Se cumple un año de la aprobación de la Ley de Empleo Público, impulsada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño. La norma corrió un curso paralelo a la Ley de Calidad Ambiental –otra creación de Cofiño–, siendo ambas registradas en la Cámara en marzo de 2022, sin llegar a aprobarse hasta marzo de 2023, cuando finalizaba la legislatura. Ha transcurrido un año y la Ley de Empleo aún no se ha estrenado, a falta de un reglamento que concrete lo que ha quedado formulado de manera ambigua.

Las dos leyes citadas son las primeras herramientas para reformar la Administración del Principado. Una tarea que se inscribe dentro de una campaña que lanzó Adrián Barbón, a mediados de 2020, con resonancias bélicas: guerra a la burocracia. Todo lo anterior discurre por los meandros característicos del curso político asturiano: ni las leyes se aplican ni en la guerra se escucha un disparo.

La Ley de Empleo, exhaustivamente negociada por el vicepresidente con todos los partidos, tuvo el apoyo de 26 de los 45 escaños que tiene la Junta General del Principado, recibiendo tres votos en contra. La norma tiene dos medidas claves que resultan controvertidas: un plus de productividad para los empleados con mayor rendimiento y la figura del subdirector general, destinado a agilizar las tramitaciones complejas, con el expediente repartido por distintos servicios. El subdirector general está a medio camino entre la estructura política y la administrativa, con un contrato de cuatro años. Si la apuesta de Cofiño queda validada por la práctica la Administración tendrá menos vicios, pero en caso contrario, los subdirectores habrán venido para engrosar las filas de la robusta burocracia que se pretende combatir. Quiero decir que constituyen un arma de doble filo. De lo que no tengo duda es de que, una vez creada la figura del subdirector, gozará de larga vida en la Administración asturiana, sea para bien o para mal.

El complemento de productividad me parece muy difícil de gestionar. Para empezar, tal como están actualmente los sueldos en España, me refiero al sector privado, cualquier aumento de retribuciones en la Administración que se salga de los parámetros convencionales será muy mal recibido por la opinión pública. Las preguntas más fáciles son difíciles de contestar: ¿quién evalúa a los funcionarios? ¿cómo se puede tratar con el mismo rasero trabajos muy distintos? Otro día habrá que hablar de los 1.232 empleados que trabajan desde casa. Esos ya se autoevalúan.