Chabela prepara almuerzos en su casa en Comas y los vende a los trabajadores de las tiendas y oficinas de San Isidro. Ella es una comerciante que, como tres de cada cuatro peruanos, trabaja en la informalidad. No tiene seguro médico, gratificaciones, CTS ni vacaciones. Y, mucho menos, una pensión de jubilación. Si ella no trabaja, ese día no gana.
Chabela no se ha enterado de que, la semana pasada, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, nos sorprendió con la noticia de que, para el gobierno de Dina Boluarte, el aumento del sueldo mínimo (remuneración mínima vital, RMV) es un compromiso presidencial y que esperan poderlo anunciar el 28 de julio. Así, sin mayor análisis técnico, parecería ser una decisión tomada por el Gobierno, dejando en offside al Consejo Nacional de Trabajo, que aún ni siquiera se había instalado. Y es que en el Perú el aumento del sueldo mínimo ha estado históricamente asociado a factores políticos. Solo como ejemplo, desde el año 2000, 12 de los 4 aumentos de la RMV ocurrieron durante períodos electorales o de baja aprobación presidencial (IPE).
La RMV es el salario mínimo que establece el Estado que debe ganar un trabajador mensualmente por una jornada de ocho horas diarias. Y, por lo tanto, su aumento debe responder a un análisis técnico sobre la base de, entre otros factores, la productividad, el nivel de empleo formal, la inflación y la tasa de crecimiento económico. Esto, porque la RMV afecta en mayor medida a las empresas de baja productividad. Una mype que probablemente no podrá sostener el aumento de sueldo a sus trabajadores se verá forzada a elevar los costos de sus productos o a reducir su calidad para aumentar sus ingresos o, lo más probable, dejará ir al trabajador formal y contratará para reemplazarlo a un trabajador informal, que le cueste menos.
El principal problema del mercado laboral peruano es la baja productividad de los trabajadores. En nuestro país, tres de cada cuatro trabajadores son informales y un 5% trabaja como independiente formal. Esto significa que el aumento de la RMV solo beneficia a los trabajadores dependientes formales, que son el 19% del total de la PEA. Pero solo el 2% del total de trabajadores recibe un sueldo mínimo o cercano al mínimo y, por lo tanto, el anuncio del ministro solo impactaría a un número muy reducido de trabajadores. Mientras tanto, la gran mayoría de peruanos como Chabela, que se desarrolla en la informalidad (por encima del 73% ), sigue siendo invisible para el Gobierno. Para que se haga una idea, la mitad de los trabajadores del Perú labora en una microempresa, y de estos, el 48% gana un salario por debajo del sueldo mínimo (IPE).
En el sector informal se trabaja en condiciones precarias sin redes de protección social, sin pensión de jubilación, sin seguro médico ni de desempleo, sin vacaciones y, en muchos casos, sin condiciones de seguridad mínimas. Como los salarios en el sector informal son más bajos que en el sector formal, lo que debemos hacer para mejorar la calidad de vida y la productividad de los trabajadores peruanos es establecer políticas que les permitan transitar hacia la formalidad.
Acceder a la formalidad en nuestro país es tan caro que si un trabajador quisiera ser formal, el 100% de sus ingresos se iría en el pago de contribuciones y beneficios sociales. El aumento de la RMV, en lugar de favorecer la creación de más empleos formales, encarece la contratación y con ello terminará aumentando la informalidad e impidiendo que más trabajadores logren cruzar a la formalidad. Entre el 2018 y el 2022, solo el 8% de trabajadores informales logró pasar a la formalidad de un año a otro, mientras que el 89% se mantuvo en la informalidad (IPE).
Sin una legislación laboral más competitiva no lograremos reducir la informalidad, condenando a nuestras empresas al enanismo y a nuestros trabajadores a mantener una baja productividad, perdiendo la oportunidad de lograr un mayor desarrollo económico y social. Desde el sector privado, junto con la academia, debemos poner la informalidad en la agenda y para eso debemos partir por reconocer que es uno de los principales problemas del país.
La informalidad nuestra de cada día
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29.01.2024
Chabela prepara almuerzos en su casa en Comas y los vende a los trabajadores de las tiendas y oficinas de San Isidro. Ella es una comerciante que, como tres de cada cuatro peruanos, trabaja en la informalidad. No tiene seguro médico, gratificaciones, CTS ni vacaciones. Y, mucho menos, una pensión de jubilación. Si ella no trabaja, ese día no gana.
Chabela no se ha enterado de que, la semana pasada, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, nos sorprendió con la noticia de que, para el gobierno de Dina Boluarte, el aumento del sueldo mínimo (remuneración mínima vital, RMV) es un compromiso presidencial y que esperan poderlo anunciar el 28 de julio. Así, sin mayor análisis técnico, parecería ser una decisión tomada por el Gobierno, dejando en offside al Consejo Nacional de Trabajo, que aún ni siquiera se había instalado. Y es que en el Perú el aumento del sueldo mínimo ha estado históricamente asociado a factores políticos. Solo como ejemplo, desde el año 2000, 12 de los 4........
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