El Ingreso Mínimo Vital establecido por Ley de junio de 2020, es una prestación económica dirigida a garantizar un nivel mínimo de ingresos a aquellas personas y familias en riesgo de vulnerabilidad económica. Sustituyó al salario social básico que gestionaban las comunidades autónomas y tiene como objetivo combatir la pobreza y la exclusión social. Todo suena muy bien y desde el Ministerio de turno no se hace mas que hacer propaganda de esta estupenda medida.
Pero, transcurridos más de tres años desde su promulgación, por lo que puedo ver en la ONG con la que colaboro, la gestión administrativa es desastrosa y hasta negligente, ya que deja a los beneficiarios en un total abandono, debido a que, aun cuando en un plazo de 30 días desde la solicitud, deberían de recibir la prestación, tardan prácticamente un año en cobrarla, si es que se les concede, y en algunos casos, por errores de la Administración, una vez han cobrado la prestación, se les exige su devolución y esto provoca una deuda que en modo alguno pueden pagar.
Los problemas de gestión son enormes y en los mas de tres años transcurridos desde la aprobación de la ley, prácticamente no se ha hecho nada para resolverlos. La complejidad de la norma es tal que no hace posible realizar los abonos en un tiempo razonable. A esto se une el problema de unos sistemas informáticos llenos de fallos y dificultades técnicas. Además de eso, para la mayor parte de los beneficiarios de la prestación, resulta materialmente imposible cumplir con todos los requisitos y procedimientos de la solicitud, algo que dificulta enormemente el acceso a la ayuda.
Nos encontramos también con una total falta de coordinación entre el INSS y las comunidades autónomas, algo que obstaculiza la correcta aplicación de la ayuda y por si esto fuere poco, según reconoce la propia administración, la falta de recursos y de personal adecuado, afecta de modo muy negativo a la gestión eficiente de esta necesaria ayuda para muchas familias y personas vulnerables, algo que provoca el incumplimiento de ese propósito de la ley, de garantizar un mínimo de ingresos.
El resultado final de toda esta inoperancia es que los solicitantes del IMV quedan decepcionados al enfrentarse a una larga carrera de obstáculos que para ellos supone no sólo para presentar la solicitud, sino para aportar documentos que, en la mayor parte de los casos, van a aportar una información que, de oficio, la Administración ya tiene.
Es incuestionable que este tipo de ayudas no puede esperar y es ridículo ver que muchos beneficiarios han de presentar su solicitud dos y tres veces por una manifiesta negligencia administrativa. Frente a esta lamentable situación, ¿cómo es posible que ni los medios de comunicación, ni en los debates políticos, se hable del tema?
En la asociación con la que colaboro, tratamos de analizar con el máximo detalle tanto la documentación que se presenta, como las solicitudes realizadas, para tratar de asesorar de la mejor manera posible a esas personas y familias beneficiarias, que se sienten solas y perdidas ante tanta burocracia. Como alguna asociación ha dicho, la violencia institucional que sufren los beneficiarios para moverse por el laberinto burocrático en el que los meten, alcanza su máxima expresión.
De todos estos fallos y mal funcionamiento hay un protagonista que antes era el Sr. Escrivá y ahora es el ministro que lo ha sustituido. Por favor, piensen de verdad en esas familias necesitadas, pónganse las pilas y agilicen la gestión. ¿es pedir mucho?
INGRESO MINIMO VITAL
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16.01.2024
El Ingreso Mínimo Vital establecido por Ley de junio de 2020, es una prestación económica dirigida a garantizar un nivel mínimo de ingresos a aquellas personas y familias en riesgo de vulnerabilidad económica. Sustituyó al salario social básico que gestionaban las comunidades autónomas y tiene como objetivo combatir la pobreza y la exclusión social. Todo suena muy bien y desde el Ministerio de turno no se hace mas que hacer propaganda de esta estupenda medida.
Pero, transcurridos más de tres años desde su promulgación, por lo que puedo ver en la ONG con la que colaboro, la gestión administrativa es desastrosa y hasta negligente, ya que deja a los beneficiarios en un total abandono, debido a que, aun cuando en un plazo de 30 días desde la solicitud, deberían de recibir la prestación, tardan prácticamente un año en cobrarla, si es que se les concede, y en algunos casos,........
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