Desde un punto de vista teórico, en un Estado democrático, el poder emana del pueblo, que es quien elige a sus representantes. Para que exista un verdadero Estado de Derecho, es preciso que haya un estado democráticamente organizado y que va a quedar legitimado por un conjunto de normas jurídicas, destinadas a regular su funcionamiento. Es por ello que, en un adecuado ordenamiento jurídico, el poder del estado quedará claramente definido y delimitado por el derecho.
Para establecer una correcta delimitación, se establece la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta división hace que cada uno de los tres poderes, tenga claramente definidas y determinadas sus funciones, de modo que ninguno de ellos pueda inmiscuirse en las funciones de los otros. Los tres van a ser controlados entre sí. Nuestra Constitución es la más avanzada expresión del Estado de Derecho, ya que, como norma suprema, vincula a todos los poderes públicos, para que cumplan correctamente con todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, que han de ser respetados sin excepción alguna, ya que todos somos iguales ante la Ley.
Dicho esto, lamentablemente en nuestro país, se ha producido una peligrosa deriva hacia lo que voy a llamar el “Derecho del Estado”, ya que por las muchas situaciones que se están produciendo y que todos los ciudadanos podemos conocer, acudiendo simplemente a la prensa diaria, es el Estado el que está violando derechos y libertades constitucionalmente reconocidas a los ciudadanos, es el Estado el que está vulnerando la división de poderes y es el Estado el que marca las pautas del poder legislativo a través de prostituidos pactos incluso con enemigos políticos.
Si nos referimos a la división de poderes, es público y notorio que los órganos del gobierno del Poder Judicial están politizados, desde el momento en que sus representantes son elegidos por los partidos mayoritarios, en proporción a sus cuotas de poder. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional y más claro aún es la dependencia jerárquica del fiscal general del Estado, que queda sometido al control del poder ejecutivo.
En estos momentos, la iniciativa legislativa que se va a presentar para promulgar una ley de amnistía, va a beneficiar de modo descarado a aquellos que participaron en los graves acontecimientos ocurridos en Cataluña en el 2017 que atentaron contra el orden constitucional y con la convivencia pacífica de catalanes y españoles. No hay que ser muy docto en derecho para concluir que esa ley de amnistía va a romper las reglas constitucionales y va a eliminar el Estado de Derecho.
A mi juicio, esto es inaceptable e inasumible para una democracia plena, ya que se va a impulsar una norma legal que exonerará a unos pocos políticos delincuentes catalanes y vascos, que ya han sido condenados por los Tribunales. Una ley de amnistía no es admisible en nuestra Constitución de 1978, ya que, entre otras cosas, pretende anular al Poder Judicial, poder que, actuando con total independencia, es el último dique para frenar los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley, con el único objetivo de privilegiar a unos pocos de la clase política.
Está más que claro que, con el único objetivo de mantenerse en el poder, nuestro presidente actual está cerrando el estado de derecho para implantar el derecho del estado. Lamentable.