 87.161 ha sido ampliado en varias ocasiones, la cuarta por este Congreso. El solo papel de “inscrito” les ha bastado para circular con oro ilegal y refinarlo.
Con esta ley quieren abrirlo. Podríamos tener así decenas de miles más que no cumplen ningún requisito, pero a los que el solo hecho de inscribirse les sirve para lavar el oro ilegal.
¿Qué motivaría a que los congresistas aprueben una ley tan bárbara? Simple: la onza de oro raspa los US$2.000 y los ilegales producen ya más de dos millones de estas al año.
Dos: “Paquete de estímulos al crimen organizado”. Ya se había avanzado con la ley que reduce los plazos de la suspensión de la prescripción, que los mal pensados llaman Ley Soto. Pero los envidiosos de la Corte Suprema, en plenario, han recomendado a los jueces no aplicarla por “desproporcionada” y, por consiguiente, “inconstitucional”, perjudicando a quién sabe cuántos beneficiarios más.
Pero faltaban medidas específicamente para el crimen organizado. Buscan remediarlo aprobando limitaciones a la colaboración eficaz, para desalentar a nuevos delatores y liquidar a muchos de los que ya lo son. Es que hay demasiados y nos causaban tantos problemas, dirá agradecido Pedro Castillo.
También quieren acabar con la extinción de dominio, aplicada para que el Estado recupere inmuebles, vehículos, dinero, etc., “fruto, instrumento o consecuencia de actividades ilícitas”. Lo patean para cuando haya condena firme; o sea, para el 2040. Lo hacen pese a la oposición del Poder Judicial y de la procuraduría.
Se conversa ahora sobre eliminar del Código Procesal Penal la figura del agente especial, “un topo trabajando para la justicia”, podríamos llamarlo. En el Congreso hay uno(a) y los aterra. “¿Qué sabrá de mí?” es la pregunta que recorre muchos escaños.
Tres: “Te escucho por la tarde y te saco por la noche”. La primera vez había que destituir a los de la Junta Nacional de Justicia a la mala, con un proceso “sumarísimo” que todavía no existe (algo así como el plan Boluarte para la seguridad). Una cautelar lo impidió. Habrá que hacerlo ahora a lo bestia, en un solo día. Se lo merecen por suspender a doña Patricia Benavides en un procedimiento disciplinario inmediato, previsto en su reglamento para “casos en los que existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular, o en la comisión de una falta disciplinaria muy grave detectada en el momento en que se está ejecutando”.
Ello, pese a que algunos doctos jurisconsultos han explicado que no hay absolutamente nada contra ella, nada (sobre el choclón de ‘abogaduchos’ que sostienen lo contrario, mejor ni comentar).
Hay que actuar rápido y acabar con los portadores antes de que el virus “CAVIAR-23″ se expanda como el “COVID-19″. ¡Faltaba más!
Regalos navideños del Congreso
9
1
15.12.2023
No me refiero a los que recibirán los congresistas por Navidad: sueldo (S/15.600), gratificación (S/15.600), semana de representación (S/2.800), aguinaldo (S/1.700) y, sin duda el más merecido, por desempeño laboral (S/7.617). Súmese el bono de finales de noviembre (S/9.900), por concepto de “nos da la gana y, si no les gusta, joróbense”.
Generosos como son, los padres y madres de la patria han querido que sus hijos recibamos demostraciones de su afecto, regalándonos un paquete de medidas que podrían matar a Papá Noel de pura envidia.
Uno: “Apoyo a la minería del oro”. En Pataz fueron asesinados nueve trabajadores de la mina Poderosa. No fueron las primeras víctimas de la minería ilegal. Pero esta no solo está asociada a asesinatos, sino también a la degradación del medio ambiente, la trata de personas, el trabajo peligroso, la corrupción, etc. Se convierte además en un freno a la inversión minera que sí cumpla las leyes.
El principal obstáculo para enfrentar a los ilegales es el Reinfo, un registro que........
© El Comercio
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Nikkei Editorial
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
