¿Es aún válida la división entre derechas e izquierdas? O, como sostienen algunos analistas, ¿esa es ya una discusión del siglo pasado?

Quienes estamos a la derecha creemos en el capitalismo, donde los medios de producción son de propiedad privada y el mercado es el mecanismo que asegura el uso eficiente de los recursos para lograr la generación de riqueza y bienestar. La libertad económica nos permite decidir libremente qué producir y qué consumir. Así, el capitalismo promueve la propiedad privada, la libre competencia y los mercados. Mientras que la izquierda considera que los bienes de producción son de propiedad del Estado y que este es el mejor planificador, restringiendo la libertad de las personas. El Estado Peruano ha demostrado reiteradamente su incapacidad para administrar recursos y gestionar servicios. Pero los ciudadanos nos hemos alejado de la cosa pública y del debate de ideas. Sin confrontación, la retórica de izquierda, abiertamente fracasada, nos gana una y otra vez.

Usemos como ejemplo el acceso a agua y saneamiento. El agua es el recurso más escaso del mundo y es una prioridad para lograr acabar con la pobreza. El Perú tiene la mayor disponibilidad de agua per cápita de Latinoamérica. Y, sin embargo, 3,3 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable y 6,4 millones no tienen desagüe. En Ica, solo el 20% de la población tiene agua las 24 horas y en las zonas rurales solo tres de cada 100 consumen agua adecuadamente clorada y el 81% utiliza una letrina o pozo séptico.

La falta de acceso a agua potable y desagüe es uno de los principales factores que contribuyen al retraso del crecimiento de los niños y a la alta incidencia de desnutrición y anemia, que impiden el correcto desarrollo cerebral en los niños, dificultándoles el aprendizaje. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2023, que se hiciera pública a la par que el Rolex de Boluarte, el 43,1% de nuestros niños (de entre 3 y 36 meses de edad) tiene anemia. En Puno, son siete de cada diez niños.

Estamos bastante lejos de lograr garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos. Entre la falta de capacidad en la gestión pública y la equivocada priorización de inversiones, hemos dejado de lado los proyectos que la población necesita. La corrupción, además, impide que se impulsen proyectos diseñados y ejecutados a costos competitivos y en los tiempos establecidos. Un riesgo adicional: como efecto del cambio climático, entre el 2036 y el 2065 la disponibilidad de las cuencas que abastecen a la población de las ciudades se reduciría hasta en un 25%.

Y, pese a que el manejo público de los servicios de agua es muy deficiente, la izquierda busca impedir que este servicio se entregue en concesión a operadores privados. Con la excusa de que el agua es un derecho constitucional, prefieren que haya millones de peruanos sin agua ni desagüe a que la empresa privada administre y garantice el acceso al recurso. Este es un tema ideológico y, por ello, necesitamos perderle el miedo al debate de ideas y a defender públicamente las ventajas de la privatización.