Ahora una importante calificadora de riesgos ha rebajado la calificación del Perú, poniéndonos a un peldaño de perder el grado de inversión. Ello, debido a la incertidumbre política, a la debilidad creciente del Gobierno luego de los escándalos y a la fragmentación particularista del Congreso. El problema es que una degradación en la calificación genera una gravedad hacia abajo, un círculo vicioso.

Hay que reaccionar. Economistas deben explicar a las calificadoras que, pese a todo, el Perú no ha perdido capacidad de pago, que es lo que finalmente evalúan. La debilidad del Gobierno para plantear reformas y adoptar decisiones como Tía María y la orientación del Congreso hacia proyectos populistas, clientelistas y particularistas, deberían ser contrarrestadas por una presión conjunta de ‘think tanks’, gremios, grupos empresariales y academia.

Algo así como lo ocurrido con los gremios empresariales y sindicales que trabajaron una propuesta de política anticriminal, logrando ser incorporados a un Conasec que, sin embargo, aún no se reúne. Por ejemplo: Macroconsult, la Cámara de Comercio de Lima e IPAE tienen una propuesta para simplificar los regímenes tributarios y laborales en una escala gradual y progresiva para facilitar la formalización y el crecimiento de los pequeños. Esa propuesta debería ser expuesta a esa misma mesa de organizaciones empresariales y sindicales para que la haga suya y la demande al Congreso.

A partir de allí, esa mesa podría empezar a abordar el tema de qué tenemos que hacer para crecer a tasas altas y formalizar, y tratar de ponerse de acuerdo.

Grupos empresariales con inversiones en seguros y salud podrían formular una propuesta de reforma de la salud pública basada en mecanismos empresariales y competitivos de gestión. Lo mismo en Educación. Mineras podrían formular una propuesta de gobernanza minera para desarrollar el territorio y prevenir conflictos. Y así sucesivamente...

Las bancadas de centro y derecha del Congreso podrían aprobar una moción para que se ejecute el proyecto Tía María.

Los gremios y la sociedad civil deberían presentarse al Congreso para demandar que se apruebe el financiamiento de los partidos por empresas formales y ‘think tanks’ partidarios por impuestos, para no dejar la cancha libre a los ilegales y atraer buena gente a los partidos. Luego, podrían formarse fondos a los que empresas y personas puedan donar, fondos que, por su parte, podrían decidir financiar solo a alianzas, para incentivarlas.

Pero hay un tema clave que Diego Macera tocó el martes pasado: la cosa ha llegado a tal punto que esto solo se va a resolver si un número suficiente de personas competentes y honestas se anima a ingresar a la política. En las conversaciones siempre despotricamos de los políticos, pero nadie entra a la cancha ni se compra el pleito. Los partícipes de todos esos chats que se formaron para buscar salidas luego del triunfo de Pedro Castillo, por ejemplo, deberíamos dar el salto a inscribirnos en algún partido político. A los partidos, sin embargo, no se les ocurre convocar. Habría que tocarles la puerta. Es la hora.