Ha tomado posesión Carmen Calvo de su último gran cargo de la vida política, el que la aúpa como veleta del campanario, en lo más alto del templo institucional. Ya es oficialmente la nueva presidenta del Consejo de Estado tras acreditar sobradamente que está preparada para cumplir con lo que se le ha exigido, que su criterio jurídico sobre la amnistía pueda adaptarse a lo que se le pida. Lo otro, la acreditación como “jurista de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado”, que es lo que marca la ley, podría haberlo sorteado con su formación en Derecho Constitucional y, sobre todo, con su dilatada vida política, pero la exigencia de quien la nombra, el presidente Pedro Sánchez, era otra distinta: que variase su opinión contraria a la amnistía. Quizá por eso no ha sido ella la primera opción, sino que llega al cargo por la invalidación del anterior nombramiento, el de Magdalena Valerio. ¿Y era necesario que Carmen Calvo se sometiera a este descrédito público? Esa es la cuestión, porque hay decisiones en su vida política en las que Carmen Calvo ha demostrado que su criterio es insobornable, aunque haya podido costarle el cargo.
Tenemos un claro ejemplo: jamás transige en todo aquello que tenga que ver con su defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, del feminismo que ella entiende y pelea, pero no ocurre igual con otros principios constitucionales como la igualdad ante la ley de todos los españoles, como pasa con la amnistía. Y eso es lo que más nos cuesta entender, cómo una persona como ella, a sus 66 años, se presta a una operación tan bochornosa. No se entiende que, justo ahora que se valora su prestigio como jurista para un puesto que tiene “en el centro de sus preocupaciones la lealtad constitucional”, Carmen Calvo se deprecie a sí misma con una manipulación tan obscena del concepto de amnistía en la Constitución española. En todo caso, su orden de prioridad queda claro: por su concepto del feminismo, contrario a los derechos de las personas trans, sí fue capaz de romper la disciplina de voto que le impone el PSOE, pero para aquello que atenta contra la Constitución, no le ha importado cambiar el voto y el discurso.
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La toma de posesión se produjo ayer y, aunque no estaba previsto así, el destino inescrutable de esta legislatura ha querido que haya tenido lugar un día antes de que la ley de amnistía encauce, definitivamente, su aprobación en el Congreso de los Diputados. En circunstancias similares, ante la misma Comisión de Justicia del Congreso, Carmen Calvo se pronunció en contra de la amnistía cuando la plantearon los independentistas en 2021 y al presidente Sánchez no le hacían falta sus votos para mantenerse en el Gobierno. Lo que Carmen Calvo dijo entonces, se ha repetido mucho estos días: "Una amnistía no es una opción en un Estado constitucional y democrático, ya que implicaría la abolición efectiva de uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial".
Ahora, con una pretendida soberbia intelectual que lo empeora todo, asegura sin pestañear que no ha cambiado de opinión cuando afirma que “la amnistía está prevista en cualquier democracia y también en la nuestra, y es distinta al indulto generalizado, que era lo que planteaba el independentismo, y que sí es inconstitucional. El indulto generalizado es el que está prohibido por la Constitución y era un ataque al Poder Judicial". A ver, esa distinción entre ‘indulto generalizado’ y ‘amnistía’ no existe en este debate. Nada de lo que dice se sostiene y es muy fácil de demostrar. Basta con repasar la proposición de ley presentada por los independentistas en 2021 y la presentada por el PSOE en 2023. En lo único que presentan diferencias sustanciales es en el prólogo, más agresivo el de los independentistas y más azucarado el de los socialistas. Lo demás, es simetría jurídica pura. Vamos a la literalidad:
-Artículo primero de la ley de 2021: “Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa”.
-Artículo primero de 2023: “Quedan amnistiados los siguientes actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable (…)”.
Las dos proposiciones hablan de amnistía y van dirigidas a las mismas personas; interpretar que una de ellas es un indulto general y la otra una amnistía constitucional, es una manipulación, tan burda y retorcida, que ni siquiera merece la pena profundizar más. De hecho, la ley con la que el PSOE ‘paga’ sus votos a los independentistas se diferencia de la primera en que es más amplia y ambiciosa que la anterior. Interpretar que lo primero persigue un indulto general y lo segundo es una amnistía constitucional solo puede explicarse dentro del patetismo de quien ha perdido todo el pudor, personal y profesional, y le importa un bledo lo que se diga de ella.
Esa capacidad de aislamiento, o de ensimismamiento, no es nueva, además, en Carmen Calvo. La mejor anécdota que se puede contar al respecto la contó una vez el cantante Kiko Veneno. En la etapa de Carmen Calvo como consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, el cantante le solicitó una entrevista para hablarle de un proyecto artístico que tenía sobre la obra poética de Rafael Alberti. Tras varias gestiones, Carmen Calvo se decidió a recibirlo, le puso fecha y hora a la reunión y allí que acudió Kiko Veneno con su proyecto bajo el brazo. Pero la reunión no transcurrió como esperaba. Se abrió la puerta del despacho, la consejera acudió solícita, con una sonrisa, la mano extendida, y le pidió, amable, que pasara. Se sentaron y Carmen Calvo comenzó a hablar y a hablar. “’¡Estuvo una hora hablando ella sola! ¡No me dejó decir ni dos frases!” Al cabo del tiempo, un propio llamó a la puerta para recordarles que el tiempo había pasado, que ya esperaban a la consejera en otra reunión. “Ese día comprendí muchísimo de lo que pasaba. Ellos ocupan el poder para impermeabilizarse y no escuchar a nadie, cuando la obligación de los políticos de todos los partidos es escuchar a la gente”, añadía Kiko Veneno en aquella entrevista, a mi compañera Silvia Moreno.
Pues bien, Carmen Calvo acaba de impermeabilizarse otra vez más para ocupar un nuevo cargo de poder, de alto poder, la presidencia del Consejo de Estado. Es el broche dorado a treinta y cuatro años de una carrera política que se inició en 1990, tres años después de doctorarse en Derecho Constitucional, primero en cargos provinciales, luego autonómicos y, finalmente, estatales, en dos gobiernos socialistas, el de Rodríguez Zapatero y el de Pedro Sánchez, con el que fue vicepresidenta primera y su más estrecha defensora. Son muchas las tempestades en esos años. Y nadie navega tanto en política sin la cualidad de veleta acreditada por Carmen Calvo, sin rubor, en este último cargo que ya disfruta.
Ha tomado posesión Carmen Calvo de su último gran cargo de la vida política, el que la aúpa como veleta del campanario, en lo más alto del templo institucional. Ya es oficialmente la nueva presidenta del Consejo de Estado tras acreditar sobradamente que está preparada para cumplir con lo que se le ha exigido, que su criterio jurídico sobre la amnistía pueda adaptarse a lo que se le pida. Lo otro, la acreditación como “jurista de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado”, que es lo que marca la ley, podría haberlo sorteado con su formación en Derecho Constitucional y, sobre todo, con su dilatada vida política, pero la exigencia de quien la nombra, el presidente Pedro Sánchez, era otra distinta: que variase su opinión contraria a la amnistía. Quizá por eso no ha sido ella la primera opción, sino que llega al cargo por la invalidación del anterior nombramiento, el de Magdalena Valerio. ¿Y era necesario que Carmen Calvo se sometiera a este descrédito público? Esa es la cuestión, porque hay decisiones en su vida política en las que Carmen Calvo ha demostrado que su criterio es insobornable, aunque haya podido costarle el cargo.
Tenemos un claro ejemplo: jamás transige en todo aquello que tenga que ver con su defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, del feminismo que ella entiende y pelea, pero no ocurre igual con otros principios constitucionales como la igualdad ante la ley de todos los españoles, como pasa con la amnistía. Y eso es lo que más nos cuesta entender, cómo una persona como ella, a sus 66 años, se presta a una operación tan bochornosa. No se entiende que, justo ahora que se valora su prestigio como jurista para un puesto que tiene “en el centro de sus preocupaciones la lealtad constitucional”, Carmen Calvo se deprecie a sí misma con una manipulación tan obscena del concepto de amnistía en la Constitución española. En todo caso, su orden de prioridad queda claro: por su concepto del feminismo, contrario a los derechos de las personas trans, sí fue capaz de romper la disciplina de voto que le impone el PSOE, pero para aquello que atenta contra la Constitución, no le ha importado cambiar el voto y el discurso.
La toma de posesión se produjo ayer y, aunque no estaba previsto así, el destino inescrutable de esta legislatura ha querido que haya tenido lugar un día antes de que la ley de amnistía encauce, definitivamente, su aprobación en el Congreso de los Diputados. En circunstancias similares, ante la misma Comisión de Justicia del Congreso, Carmen Calvo se pronunció en contra de la amnistía cuando la plantearon los independentistas en 2021 y al presidente Sánchez no le hacían falta sus votos para mantenerse en el Gobierno. Lo que Carmen Calvo dijo entonces, se ha repetido mucho estos días: "Una amnistía no es una opción en un Estado constitucional y democrático, ya que implicaría la abolición efectiva de uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial".
Ahora, con una pretendida soberbia intelectual que lo empeora todo, asegura sin pestañear que no ha cambiado de opinión cuando afirma que “la amnistía está prevista en cualquier democracia y también en la nuestra, y es distinta al indulto generalizado, que era lo que planteaba el independentismo, y que sí es inconstitucional. El indulto generalizado es el que está prohibido por la Constitución y era un ataque al Poder Judicial". A ver, esa distinción entre ‘indulto generalizado’ y ‘amnistía’ no existe en este debate. Nada de lo que dice se sostiene y es muy fácil de demostrar. Basta con repasar la proposición de ley presentada por los independentistas en 2021 y la presentada por el PSOE en 2023. En lo único que presentan diferencias sustanciales es en el prólogo, más agresivo el de los independentistas y más azucarado el de los socialistas. Lo demás, es simetría jurídica pura. Vamos a la literalidad:
-Artículo primero de la ley de 2021: “Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa”.
-Artículo primero de 2023: “Quedan amnistiados los siguientes actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable (…)”.
Las dos proposiciones hablan de amnistía y van dirigidas a las mismas personas; interpretar que una de ellas es un indulto general y la otra una amnistía constitucional, es una manipulación, tan burda y retorcida, que ni siquiera merece la pena profundizar más. De hecho, la ley con la que el PSOE ‘paga’ sus votos a los independentistas se diferencia de la primera en que es más amplia y ambiciosa que la anterior. Interpretar que lo primero persigue un indulto general y lo segundo es una amnistía constitucional solo puede explicarse dentro del patetismo de quien ha perdido todo el pudor, personal y profesional, y le importa un bledo lo que se diga de ella.
Esa capacidad de aislamiento, o de ensimismamiento, no es nueva, además, en Carmen Calvo. La mejor anécdota que se puede contar al respecto la contó una vez el cantante Kiko Veneno. En la etapa de Carmen Calvo como consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, el cantante le solicitó una entrevista para hablarle de un proyecto artístico que tenía sobre la obra poética de Rafael Alberti. Tras varias gestiones, Carmen Calvo se decidió a recibirlo, le puso fecha y hora a la reunión y allí que acudió Kiko Veneno con su proyecto bajo el brazo. Pero la reunión no transcurrió como esperaba. Se abrió la puerta del despacho, la consejera acudió solícita, con una sonrisa, la mano extendida, y le pidió, amable, que pasara. Se sentaron y Carmen Calvo comenzó a hablar y a hablar. “’¡Estuvo una hora hablando ella sola! ¡No me dejó decir ni dos frases!” Al cabo del tiempo, un propio llamó a la puerta para recordarles que el tiempo había pasado, que ya esperaban a la consejera en otra reunión. “Ese día comprendí muchísimo de lo que pasaba. Ellos ocupan el poder para impermeabilizarse y no escuchar a nadie, cuando la obligación de los políticos de todos los partidos es escuchar a la gente”, añadía Kiko Veneno en aquella entrevista, a mi compañera Silvia Moreno.
Pues bien, Carmen Calvo acaba de impermeabilizarse otra vez más para ocupar un nuevo cargo de poder, de alto poder, la presidencia del Consejo de Estado. Es el broche dorado a treinta y cuatro años de una carrera política que se inició en 1990, tres años después de doctorarse en Derecho Constitucional, primero en cargos provinciales, luego autonómicos y, finalmente, estatales, en dos gobiernos socialistas, el de Rodríguez Zapatero y el de Pedro Sánchez, con el que fue vicepresidenta primera y su más estrecha defensora. Son muchas las tempestades en esos años. Y nadie navega tanto en política sin la cualidad de veleta acreditada por Carmen Calvo, sin rubor, en este último cargo que ya disfruta.
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