No contentos con impedir toda reforma que permita la formalización de trabajo del 75% de los peruanos, voceros de izquierda y las ONG que viven de la denuncia a empresas arremeten ahora contra la ley recientemente aprobada en el Congreso que permite consolidar la propiedad de agricultores de la Amazonía y de todo el país que tienen posesiones o propiedades en suelos que en principio eran de uso forestal o no agrícola, pero que hace mucho tiempo se convirtieron a la agricultura.
Según el Midagri, solo el 16% del área sembrada en el Perú está en suelos propiamente agrícolas. Tendrían que dejar de producir. En la Amazonía son alrededor de 500 mil familias que siembran café, cacao y otros productos que tendrían que haber demostrado que no están en tierras de uso forestal si querían conseguir certificación ambiental o titulación que les permitiera seguir produciendo o exportando, por ejemplo, a la Unión Europea. La nueva ley simplemente los exceptúa de tal obligación y se aplica solo a los que ya tienen algún título posesorio o de propiedad otorgado por el propio Estado, no a quienes quieran hacer inversiones en el futuro, como desinforman los opositores.
Y, por supuesto, afecta los intereses de las ONG ambientalistas que consiguen recursos de fuera chantajeando a las pocas empresas grandes que hay con la acusación de que operan en áreas forestales o de propiedad ancestral. Si fueran auténticamente ambientalistas entenderían que la formalización de la propiedad precisamente ayuda a no seguir deforestando, porque los agricultores itinerantes que vienen de la sierra, por ejemplo, al tener la propiedad segura, podrán conseguir crédito y capacitación para pasar a cultivos permanente o plantaciones forestales. Es decir, podrán hacer inversiones mayores incluso en preservación ecológica, de modo que ya no tengan que migrar a otras zonas a deforestar precisamente para seguir sembrando.
Titular y consolidar la propiedad es no solo una manera de incentivar inversiones que aumenten la productividad y los ingresos de los pequeños agricultores de café, cacao y otros, sino también una manera de frenar la agricultura migratoria, de la misma manera como concesiones forestales bien gestionadas ayudan a preservar el bosque, porque impiden el ingreso de arrasadores y taladores informales.
Pero, naturalmente, los opositores quieren hacer creer que con esta ley se está autorizando a deforestar la selva, cuando en realidad solo se aplica a quienes están cultivando en este momento o a las tierras ya degradadas –para reconstituirlas precisamente– y no a los bosques ni a futuros agricultores. Cubre solo lo ocurrido hacia atrás. Más bien, ayudará a contener la agricultura migratoria, que es la que deforesta, como hemos dicho. El ‘statu quo’ legal que defienden, en nombre de la preservación, es el que ha permitido que cada año se siga depredando más de 150 mil hectáreas.
Se ha sumado a la crítica nada menos que el autor principal del despilfarro de la refinería de Talara, quien cita en “La República”, fuera de contexto, una dura advertencia del ecologista Marc Dourojeanni, sin informar que este experto más bien afirma que la ley aprobada es necesaria, pero debe ser complementada con resguardos adicionales.
Consolidar la propiedad no solo lleva a mejorar la productividad y a arraigar a los agricultores para contener la deforestación. Sirve incluso para quitar espacio a las economías ilegales como el narcotráfico, la tala y la minería ilegales. Esta ley ayudaría a reemplazar la actividad cocalera, por ejemplo. Es indispensable ir conquistando y conformando bloques de formalidad en el territorio. De la misma manera, el Estado debería tener una estrategia para ir incorporando a la formalidad las distintas zonas de minería informal, una por una, comenzando por La Rinconada, en Puno, que ha vuelto a pedir su formalización. Seamos inteligentes y veraces.
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