"Así será la próxima tragedia", decía el artículo de The New York Times, en junio de 2019, a los dos años del incendio pavoroso de la torre de Grenfell, el mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, al leerlo, parece una maldición que ha estado sobrevolando las ciudades hasta que el jueves pasado, a las 17 horas y 37 minutos, se cumplió en un edificio de catorce plantas de Valencia.
"El incendio de este edificio de Valencia es la copia exacta del que ocurrió en Londres hace seis años", ha dicho el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Valencia, Iván Cabrera, uno de los expertos más solicitados estos días por los medios de comunicación. De modo que, sí, la tragedia anunciada ha sido esta de España porque así estaba escrito y porque era inevitable que ocurriese a partir de la confluencia de idénticos elementos y circunstancias: el origen accidental del fuego, por un cortocircuito o similar, y la propagación veloz de las llamas a través del revestimiento del edificio, una estructura de aluminio con una cámara de aire por la que el viento fluye a gran velocidad, generando un efecto chimenea que acentúa la combustión del resto de materiales inflamables que servían de aislamiento térmico. "Así será", se decía en 2019, y así ha sido.
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El artículo del periódico norteamericano lo que pretendía denunciar es que, a pesar del impacto mundial que supuso la imagen de aquel coloso envuelto en llamas en el que perecieron 72 personas, a pesar de los compromisos de muchos gobiernos, todavía seguían existiendo innumerables edificios con revestimientos similares al de la torre de Londres, con lo que sería inevitable que un siniestro idéntico volviese a ocurrir en el futuro. En el Reino Unido, que tenía la legislación más laxa contra incendios, pero también en los países de la Unión Europea, se comenzó a reformar la normativa para hacerla más estricta, con la prohibición expresa del uso de materiales inflamables en los revestimientos en edificios altos.
Es lo que ha ocurrido en España, que se modificó la normativa y, a partir de 2020, se exige que, en los edificios de más de 11 metros de altura, todos los componentes de las fachadas tienen que ser de materiales no combustibles. En teoría, esas nuevas exigencias se tienen que aplicar, obviamente, en los edificios de nueva planta que se construyan a partir de esa fecha, pero también debería afectar a los inmuebles construidos con anterioridad, porque carecería de sentido mantener esas estructuras altamente inflamables, que es el riesgo. Lo normal, sin embargo, es que nada de eso se haga, por el alto coste de esas operaciones y porque el paso del tiempo hace que se vayan atenuando miedos y urgencias. Como sabemos, el edificio de Valencia, de Nou Campanar, se construyó muchos años antes de que se aprobase la nueva normativa, con lo que entraría en esa disyuntiva, aunque aún tenemos que conocer muchos detalles, que aportará la investigación policial, para saber exactamente el porqué de la rápida propagación de las llamas.
Ni siquiera está claro, como se informaba ayer en El Confidencial, que el material de revestimiento fuera poliuretano, como se ha dicho, sino lana de roca, que es mucho menos inflamable. En todo caso, lo que no va a cambiar con la investigación es la similitud entre los dos incendios, el de Londres y el de Valencia, y la previsión de que se pudiera repetir la tragedia, que es lo que nos lleva directamente a cuestionarnos la verdadera utilidad de tanta legislación y de tanta normativa como se aprueba. Cuánto se queda en papel mojado.
Cataluña realizará una inspección de los edificios para conocer cuántos presentan riesgos de incendio como el de Nou Campanar
España es uno de esos países, quizá de los más destacados en todo el mundo, donde conviven dos realidades paralelas, una producción legislativa descomunal junto a un elevadísimo incumplimiento de las normas. Podemos pensar, incluso, que una cosa lleva a la otra, porque cuando existe un volumen tan desorbitado de legislación es materialmente imposible que se pueda exigir el cumplimiento de todo lo que se aprueba, se reforma o se incorpora a la legislación. Diarrea legislativa es la expresión más común que se utiliza en España cuando se analiza la producción legislativa en todas las cámaras, las autonómicas y la estatal. Uno de los últimos informes realizados al respecto lo elaboró la patronal española, la CEOE, y los resultados fueron, ciertamente, espectaculares.
Solo en un año, el 2022, en España se publicaron casi un millón y medio de páginas legislativas, exactamente 1.329.865, si se suman los boletines autonómicos y el correspondiente al Estado. Decía aquel informe de la patronal: "Para poner en perspectiva la magnitud de esta cifra, cabría indicar que para que una persona pudiera estar completamente actualizada sobre las novedades legislativas publicadas en el BOE en el año 2022, tendría que leer cerca de 698 páginas al día". Incorpórese a ese disparate el volumen de leyes de cada comunidad autónoma, y aun las normas de ayuntamientos y diputaciones, y nos encontraremos con un imposible metafísico: que se cumpla lo que se aprueba.
Ahora, tras la tragedia del jueves en Valencia, cuando se comunica que un gobierno como el de la Generalitat de Cataluña ha decidido realizar una inspección de los edificios para conocer cuántos presentan riesgos de incendio como el de Nou Campanar, es inevitable pensar que esa es, precisamente, la labor que tendrían que haber afrontado todas las administraciones hace años, cuando nos conmovió a todos el incendio monstruoso del edificio de Londres. Y no se hizo. Se cambió adecuadamente la legislación, pero no se llegó a aplicar con una revisión completa de los riesgos. Descartes hace más de trescientos años, dijo algo que no ha cambiado, que "los Estados mejor organizados son los que dictan pocas leyes, pero de rigurosa observancia". Es decir, justo lo contrario de lo que pasa en España.
"Así será la próxima tragedia", decía el artículo de The New York Times, en junio de 2019, a los dos años del incendio pavoroso de la torre de Grenfell, el mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, al leerlo, parece una maldición que ha estado sobrevolando las ciudades hasta que el jueves pasado, a las 17 horas y 37 minutos, se cumplió en un edificio de catorce plantas de Valencia.
"El incendio de este edificio de Valencia es la copia exacta del que ocurrió en Londres hace seis años", ha dicho el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Valencia, Iván Cabrera, uno de los expertos más solicitados estos días por los medios de comunicación. De modo que, sí, la tragedia anunciada ha sido esta de España porque así estaba escrito y porque era inevitable que ocurriese a partir de la confluencia de idénticos elementos y circunstancias: el origen accidental del fuego, por un cortocircuito o similar, y la propagación veloz de las llamas a través del revestimiento del edificio, una estructura de aluminio con una cámara de aire por la que el viento fluye a gran velocidad, generando un efecto chimenea que acentúa la combustión del resto de materiales inflamables que servían de aislamiento térmico. "Así será", se decía en 2019, y así ha sido.
El artículo del periódico norteamericano lo que pretendía denunciar es que, a pesar del impacto mundial que supuso la imagen de aquel coloso envuelto en llamas en el que perecieron 72 personas, a pesar de los compromisos de muchos gobiernos, todavía seguían existiendo innumerables edificios con revestimientos similares al de la torre de Londres, con lo que sería inevitable que un siniestro idéntico volviese a ocurrir en el futuro. En el Reino Unido, que tenía la legislación más laxa contra incendios, pero también en los países de la Unión Europea, se comenzó a reformar la normativa para hacerla más estricta, con la prohibición expresa del uso de materiales inflamables en los revestimientos en edificios altos.
Es lo que ha ocurrido en España, que se modificó la normativa y, a partir de 2020, se exige que, en los edificios de más de 11 metros de altura, todos los componentes de las fachadas tienen que ser de materiales no combustibles. En teoría, esas nuevas exigencias se tienen que aplicar, obviamente, en los edificios de nueva planta que se construyan a partir de esa fecha, pero también debería afectar a los inmuebles construidos con anterioridad, porque carecería de sentido mantener esas estructuras altamente inflamables, que es el riesgo. Lo normal, sin embargo, es que nada de eso se haga, por el alto coste de esas operaciones y porque el paso del tiempo hace que se vayan atenuando miedos y urgencias. Como sabemos, el edificio de Valencia, de Nou Campanar, se construyó muchos años antes de que se aprobase la nueva normativa, con lo que entraría en esa disyuntiva, aunque aún tenemos que conocer muchos detalles, que aportará la investigación policial, para saber exactamente el porqué de la rápida propagación de las llamas.
Ni siquiera está claro, como se informaba ayer en El Confidencial, que el material de revestimiento fuera poliuretano, como se ha dicho, sino lana de roca, que es mucho menos inflamable. En todo caso, lo que no va a cambiar con la investigación es la similitud entre los dos incendios, el de Londres y el de Valencia, y la previsión de que se pudiera repetir la tragedia, que es lo que nos lleva directamente a cuestionarnos la verdadera utilidad de tanta legislación y de tanta normativa como se aprueba. Cuánto se queda en papel mojado.
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España es uno de esos países, quizá de los más destacados en todo el mundo, donde conviven dos realidades paralelas, una producción legislativa descomunal junto a un elevadísimo incumplimiento de las normas. Podemos pensar, incluso, que una cosa lleva a la otra, porque cuando existe un volumen tan desorbitado de legislación es materialmente imposible que se pueda exigir el cumplimiento de todo lo que se aprueba, se reforma o se incorpora a la legislación. Diarrea legislativa es la expresión más común que se utiliza en España cuando se analiza la producción legislativa en todas las cámaras, las autonómicas y la estatal. Uno de los últimos informes realizados al respecto lo elaboró la patronal española, la CEOE, y los resultados fueron, ciertamente, espectaculares.
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Ahora, tras la tragedia del jueves en Valencia, cuando se comunica que un gobierno como el de la Generalitat de Cataluña ha decidido realizar una inspección de los edificios para conocer cuántos presentan riesgos de incendio como el de Nou Campanar, es inevitable pensar que esa es, precisamente, la labor que tendrían que haber afrontado todas las administraciones hace años, cuando nos conmovió a todos el incendio monstruoso del edificio de Londres. Y no se hizo. Se cambió adecuadamente la legislación, pero no se llegó a aplicar con una revisión completa de los riesgos. Descartes hace más de trescientos años, dijo algo que no ha cambiado, que "los Estados mejor organizados son los que dictan pocas leyes, pero de rigurosa observancia". Es decir, justo lo contrario de lo que pasa en España.
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