La proposición de ley de amnistía pasó el filtro del Congreso en primera vuelta (178-172) y lo volverá a pasar tras su paso por el Senado. Pero no está garantizado ningún automatismo respecto al filtro de los jueces, que son los llamados a aplicarla a la luz del sagrado dogma civil de la separación de poderes.

Cuando hace unos días el presidente del Gobierno se felicitó por el furtivo acuerdo con Junts, perdió una excelente oportunidad de morderse la lengua: “La legislatura empieza ahora y a Feijóo se le va a hacer muy larga”. Pienso en la patada al tablero de Aragonès (inesperada convocatoria de elecciones en Cataluña) y también en el volquete de dudas sobre la aplicación de la ley. No tanto para cientos de encausados por aportaciones de bajo perfil al procés como para los altos dirigentes que pudieron incurrir en supuestos excluidos (terrorismo, traición y malversación).

Caso significativo es el de Puigdemont. Su futuro está en manos del Tribunal Supremo, donde se le investiga por terrorismo a la luz de la legislación europea, coincidente en lo fundamental con el Código Penal. Eso no le impide volver de su escapada si antes no es procesado, incluso podría presentarse a las elecciones autonómicas porque, a diferencia de Oriol Junqueras, no está inhabilitado ni pesa sobre él ninguna sentencia firme. Así que puede venir a España cuando quiera, sin perjuicio de que, como ocurrió con Clara Ponsatí, sea detenido para quedar a disposición judicial y puesto en libertad inmediatamente.

Afirmar que por fin va camino del BOE una ley que “no deja a nadie fuera”, como dicen quienes la respaldan, es una simpleza. No está garantizado su poder cancelador. Demasiado pronto para echar al vuelo las campanas de quienes creen tener de rodillas al Estado. Al menos en el caso de los aforados con causas abiertas en el TS y un juzgado de Barcelona.

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