Atención, pregunta: ¿Cuánto tardarán las terminales mediáticas del independentismo y el oficialismo sanchista en utilizar las tractoradas del campo solo como resorte argumental contra una posible imputación de Carles Puigdemont por terrorismo en el Tribunal Supremo, al hilo de la exposición razonada que en su día le trasladó el juez García Castellón?
Mi respuesta personal e intransferible:
Los días que faltan hasta las elecciones gallegas, aunque fuera de cámara la "sanchosfera" ya juega con odiosas comparaciones sobre la aplicación de ese tipo penal ante conductas orientadas a "atentar contra la paz pública", "forzar a los poderes públicos a negociar", "intimidar a la población", "presionar indebidamente a los poderes públicos" o "desestabilizar gravemente las estructuras económicas o sociales de un país" (ojo, no solo las "políticas" e "institucionales").
Esas son las referencias del fiscal Redondo (antes de reunirse con su jefe, García Ortiz) y del juez García Castellón a lo que dicen tanto el Código Penal como la directiva europea (marzo 2017) respecto a conductas encajables en esa figura delictiva. Las que recuerdan que terrorismo no solo es el tiro en la nuca. Sepanlo quienes se malician una conjura judicial, política y mediática para evitar a toda costa que la amnistía llegue al BOE.
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Los nuevos ritos de apareamiento entre Puigdemont y Sánchez, tras el frenazo de la ley en el pleno del Congreso del 30 de enero (devolución del dictamen a la Comisión de Justicia), ya carecen de recorrido. Con la europeización del culebrón, el prófugo y el arribista han perdido capacidad de maniobra en el blanqueamiento judicial y político del expresidente de la Generalitat, aunque eso no supone que la amnistía acabe en el congelador.
Mala noticia para los generales, buena para cientos de soldados no concernidos en ninguno de los supuestos no amnistiables (terrorismo, traición y malversación de fondos públicos) que el PSOE mantiene por no ponerselo más difícil al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
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Los planes de la Moncloa han encallado en las barreras legales de la UE. Todos los actores del culebrón ya cruzan sus miradas con Europa, tras los pronunciamientos de Bruselas. A saber: reiteradas advertencias de la Comisión, la reciente moción del Parlamento Europeo denunciando la conexión rusa del "proces" (se insta a investigar la posible responsabilidad de Puigdemont), así como la tramitación en Comisión de Justicia de una directiva que prohíba las amnistías por malversación de fondos públicos.
Y, en fin, el también reciente paso por una delegación de la llamada Comisión de Venecia (Consejo de Europa) con un volquete de preguntas al Gobierno y a los grupos parlamentarios sobre la gestación de una iniciativa legislativa de discutible y discutido encaje en los marcos legales españoles que, al fin y al cabo, se subordinar a los europeos.
Todo ello se mueve por ahora en el campo de las decisiones no vinculantes. Pero han creado estados de opinión en los que gana terreno la valoración de la amnistía como posible tumba política de Sánchez ante las cada vez más visibles grietas institucionales por cuenta de los planes urdidos en furtivas negociaciones del oficialismo sanchista con JuntsxCat.
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En la judicatura es lugar común que, si la amnistía descarrila, al menos parcialmente, no será por los recursos ante el TC sino por las cuestiones prejudiciales ante el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Y Beatriz Parera ya nos contaba ayer que hasta el propio Puigdemont piensa objetar ante los jueces europeos la competencia del TS para imputarle.
Significa que ya se ha hecho a la idea de que se ha puesto muy difícil su retorno triunfal a Cataluña en virtud de la investidura de Sánchez que en su día canjeo anticipadamente por el prometido olvido de su extravagante golpista de 2017.
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