De nuevo, arde la Moncloa. Malditos jueces, malditos fachas, tan insensibles al interés general. Y ahora, malditos fiscales, que se escudan en los principios de legalidad y seguridad jurídica como excusa para boicotear la “política del reencuentro”.
En cuanto se conoció ayer tarde el desenlace no vinculante de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, contrario a las tesis judiciales del ministerio público y los planes políticos de Pedro Sánchez en relación con la amnistía, la frase se hizo viral entre miembros de la judicatura: “Cada vez se lo están poniendo más difícil a Conde-Pumpido”.
Aun así, entre jueces y magistrados sigue siendo mayoritaria la opinión de que no será el Tribunal Constitucional sino el TJUE (la legislación europea prima sobre la del país miembro) el que acabe dejando la ley en papel mojado. Al menos para quienes queden judicialmente señalados por terrorismo, traición o malversación de fondos públicos.
La admonición de Sánchez (“Todos los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas, y así lo han dicho hasta los fiscales”) tiene las patas cortas, aunque ahora el Gobierno se remita a la voluntad del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Es quien tiene la última palabra en una institución que actúa con unidad de criterio y dependencia jerárquica.
La junta de fiscales del Supremo, a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo
Todo invita a pensar que, por inspiración del Gobierno, en estado de necesidad ante los apremios de Puigdemont, García Ortiz piensa ejercer el ordeno y mando tras la decisión de sus subordinados, que ayer desautorizaron a sus colegas de la AN y el TS, cuyos respectivos escritos negaban supuestos delictivos encajables en el tipo penal de terrorismo.
La junta ha tumbado esos escritos con una contundente mayoría. A la luz de las definiciones obrantes en el Código Penal español y las directivas de la Unión Europea, donde el tiro en la nuca no agota lo que dice el ordenamiento jurídico vigente. Entienden los fiscales del Supremo que sí hubo conductas encajables en terrorismo (12 a tres) y que el aforado Puigdemont es imputable por los mismos delitos (11 a cuatro).
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Moncloa fuerza la ley para proteger a Puigdemont, pero le deja más expuesto a los jueces Beatriz Parera Pablo Gabilondo
Todo lo cual vuelve a poner en solfa la intención de amnistiar a quienes otrora delinquieron para conseguir la secesión de Cataluña. Intención canjeable en su día por los siete votos de Junts que sirvieron para prolongar cuatro años más de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Pero justo en este punto nos sale al paso la memoria fresca de otra admonición. La de Yolanda Díaz: “Así no se puede gobernar”.
El desahogo de la vicepresidenta me invita a insistir: antes o después, la política nacional va a recuperar la cordura, en clave de retorno a la centralidad. Con otros protagonistas, claro. Moreno Bonilla y Juan Lobato, por decir algo visionario pero compatible con ese trazo de un próximo futuro.
Gamarra: ''Lo que exigimos al Gobierno es que respete las resoluciones de la Junta de Fiscales''
Y entonces miraremos con espanto por el retrovisor a lo que habremos dejado atrás. Nada menos que una época en la que la seguridad jurídica fue una hoja volandera, la gobernabilidad del Estado dependía de quienes querían reventarlo y, en fin, el futuro de España estaba en manos de un arribista y de un prófugo de la Justicia.
Cada una de las vigas maestras de la arquitectura constitucional parece a punto de partirse en dos. Por culpa de una proposición de ley de amnistía que, dicho sea de paso, ha sido rechazada en primera instancia por el Congreso. Y es que las fuerzas de rozamiento impiden la natural cooperación entre los tres poderes del Estado, con el poder judicial acorralado por el Gobierno mientras que, a su vez, el mismo Gobierno se asienta en una ecuación fracturada.
La simple mirada al escenario, que no genera opinión, sino reseña descriptiva, recuerda la inmovilización del caos retratada en el famoso cuadro Explosión en una catedral (siglo XVII), que inspiró a los surrealistas del siglo XX. Esperemos que no nos alcance la fuerza metafórica de esa lúgubre pintura.
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Aun así, entre jueces y magistrados sigue siendo mayoritaria la opinión de que no será el Tribunal Constitucional sino el TJUE (la legislación europea prima sobre la del país miembro) el que acabe dejando la ley en papel mojado. Al menos para quienes queden judicialmente señalados por terrorismo, traición o malversación de fondos públicos.
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