En 2004, el año de la gran ampliación de la Unión Europea hacia el Este (entraron de una tacada Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa), el PIB per cápita de España equivalía al 98% de la media de la UE en paridad de poder de compra, lo que permite hacer comparaciones homogéneas. En 2022, casi dos décadas después, representa el 85% de la media de la Unión Europea. Es decir, en apenas 18 años España ha perdido 13 puntos de riqueza relativa respecto del conjunto de los 27.
La comparación es todavía más significativa si se tiene en cuenta que la situación de partida de los nuevos miembros era peor. Ninguna de las nuevas incorporaciones superaba por aquel entonces el PIB per cápita de España. Hoy, sin embargo, Malta, Eslovenia, Chipre, República Checa, Lituania y Estonia tienen una riqueza relativa más elevada. Es más, Polonia y Hungría están ya cerca de España y es probable que en los próximos años nos superen.
La causa de tan pobre desempeño de la economía es evidente. El PIB de España, con un aumento de la población creciente (desde entonces la población residente —españoles y extranjeros— se ha incrementado en cinco millones de personas), creció entre 2005 y 2014 apenas un 0,5% de media anual (tres décimas menos que la eurozona y un punto por debajo de las economías avanzadas). Los años posteriores han sido algo mejores. Entre 2015 y 2022, una vez superada la crisis financiera, aunque ya con los efectos de la pandemia, el avance del PIB se ha situado de media anual en el 1,9%, pero a todas luces insuficiente para acortar distancias y lograr la convergencia real en poder adquisitivo, un objetivo que hoy, a corto y medio plazo, puede considerarse inalcanzable.
En apenas 18 años, España ha perdido 13 puntos de riqueza relativa respecto del conjunto de los 27, hasta caer al 85% de la media
Culpar a la ampliación de la pérdida de riqueza relativa de España sería, además de absurdo, injusto. Pero también sería poco riguroso obviar los efectos que ha tenido para la economía española la incorporación de nuevos miembros.
Es en este contexto en el que el reciente Consejo Europeo ha lanzado una nueva tanda de ampliaciones que afectará a países como Ucrania, Moldavia, Bosnia Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte y lo que la UE llama Balcanes Occidentales. El caso de Turquía es más complejo y por el momento ni está ni se la espera.
Una realidad indiscutible
No es ningún secreto que la ampliación de la UE en 2004 se produjo en paralelo a la incorporación de nuevos miembros a la OTAN, y, de hecho, es lo que está en el origen de muchos de los problemas actuales en el plano geopolítico. Aquel año entraron en la alianza atlántica Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, lo que refleja una realidad indiscutible: las ampliaciones en la UE están íntimamente ligadas a la geopolítica internacional. De hecho, no se puede interpretar una sin la otra.
Tampoco es ningún secreto —se admitía por entonces en reuniones privadas— que el cambio de opinión del PSOE de Felipe González sobre la OTAN tuvo que ver con la incorporación de España a la CEE, que formalmente se produjo el mismo año del referéndum. O España permanecía en la alianza atlántica o hubiera tenido muchas más dificultades para la adhesión.
No puede extrañar, por lo tanto, que la primera parte de las conclusiones del reciente Consejo Europeo se dedique a denunciar la agresión de Rusia a la soberanía territorial de Ucrania, mientras que la segunda explica los avances en la ampliación hacia países como Ucrania, Moldavia y Georgia, claves en la estrategia de expansión de la OTAN hacia el Este.
Detrás de estilos movimientos telúricos en las relaciones internacionales, hay una primera evidencia. Los intereses estratégicos de España se juegan fuera de nuestras fronteras. Y para llegar a esta conclusión solo hay que observar lo que ha sucedido desde 2004, el año de ambas ampliaciones: pérdida de nuestra riqueza relativa, tanto por causas coyunturales como estructurales. En particular, por los escasos avances de la productividad, por la falta de adecuación a una realidad distinta de la arquitectura institucional del país o por la existencia de una política de prioridades de la inversión pública equivocada, favoreciendo la alta velocidad frente a la creación de corredores de transporte que acercaran a España, un país situado en la periferia de Europa, a los nuevos centros de poder.
Culpar a la ampliación de la pérdida de riqueza relativa de España sería absurdo, pero también sería poco riguroso obviar sus efectos
En aquel momento, año 2004 y siguientes, nunca hubo un debate intenso en la política española sobre lo que se le venía encima con la ampliación. Probablemente, por la indolente agenda política, que tiende de manera irresponsable a ningunear los asuntos de fondo; mientras que, por el contrario, se entretiene con vanas polémicas o asuntos de menor importancia que, 24 o 48 horas después, desaparecen y son sustituidos por otros de todavía menor trascendencia. El resultado es conocido. Fue la UE la que salvó a España de la quiebra con la ayuda financiera tras la crisis de 2008 y fue también la UE la que tuvo que socorrernos en 2021 con los fondos Next Generation. Sin ambas contribuciones, el PIB per cápita de España estaría todavía más retrasado.
Fiscalizar al Gobierno
Es evidente que corresponde al Gobierno, aunque también al parlamento, que constitucionalmente también dispone de iniciativa legislativa, priorizar la agenda pública, pero también a la oposición, precisamente porque su función principal es fiscalizar al Ejecutivo e identificar los espacios que la acción de gobierno deja desasistidos. Ni el Gobierno, ni el parlamento, ni la oposición, lo han conseguido.
El hecho de que Pedro Sánchez vaya a Bruselas sin un debate previo sobre el orden del día del Consejo de Europa, dice muy poco en favor del parlamento, que despreciando su autonomía, ahora que tanto se habla de forma hueca sobre la separación de poderes, omite su propia opinión y solo la da a posteriori, y no siempre, sobre asuntos trascendentales. Tampoco la oposición parece preocuparse mucho. Enfangada hasta el ridículo en cómo desgastar al Gobierno con frases grandilocuentes a causa de la amnistía y de otras cuestiones territoriales, es inane a la hora de abordar cuestiones de fondo que afectarán de manera intensa al nivel de vida de varias generaciones de españoles. Y solo hay que observar con cierta atención lo que ha sucedido desde 2004.
España abrazará ambas ampliaciones, en particular la de la UE, de forma sumisa, sin un debate previo sobre sus consecuencias
Lo singular, como unos y otros saben, y así se reconoce en las conclusiones del Consejo Europeo, es que en un contexto de inestabilidad mundial, competencia estratégica y serias amenazas en materia de seguridad, se opte por orillar las cuestiones de fondo creando una política de hechos consumados. El resultado es que España abrazará ambas ampliaciones, en particular la de la Unión Europea, de forma sumisa, sin un debate previo sobre las consecuencias que tendrá para la industria nacional, para la agricultura o para cualquier otro sector de actividad económica del que dependen cientos de miles de empleos, aunque no solo.
A modo de aperitivo, basta recordar que la Comisión Europea ha propuesto aumentar su presupuesto en 66.000 millones de euros, casi el doble de lo que España se gasta en financiar la deuda pública, de los que a este país corresponden más de 5.500 millones de euros. Alrededor de la cuarta parte del total, unos 17.000 millones, irán a Ucrania y la segunda partida son otros 19.000 millones destinados a financiar los costes del endeudamiento adicional que han traído fondos Next Generation. Tampoco parece que haya un debate sosegado sobre ello. Parece más importante la última bravuconada de un dirigente político.
¿De verdad que la ampliación de la Unión Europea hacia el Este es menos importante que quién será alcalde en Pamplona?
Lo cierto, sin embargo, es que la ampliación y, en paralelo, la integración, provocará un desplazamiento de los centros de poder hacia el Este. Entre otras razones, porque necesariamente exigirá una reforma de la arquitectura institucional de la UE, hoy todavía construida sobre la regla de la unanimidad, que en muchas ocasiones se ha demostrado poco operativa. No serán gratis esas decisiones. El nuevo sistema de mayorías cualificadas —que, con toda seguridad, llegará; de lo contrario, la ampliación podría colapsar el funcionamiento de la propia UE, aunque no de forma inminente— dejará a España en una posición más débil en la toma de decisiones y, por lo tanto, se trata de un asunto capital que hoy está fuera del debate público.
Como la influencia que tendrá la libertad de movimientos de las personas sobre el mercado laboral y, en particular, sobre los salarios o los nuevos destinos de la inversión extranjera hacia países con mayor potencial de crecimiento. Sin contar con la propia pérdida de relevancia política al diluirse el poder entre más estados. ¿De verdad, todo esto es menos importante que quién será alcalde en Pamplona? ¿No merece, al menos, ahora que tanto se habla de ellas, una comisión permanente en el Congreso para estudiar cómo afectará la ampliación a nuestro sistema productivo?
En 2004, el año de la gran ampliación de la Unión Europea hacia el Este (entraron de una tacada Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa), el PIB per cápita de España equivalía al 98% de la media de la UE en paridad de poder de compra, lo que permite hacer comparaciones homogéneas. En 2022, casi dos décadas después, representa el 85% de la media de la Unión Europea. Es decir, en apenas 18 años España ha perdido 13 puntos de riqueza relativa respecto del conjunto de los 27.
La comparación es todavía más significativa si se tiene en cuenta que la situación de partida de los nuevos miembros era peor. Ninguna de las nuevas incorporaciones superaba por aquel entonces el PIB per cápita de España. Hoy, sin embargo, Malta, Eslovenia, Chipre, República Checa, Lituania y Estonia tienen una riqueza relativa más elevada. Es más, Polonia y Hungría están ya cerca de España y es probable que en los próximos años nos superen.
La causa de tan pobre desempeño de la economía es evidente. El PIB de España, con un aumento de la población creciente (desde entonces la población residente —españoles y extranjeros— se ha incrementado en cinco millones de personas), creció entre 2005 y 2014 apenas un 0,5% de media anual (tres décimas menos que la eurozona y un punto por debajo de las economías avanzadas). Los años posteriores han sido algo mejores. Entre 2015 y 2022, una vez superada la crisis financiera, aunque ya con los efectos de la pandemia, el avance del PIB se ha situado de media anual en el 1,9%, pero a todas luces insuficiente para acortar distancias y lograr la convergencia real en poder adquisitivo, un objetivo que hoy, a corto y medio plazo, puede considerarse inalcanzable.
En apenas 18 años, España ha perdido 13 puntos de riqueza relativa respecto del conjunto de los 27, hasta caer al 85% de la media
Culpar a la ampliación de la pérdida de riqueza relativa de España sería, además de absurdo, injusto. Pero también sería poco riguroso obviar los efectos que ha tenido para la economía española la incorporación de nuevos miembros.
Es en este contexto en el que el reciente Consejo Europeo ha lanzado una nueva tanda de ampliaciones que afectará a países como Ucrania, Moldavia, Bosnia Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte y lo que la UE llama Balcanes Occidentales. El caso de Turquía es más complejo y por el momento ni está ni se la espera.
No es ningún secreto que la ampliación de la UE en 2004 se produjo en paralelo a la incorporación de nuevos miembros a la OTAN, y, de hecho, es lo que está en el origen de muchos de los problemas actuales en el plano geopolítico. Aquel año entraron en la alianza atlántica Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, lo que refleja una realidad indiscutible: las ampliaciones en la UE están íntimamente ligadas a la geopolítica internacional. De hecho, no se puede interpretar una sin la otra.
Tampoco es ningún secreto —se admitía por entonces en reuniones privadas— que el cambio de opinión del PSOE de Felipe González sobre la OTAN tuvo que ver con la incorporación de España a la CEE, que formalmente se produjo el mismo año del referéndum. O España permanecía en la alianza atlántica o hubiera tenido muchas más dificultades para la adhesión.
No puede extrañar, por lo tanto, que la primera parte de las conclusiones del reciente Consejo Europeo se dedique a denunciar la agresión de Rusia a la soberanía territorial de Ucrania, mientras que la segunda explica los avances en la ampliación hacia países como Ucrania, Moldavia y Georgia, claves en la estrategia de expansión de la OTAN hacia el Este.
Detrás de estilos movimientos telúricos en las relaciones internacionales, hay una primera evidencia. Los intereses estratégicos de España se juegan fuera de nuestras fronteras. Y para llegar a esta conclusión solo hay que observar lo que ha sucedido desde 2004, el año de ambas ampliaciones: pérdida de nuestra riqueza relativa, tanto por causas coyunturales como estructurales. En particular, por los escasos avances de la productividad, por la falta de adecuación a una realidad distinta de la arquitectura institucional del país o por la existencia de una política de prioridades de la inversión pública equivocada, favoreciendo la alta velocidad frente a la creación de corredores de transporte que acercaran a España, un país situado en la periferia de Europa, a los nuevos centros de poder.
Culpar a la ampliación de la pérdida de riqueza relativa de España sería absurdo, pero también sería poco riguroso obviar sus efectos
En aquel momento, año 2004 y siguientes, nunca hubo un debate intenso en la política española sobre lo que se le venía encima con la ampliación. Probablemente, por la indolente agenda política, que tiende de manera irresponsable a ningunear los asuntos de fondo; mientras que, por el contrario, se entretiene con vanas polémicas o asuntos de menor importancia que, 24 o 48 horas después, desaparecen y son sustituidos por otros de todavía menor trascendencia. El resultado es conocido. Fue la UE la que salvó a España de la quiebra con la ayuda financiera tras la crisis de 2008 y fue también la UE la que tuvo que socorrernos en 2021 con los fondos Next Generation. Sin ambas contribuciones, el PIB per cápita de España estaría todavía más retrasado.
Es evidente que corresponde al Gobierno, aunque también al parlamento, que constitucionalmente también dispone de iniciativa legislativa, priorizar la agenda pública, pero también a la oposición, precisamente porque su función principal es fiscalizar al Ejecutivo e identificar los espacios que la acción de gobierno deja desasistidos. Ni el Gobierno, ni el parlamento, ni la oposición, lo han conseguido.
El hecho de que Pedro Sánchez vaya a Bruselas sin un debate previo sobre el orden del día del Consejo de Europa, dice muy poco en favor del parlamento, que despreciando su autonomía, ahora que tanto se habla de forma hueca sobre la separación de poderes, omite su propia opinión y solo la da a posteriori, y no siempre, sobre asuntos trascendentales. Tampoco la oposición parece preocuparse mucho. Enfangada hasta el ridículo en cómo desgastar al Gobierno con frases grandilocuentes a causa de la amnistía y de otras cuestiones territoriales, es inane a la hora de abordar cuestiones de fondo que afectarán de manera intensa al nivel de vida de varias generaciones de españoles. Y solo hay que observar con cierta atención lo que ha sucedido desde 2004.
España abrazará ambas ampliaciones, en particular la de la UE, de forma sumisa, sin un debate previo sobre sus consecuencias
Lo singular, como unos y otros saben, y así se reconoce en las conclusiones del Consejo Europeo, es que en un contexto de inestabilidad mundial, competencia estratégica y serias amenazas en materia de seguridad, se opte por orillar las cuestiones de fondo creando una política de hechos consumados. El resultado es que España abrazará ambas ampliaciones, en particular la de la Unión Europea, de forma sumisa, sin un debate previo sobre las consecuencias que tendrá para la industria nacional, para la agricultura o para cualquier otro sector de actividad económica del que dependen cientos de miles de empleos, aunque no solo.
A modo de aperitivo, basta recordar que la Comisión Europea ha propuesto aumentar su presupuesto en 66.000 millones de euros, casi el doble de lo que España se gasta en financiar la deuda pública, de los que a este país corresponden más de 5.500 millones de euros. Alrededor de la cuarta parte del total, unos 17.000 millones, irán a Ucrania y la segunda partida son otros 19.000 millones destinados a financiar los costes del endeudamiento adicional que han traído fondos Next Generation. Tampoco parece que haya un debate sosegado sobre ello. Parece más importante la última bravuconada de un dirigente político.
¿De verdad que la ampliación de la Unión Europea hacia el Este es menos importante que quién será alcalde en Pamplona?
Lo cierto, sin embargo, es que la ampliación y, en paralelo, la integración, provocará un desplazamiento de los centros de poder hacia el Este. Entre otras razones, porque necesariamente exigirá una reforma de la arquitectura institucional de la UE, hoy todavía construida sobre la regla de la unanimidad, que en muchas ocasiones se ha demostrado poco operativa. No serán gratis esas decisiones. El nuevo sistema de mayorías cualificadas —que, con toda seguridad, llegará; de lo contrario, la ampliación podría colapsar el funcionamiento de la propia UE, aunque no de forma inminente— dejará a España en una posición más débil en la toma de decisiones y, por lo tanto, se trata de un asunto capital que hoy está fuera del debate público.
Como la influencia que tendrá la libertad de movimientos de las personas sobre el mercado laboral y, en particular, sobre los salarios o los nuevos destinos de la inversión extranjera hacia países con mayor potencial de crecimiento. Sin contar con la propia pérdida de relevancia política al diluirse el poder entre más estados. ¿De verdad, todo esto es menos importante que quién será alcalde en Pamplona? ¿No merece, al menos, ahora que tanto se habla de ellas, una comisión permanente en el Congreso para estudiar cómo afectará la ampliación a nuestro sistema productivo?
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