El ministro Óscar Puente es un genio sin diagnosticar. Este cráneo privilegiado apuesta por una rápida aprobación de la ley de amnistía "que quite trabajo a los jueces", evitando que las causas pendientes acaben en un indulto.
Qué frivolidad.
Se entiende la angustia del presidente del TC, Conde-Pumpido. Corre el riesgo de arruinar su prestigio en el tramo final de su carrera. Cada vez se lo ponen más difícil. Precisamente a él, como inspirador de una parte de la exposición de motivos de la ley, aunque no comparte los apaños que se están urdiendo para eludir las excepciones declaradas no amnistiables.
Es el minuto y resultado del argumentario enlatado en Moncloa, en vísperas de la vuelta del texto a la Comisión de Justicia del Congreso la semana que viene. Que "habrá ley de amnistía", que “será "integral" para jefes y tropa, sin exclusiones, y que "lo de terrorismo no se sostiene". Como si todo eso dependiese de lo que se decida en furtivas negociaciones de dos partidos.
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Por suerte el juego institucional todavía está vivo en la España reconocida como una de las 24 democracias más avanzadas del mundo (Índice de Calidad Democrática 2023). Y en este punto el comentarista se permite una puntual referencia a Felipe VI: "la independencia judicial es la esencia del Estado de Derecho". Lo dijo la semana pasada en apoyo a un Poder Judicial desautorizado por miembros del Ejecutivo y, en sede parlamentaria, por sus aliados independentistas.
Junts sigue a la espera de canjear el apoyo a la investidura de Sánchez por la garantía de que el blanqueo político y judicial de Puigdemont completo, inequívoco, inatacable y blindado frente a los jueces "prevaricadores" del "represor" Estado español. Pero lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. como diría aquel torero sentencioso.
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El Gobierno o los grupos parlamentarios proponen. El Parlamento, dispone. Pero son los jueces quienes interpretan las leyes cuando llega el momento de aplicarlas. A la luz del principio de legalidad, claro. Y no hay retoques que valgan frente a los ineludibles muros legales de la Unión Europea.
Al respecto, dos bandas sonoras de muy distinta partitura sonaron el pasado miércoles en Barcelona. Una, la del ministro Bolaños anunciado tras su discreto encuentro con Turull (Junts) que la amnistía no dejará fuera a ningún responsable del "procés". Y otra, la del Rey, Felipe VI, recordando la condición de "jueces europeos" de quienes, en un régimen de separación de poderes, están llamados a aplicar la ley cuando salga debidamente manufacturada del telar parlamentario.
La superposición de los dos sonidos nos da la música de novela negra que ilustra un culebrón llamado a desenredarse ante el TJUE. No ante el Tribunal Constitucional, donde hoy por hoy, más allá de las etiquetas de conversadores y progresistas, una mayoría de magistrados objetarían el texto de la ley si prosperan las exigencias de Junts. Por eso rezan para que sea Europa la que paralice su aplicación por la vía de las "cuestiones prejudiciales" y no por la de los recursos de inconstitucionalidad.
Una mayoría de magistrados objetarían el texto de la ley si prosperan las exigencias de Junts
Es el generalizado y coincidente estado de opinión que percibo en distancia corta entre jueces y fiscales sobre lo que le espera a la ley de amnistía cuando llegue al BOE, si llega. Llegará, por la cuenta que les trae al prófugo y al arribista.
Más difícil será, por no decir imposible, que vea fumata blanca tal y como quieren hacerla llegar al TJUE, sin dejar a nadie fuera y declarando amnistiables conductas no amnistiables en el Código Penal y, por supuesto, en la legislación europea.
El ministro Óscar Puente es un genio sin diagnosticar. Este cráneo privilegiado apuesta por una rápida aprobación de la ley de amnistía "que quite trabajo a los jueces", evitando que las causas pendientes acaben en un indulto.
Qué frivolidad.
Se entiende la angustia del presidente del TC, Conde-Pumpido. Corre el riesgo de arruinar su prestigio en el tramo final de su carrera. Cada vez se lo ponen más difícil. Precisamente a él, como inspirador de una parte de la exposición de motivos de la ley, aunque no comparte los apaños que se están urdiendo para eludir las excepciones declaradas no amnistiables.
Es el minuto y resultado del argumentario enlatado en Moncloa, en vísperas de la vuelta del texto a la Comisión de Justicia del Congreso la semana que viene. Que "habrá ley de amnistía", que “será "integral" para jefes y tropa, sin exclusiones, y que "lo de terrorismo no se sostiene". Como si todo eso dependiese de lo que se decida en furtivas negociaciones de dos partidos.
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La superposición de los dos sonidos nos da la música de novela negra que ilustra un culebrón llamado a desenredarse ante el TJUE. No ante el Tribunal Constitucional, donde hoy por hoy, más allá de las etiquetas de conversadores y progresistas, una mayoría de magistrados objetarían el texto de la ley si prosperan las exigencias de Junts. Por eso rezan para que sea Europa la que paralice su aplicación por la vía de las "cuestiones prejudiciales" y no por la de los recursos de inconstitucionalidad.
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