Sostiene nuestro Zarzalejos (rigor, claridad, concisión, ayer en el hotel Ritz) que, a diferencia de cualquier otra consulta de ámbito autonómico, las elecciones catalanas reclaman atención preferente por su carácter “sistémico”, pues afectan al todo y no solo a una parte. Amén.
De las tres convocatorias que animarán la primavera electoral (junto a vascas y europeas), las urnas del 12 de mayo son el verdadero stress-test de la política nacional. Como el Aleph de Borges, Cataluña es el punto central de todas las encrucijadas, lugar de lugares, fibra sensible del Reino de España.
De hecho, el tablero de la política nacional se rompió tras la escaramuza catalana de los comunes (Ada Colau y su siciliana venganza por haber perdido la alcaldía de Barcelona). A pesar de estar adscritos a la causa de Sánchez, han fracturado su pedestal y han dejado al Gobierno sin presupuestos.
Sin ir más lejos, apuesten ustedes al absolutismo mediático de Puigdemont, no solo catalán, en la comparecencia pública que Junts ha anunciado para mañana. Todos los focos van a centrarse en un trapisondista de la política, huido de la Justicia, presunto delincuente, imputado por terrorismo en el Tribunal Supremo, acusado de malversación agravada y desobediencia a expensas de una amnistía que todavía va para largo.
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Dirigentes independentistas plantean la vuelta de Puigdemont como un plebiscito Antonio Fernández. Barcelona
Esta es la ficha de quien se dispone a anunciar su retorno a España y su candidatura a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 12 de mayo. Puede hacerlo. No está inhabilitado y ninguna condena firme pesa sobre él. Más allá, claro, de una eventual detención que garantice su puesta a disposición de los jueces, mientras la ley de amnistía siga en el telar parlamentario o, una vez publicada en el BOE, no pueda aplicarse por los efectos suspensivos de las llamadas cuestiones constitucionales (ante el TC) y prejudiciales (ante el TJUE).
Sobre Puigdemont pende una espada de Damocles. Su horizonte penal se complicaría con el eventual procesamiento por un delito inhabilitante y no amnistiable (artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil), como el que se está investigando en el Tribunal Supremo (terrorismo).
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La prueba de fuego de la amnistía: Sánchez se la juega con Illa Carlos Rocha
Lo demás viene sugerido en encuestas oficiales de la Generalitat (CEO). Sobre un balcanizado mapa electoral, anuncian un triunfo sobrado del candidato socialista, Salvador Illa, pero insuficiente para gobernar sin una de las dos grandes muletas nacionalistas: ERC (Aragonès) o Junts (Puigdemont). Por cercanía ideológica y por números, más verosímil es la primera. Y aquí volveríamos a las inevitables consideraciones respecto al impacto nacional de la decisión de Illa y la credibilidad de su discurso constitucionalista mientras el socio, erre que erre, insiste en sus reivindicaciones de carácter identitario.
La alternativa es peor. Un gobierno secesionista con ERC y JxCAT conjurados en la creación de la república catalana. En principio no le dan los números ni la motivación de una ciudadanía con fatiga identitaria, pero, hoy por hoy, es el escenario alternativo con más posibilidades si Illa no consiguiera formar gobierno. Con más posibilidades que el de una oferta nítidamente constitucionalista como la de un PP concertado con Ciudadanos por fusión o por integración en las listas (están en ello).
Los catalanes tienen la palabra. En la noche del 12 de mayo sabremos si apuestan por el pase de página, la reconciliación con amnistía y la “convivencia sin exclusiones” o por una vuelta a las andadas del desafío independentista contra el Estado “represor” y los partidos del 155. El primero es un mensaje potente en boca del candidato socialista. El segundo es la apuesta por un nuevo frente común del independentismo. Insinuada, pero no explícita, por si luego, en función de los números, las fronteras ideológicas borran las identitarias.
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