A una presidenta tan debilitada y con una cultura de base de izquierda, le es fácil caer en la tentación populista. Es lo que ha ocurrido con el Decreto de Urgencia (DU) que obliga a las farmacias y boticas –supuesto monstruo egoísta que solo busca el lucro– a vender un 30% de genéricos, ya no de 40 productos, como era antes, sino de 434.

Por supuesto, las grandes cadenas ya cumplen de sobra con el 30%, pero las boticas independientes, que son la gran mayoría, seguramente quebrarán porque carecerán de las espaldas financieras para mantener un stock amplio con poco movimiento y quedarán sujetas a la extorsión de los inspectores de las direcciones regionales de salud que interpretan cada uno como quiere la norma a fin de detectar falencias y recibir un pago a cambio de no ver o aplicar una multa mortal.

Ahora el Ministerio de Salud (Minsa) ha aclarado que no están obligadas a tener los 434, sino que deben ofertar el 30% en genéricos de aquellos de los 434 que ofrezcan. El incentivo será entonces a tener la menor cantidad de esos 434 productos, para no caer en las garras de un inspector. Como buenos dirigistas, nunca se percatan de los efectos contraproducentes que causan.

Es decir, el Decreto de Urgencia es claramente discriminatorio, abusivo y expoliador. Pero lo increíble es que es un abuso consciente y deliberado, pues el ministro justificó la medida con el argumento de que “le va a doler a las farmacias”. Por eso lo dio. Solo ello es razón suficiente para una interpelación y censura por parte del Congreso. No puede haber un ministro que se ufane de torturar a las empresas de su sector.

Pero hay otra razón más grave. El ministerio tiene más de S/1.000 millones al año (S/2.300 millones, según el primer ministro) para comprar medicamentos que alcanzarían de más para entregar genéricos gratuitos a los pacientes del SIS, pero no los hay en los establecimientos del Estado y, por eso, la gente prefiere atenderse en las farmacias directamente. El ministro quiere que la gente compre y pague genéricos en lugar de distribuírselos gratuitamente.

En efecto, el Decreto de Urgencia proclama que su objetivo es “garantizar el acceso a medicamentos genéricos a la población”, pero en realidad lo que les está diciendo a las personas es que les garantiza que van a seguir haciendo gasto de bolsillo para adquirir los genéricos, cuando deberían recibirlos gratuitamente.

Pero ya sabemos que el Estado no puede porque es corrupto e ineficiente. Si quiere que haya medicamentos para todos en las postas y hospitales, debe concesionar su compra y distribución a una empresa privada, como hace Essalud con Salog para Lima Metropolitana. Más aún, podría el Minsa delegarle a las farmacias el primer nivel de atención, destinando un médico a cada una de ellas, considerando que la mitad de quienes tienen un problema de salud no van a un establecimiento de salud, sino directamente a una farmacia a atenderse.

El Congreso tiene que derogar este DU y obligar al Minsa a tercerizar, en favor de la gente.