En política, existen los aciertos extravagantes. Lo acabamos de ver en España, con la táctica empleada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para salirse del barro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años caducado. No había forma de que le encontraran salida a la espiral en la que se habían enredado los populares, pese a la sutil sospecha de que ha sido el propio líder socialista, Pedro Sánchez, quien movía los hilos de la tela de araña en la que estaban atrapados como moscas.
Alimentar el discurso de la radicalidad del PP es tan valioso como el nombramiento de vocales. Tanto que, tras cinco años de bloqueo, los populares no podían sostener más tiempo la acusación, ya generalizada, del incumplimiento de la Constitución. Hasta en la Unión Europea se había extendido la denuncia contra el Partido Popular, lo cual no deja de constituir una prueba más de la insólita habilidad del PSOE para que sus escándalos judiciales pasen desapercibidos mientras que se amplifican las torpezas de su adversario político. Con lo cual, aunque podamos pensar que existen urgencias mayores en este momento y que no es la renovación del Poder Judicial lo que amenaza la separación de poderes en España; pese a todo ello, el Partido Popular estaba urgido a encontrarle una solución al embrollo y ha aportado esta salida extravagante y acertada de sentarse a negociar con el Partido Socialista con un mediador europeo como intermediario entre ambos.
La táctica es acertada, porque logra introducir en las negociaciones a una tercera persona que representa las exigencias de respeto a la independencia del poder judicial que defiende la Unión Europea, y es extravagante, porque se parece demasiado a lo que le ha exigido el fugado Puigdemont al presidente Pedro Sánchez para seguir apoyándolo en la legislatura. Cómo asumir que el Partido Popular, que tanto critica la humillación de negociar con un relator internacional, solicite ahora un mediador europeo para reunirse con el PSOE. Todo esto, es verdad, se parece demasiado a uno de los habituales tiros en el pie con los que se autolesionan los dirigentes de la derecha española, pero no es, en absoluto, nada que se parezca a los intermediarios que exigen los independentistas. Es más, el error del Partido Popular consiste en no saber explicar, ni envolver adecuadamente, el significado de ese modelo de reuniones entre los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, y un representante de la Unión Europea.
Los populares, por ejemplo, podrían haber vinculado sus exigencias con la visita que realizó a España el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el pasado mes de septiembre. En esa visita, fue el propio comisario europeo quien afirmó que el motivo de su viaje a España era propiciar un acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Cuando llegó a España, acababa de fracasar la investidura de Alberto Núñez Feijóo y todavía faltaba un mes para que Pedro Sánchez fuera reelegido presidente. Por esa razón, los socialistas, entonces, que se mantenían como Gobierno en funciones, no ocultaron su malestar por la visita de Reynders, que consideraron una intromisión. Pero el comisario europeo llegó a España y, en dos días, se reunió con todo el mundo, ministros, oposición y asociaciones judiciales. Le preguntaron en qué consistía su papel, si pretendía actuar como mediador del conflicto del Poder Judicial, y Reynders, como político belga que es, respondió con naturalidad: “Vengo de un país donde tenemos todo un diccionario de términos [para definir la mediación en política]; no quiero utilizar ninguno, solo estoy ahí para favorecer el diálogo entre los distintos responsables españoles”. Al presidente del PP le hubiera bastado recordar aquella visita y exigirle ahora al PSOE que aceptara lo que, entonces, le pareció una intromisión. Porque, además de que el comisario europeo de Justicia es liberal, la Comisión Europea es, en estos momentos, la principal esperanza que tenemos los españoles de que se pueda frenar, y anular, el desvarío de cesiones a los independentistas, tan dañinas para el futuro de la democracia como la ley de amnistía o las comisiones parlamentarias de acoso a los jueces, con señalamientos intimidatorios y ataques furibundos, con nombres y apellidos.
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Desde hace años, muchos años, la politización del Consejo General del Poder Judicial, de la que han acabado formando parte de forma activa las propias asociaciones judiciales, es insoportable. Ocurre, sin embargo, que, en las circunstancias actuales, las urgencias han cambiado drásticamente. Por ejemplo, lo que comenzó como un bloqueo político inexplicable del Partido Popular se ha convertido ahora en un freno necesario, imprescindible, para que el Gobierno socialista no consume su control absoluto de todos los poderes del Estado. Lo único que no puede ocurrir es que el Partido Popular acepte, sin más, el reparto de vocales del Poder Judicial, sin asegurarse antes de que no habrá una mayoría que replique la mayoría parlamentaria del Congreso, como pretende el presidente Sánchez. Como ya se ha explicado en otras ocasiones, el Tribunal Constitucional sí debe ir adaptando sus mayorías a la evolución social y política de la sociedad española, porque su deber es interpretar la Constitución en cada momento y hacerla respetar. Lo del Consejo General del Poder Judicial es completamente diferente. Es el órgano de gobierno de los jueces, y en modo alguno puede ser un apéndice del poder legislativo y, menos aún, del poder ejecutivo.
En tiempos de un gran presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, un prestigioso magistrado progresista que fue asesinado por ETA, se autorizó que las Cortes nombraran a todos los vocales del CGPJ, desviándose de lo que pide la Constitución, pero se advirtió de que debía ocupar “una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos”. De ahí la exigencia de que los vocales propuestos por las asociaciones judiciales tengan que ser designados por una mayoría de tres quintos, para que no reproduzcan la aritmética de las mayorías parlamentarias. En el momento actual, el pasteleo de populares y socialistas ya no resiste ni una legislatura más. Eso tiene que acabarse para siempre. Parecía que nada iba a cambiar, pero, por sorpresa, esta decisión táctica del PP, acertada y extravagante a la vez, puede, finalmente, resolver este enorme embrollo. Una vez más, es la Unión Europea la que tendrá que sacarnos los pies del barro pegajoso de la confrontación española.
En política, existen los aciertos extravagantes. Lo acabamos de ver en España, con la táctica empleada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para salirse del barro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años caducado. No había forma de que le encontraran salida a la espiral en la que se habían enredado los populares, pese a la sutil sospecha de que ha sido el propio líder socialista, Pedro Sánchez, quien movía los hilos de la tela de araña en la que estaban atrapados como moscas.
Alimentar el discurso de la radicalidad del PP es tan valioso como el nombramiento de vocales. Tanto que, tras cinco años de bloqueo, los populares no podían sostener más tiempo la acusación, ya generalizada, del incumplimiento de la Constitución. Hasta en la Unión Europea se había extendido la denuncia contra el Partido Popular, lo cual no deja de constituir una prueba más de la insólita habilidad del PSOE para que sus escándalos judiciales pasen desapercibidos mientras que se amplifican las torpezas de su adversario político. Con lo cual, aunque podamos pensar que existen urgencias mayores en este momento y que no es la renovación del Poder Judicial lo que amenaza la separación de poderes en España; pese a todo ello, el Partido Popular estaba urgido a encontrarle una solución al embrollo y ha aportado esta salida extravagante y acertada de sentarse a negociar con el Partido Socialista con un mediador europeo como intermediario entre ambos.
La táctica es acertada, porque logra introducir en las negociaciones a una tercera persona que representa las exigencias de respeto a la independencia del poder judicial que defiende la Unión Europea, y es extravagante, porque se parece demasiado a lo que le ha exigido el fugado Puigdemont al presidente Pedro Sánchez para seguir apoyándolo en la legislatura. Cómo asumir que el Partido Popular, que tanto critica la humillación de negociar con un relator internacional, solicite ahora un mediador europeo para reunirse con el PSOE. Todo esto, es verdad, se parece demasiado a uno de los habituales tiros en el pie con los que se autolesionan los dirigentes de la derecha española, pero no es, en absoluto, nada que se parezca a los intermediarios que exigen los independentistas. Es más, el error del Partido Popular consiste en no saber explicar, ni envolver adecuadamente, el significado de ese modelo de reuniones entre los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, y un representante de la Unión Europea.
Los populares, por ejemplo, podrían haber vinculado sus exigencias con la visita que realizó a España el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el pasado mes de septiembre. En esa visita, fue el propio comisario europeo quien afirmó que el motivo de su viaje a España era propiciar un acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Cuando llegó a España, acababa de fracasar la investidura de Alberto Núñez Feijóo y todavía faltaba un mes para que Pedro Sánchez fuera reelegido presidente. Por esa razón, los socialistas, entonces, que se mantenían como Gobierno en funciones, no ocultaron su malestar por la visita de Reynders, que consideraron una intromisión. Pero el comisario europeo llegó a España y, en dos días, se reunió con todo el mundo, ministros, oposición y asociaciones judiciales. Le preguntaron en qué consistía su papel, si pretendía actuar como mediador del conflicto del Poder Judicial, y Reynders, como político belga que es, respondió con naturalidad: “Vengo de un país donde tenemos todo un diccionario de términos [para definir la mediación en política]; no quiero utilizar ninguno, solo estoy ahí para favorecer el diálogo entre los distintos responsables españoles”. Al presidente del PP le hubiera bastado recordar aquella visita y exigirle ahora al PSOE que aceptara lo que, entonces, le pareció una intromisión. Porque, además de que el comisario europeo de Justicia es liberal, la Comisión Europea es, en estos momentos, la principal esperanza que tenemos los españoles de que se pueda frenar, y anular, el desvarío de cesiones a los independentistas, tan dañinas para el futuro de la democracia como la ley de amnistía o las comisiones parlamentarias de acoso a los jueces, con señalamientos intimidatorios y ataques furibundos, con nombres y apellidos.
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