Hace poco, en “Un enemigo reforzado”, señalé en este mismo espacio lo grave que es para la viabilidad democrática del país el crecimiento y la consolidación de la minería ilegal en no pocas áreas del territorio, poniendo incluso a Pataz como uno de los casos críticos.

El reciente atentado a la minera Poderosa (que no es el primero, dicho sea de paso) ratifica la urgente necesidad de poner en marcha una estrategia de Estado (no solo de la actual administración, aunque a esta le compete la principal responsabilidad) sobre la base de un diagnóstico compartido y consensuado.

Hace bien Augusto Álvarez Rodrich en calificar el fenómeno de esta actividad ilícita, asociada a bandas criminales de diverso tipo y origen, como el “nuevo Sendero”. No es para menos. Algún seguimiento he podido dar en los últimos años a la presencia y expansión de la minería ilegal y hay similitudes.

El estudio que presentó el experto Dante Vera para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en el último Perumin habla de un ecosistema totalmente autosostenible desde el punto de vista económico (2,5% del PBI) y con un crecimiento anual constante. Habría que agregar: con presencia y llegada directa a autoridades políticas (electas o no) en todos los niveles del Estado.

Pero no hay que confundir las herramientas de su avance con su objetivo principal. Este es desplazar progresivamente a la actividad minera formal empezando en zonas de producción aurífera (pero no únicamente) en función de criterios tanto de rentabilidad como de facilidad geográfica ante la incapacidad del Estado para controlar y reprimir. De hecho, cerrar el Reinfo debería ser un primer paso.

¿Por qué es importante un diagnóstico y una visión compartida del fenómeno? Porque, volviendo al calificativo de Augusto, si en algo fallamos en los años 80 con el terrorismo (entre varias cosas) fue en la caracterización inicial de lo que teníamos al frente. Desde el calificativo de “abigeos” hasta considerar a Sendero solo como una banda de radicales criminales diseminados en pequeños grupos, pero sin capacidad de poner en riesgo la democracia.

Ese error inicial resultó fatal, pues la respuesta del Estado fue errática, torpe y con miles de víctimas de por medio.

La minería ilegal es un enemigo que entraña mucho peligro. Tiene objetivos muy claros, con gran capacidad económica y, pese a que ya ostenta poder político, va por más. Partamos por un buen diagnóstico para no volver a fallar en la respuesta.