Solo hay una respuesta posible a la pregunta de estos días: ¿debe dar explicaciones Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de las empresas de su novio? Y la única respuesta, para quien suscribe, es que sí debe darlas. Pero de lo que le afecta como cargo público, no de aquello que no le concierne por las actividades privadas de terceros en las que no interviene, como ahora veremos. En todo caso, conviene resaltar lo dicho, nada más comenzar, porque hace una semana se planteó la misma lógica en lo referido a la mujer del presidente Pedro Sánchez por el escándalo de corrupción que afecta a su Gobierno.

Como quiera que el sectarismo provoca ceguera, los partidos políticos españoles no son capaces de ver el daño que hacen a sí mismos cuando, en cada escándalo político, despliegan toda su falsedad, toda su hipocresía. No se enteran, que no. De forma impúdica, defienden una cosa y la contraria, dependiendo de si los perjudicados son de sus filas o de las contrarias. Y siempre con efectos adversos, porque consiguen en la opinión pública lo contrario de lo que persiguen, descrédito y desconfianza. Cuando el escándalo afecta al adversario, lo exageran tanto, lo amplifican tanto, que acaban deformando una realidad que, por sí sola, ya era grave, sin necesidad de añadirle nada más que la mera constatación de los hechos. Por el contrario, cuando el escándalo afecta a los propios, se minusvalora, se intenta ocultar o se desprecia, sin reparar que, antes o después, acabarán reconociendo lo sucedido, si es que prospera la investigación que se haya conocido.

El espectáculo vivido con el fraude fiscal de las empresas del novio de Isabel Díaz Ayuso es tan demostrativo como desolador de esa farsa hipócrita, pero, para no enredarnos en la trampa del ventilador, ciñámonos, en primer lugar, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Uno no acaba de entender qué problema tienen los líderes políticos españoles para reconocer la verdad, de frente, sin rodeos ni excusas de conspiraciones oscuras contra ellos. La presidenta Díaz Ayuso podría habernos dicho, sin que nadie le pudiera reprochar ni una sílaba, que cree en la inocencia de su novio, y por eso confía en que los tribunales le den la razón, como ha ocurrido con otros casos de denuncias millonarias de la Agencia Tributaria, y que, como representante de una administración pública, defiende siempre que todos los ciudadanos y todas las empresas cumplan con sus obligaciones ante la Hacienda pública. Nada podría reprocharse de una declaración así, sobre todo si añadimos a todo ello que los contratos que se investigan nada tienen que ver con la Comunidad de Madrid, que ella preside, y que fue el propio Partido Popular el que los denunció en su día y pidió que se investigaran.

Pero no, la presidenta Díaz Ayuso, una vez más, ha apostado por la estrategia mártir: lo que ocurre, ha venido a decir, es que “todos los poderes del Estado” están confabulados “en un asunto turbio” contra su novio, para atacarla a ella. Hasta parece que se le ha olvidado que ella también es representante de ese Estado que denigra. Y sí, tiene razón cuando se queja de que los asuntos relacionados con sus familiares, o con su pareja, adquieren una gran notoriedad por tratarse de ella, una de las personas más destacadas del Partido Popular. Eso es así y seguirá siendo así, porque en política no existen las “personas anónimas”, como decía la semana pasada el PSOE y el Gobierno de la mujer de Pedro Sánchez. Los responsables públicos están sometidos a una exigencia mayor que quedó establecida, hace más de dos mil años, por el criterio de ejemplaridad del César.

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Lo que, en cambio, no se incluye en ese criterio de ejemplaridad es la utilización ilegal de información del Estado para intentar destruir civilmente a una persona. Hablamos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un desliz que ha cometido y que la delata, la compromete, por revelar datos personales cuya privacidad está protegida legalmente. Hasta en el Partido Socialista admitían ayer, reservadamente, que la ministra Montero, que es la máxima responsable de la Agencia Tributaria, se equivocó en sus declaraciones: en una comparecencia contra Díaz Ayuso, ofreció datos concretos de la vida privada del novio de la presidenta de Madrid que ni siquiera figuran en la investigación, como los detalles de la compra del piso en el que vive la pareja. O como la compra del inmueble "que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia", como dijo María Jesús Montero.

La práctica habitual en estos casos es la de filtrar esa información a algún medio de comunicación y, a partir de su publicación, construir un discurso político descargando toda la veracidad de la noticia en el medio que lo ha publicado. El error de Montero, el que la ha delatado por deslenguada, es que hizo esas declaraciones con el ritual habitual, "según las noticias aparecidas en los medios de comunicación", sin tener en cuenta que, hasta varias horas después, no se publicarían las noticias a las que hacía referencia. Revelar secretos de los contribuyentes y utilizarlos en el debate político no es una actividad que esté protegida por la inmunidad parlamentaria, como bien debe saber la más veterana y cercana colaboradora del presidente Pedro Sánchez. Por mantener esa lealtad, por hacerla valer, no puede utilizar a su antojo la Agencia Tributaria, como está haciendo en esta legislatura desesperada, primero ocultando públicamente el informe que comprometía a su partido en la trama de las mascarillas, el conocido caso Koldo, y luego aireando datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Que tenga cuidado la vicepresidenta Montero, que se tiente la ropa antes de sumarse como una hooligan a la cacería de los rivales. Ya sabemos que siempre ha sido así, que ese es su mayor valor político, que ya lo demostró con creces en su etapa andaluza; pero que mida sus pasos no sea que acabe superando al ministro Cristóbal Montoro en el abuso indiscriminado de la Agencia Tributaria para atacar a todos sus rivales, ya fueran del propio Partido Popular o de otras formaciones. Montoro todavía está pendiente de algunas investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, y no querrá la ministra de Hacienda acabar igual.

Solo hay una respuesta posible a la pregunta de estos días: ¿debe dar explicaciones Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de las empresas de su novio? Y la única respuesta, para quien suscribe, es que sí debe darlas. Pero de lo que le afecta como cargo público, no de aquello que no le concierne por las actividades privadas de terceros en las que no interviene, como ahora veremos. En todo caso, conviene resaltar lo dicho, nada más comenzar, porque hace una semana se planteó la misma lógica en lo referido a la mujer del presidente Pedro Sánchez por el escándalo de corrupción que afecta a su Gobierno.

Como quiera que el sectarismo provoca ceguera, los partidos políticos españoles no son capaces de ver el daño que hacen a sí mismos cuando, en cada escándalo político, despliegan toda su falsedad, toda su hipocresía. No se enteran, que no. De forma impúdica, defienden una cosa y la contraria, dependiendo de si los perjudicados son de sus filas o de las contrarias. Y siempre con efectos adversos, porque consiguen en la opinión pública lo contrario de lo que persiguen, descrédito y desconfianza. Cuando el escándalo afecta al adversario, lo exageran tanto, lo amplifican tanto, que acaban deformando una realidad que, por sí sola, ya era grave, sin necesidad de añadirle nada más que la mera constatación de los hechos. Por el contrario, cuando el escándalo afecta a los propios, se minusvalora, se intenta ocultar o se desprecia, sin reparar que, antes o después, acabarán reconociendo lo sucedido, si es que prospera la investigación que se haya conocido.

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Que tenga cuidado la vicepresidenta Montero, que se tiente la ropa antes de sumarse como una hooligan a la cacería de los rivales. Ya sabemos que siempre ha sido así, que ese es su mayor valor político, que ya lo demostró con creces en su etapa andaluza; pero que mida sus pasos no sea que acabe superando al ministro Cristóbal Montoro en el abuso indiscriminado de la Agencia Tributaria para atacar a todos sus rivales, ya fueran del propio Partido Popular o de otras formaciones. Montoro todavía está pendiente de algunas investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, y no querrá la ministra de Hacienda acabar igual.

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El novio de Ayuso y la lengua de Montero

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15.03.2024

Solo hay una respuesta posible a la pregunta de estos días: ¿debe dar explicaciones Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de las empresas de su novio? Y la única respuesta, para quien suscribe, es que sí debe darlas. Pero de lo que le afecta como cargo público, no de aquello que no le concierne por las actividades privadas de terceros en las que no interviene, como ahora veremos. En todo caso, conviene resaltar lo dicho, nada más comenzar, porque hace una semana se planteó la misma lógica en lo referido a la mujer del presidente Pedro Sánchez por el escándalo de corrupción que afecta a su Gobierno.

Como quiera que el sectarismo provoca ceguera, los partidos políticos españoles no son capaces de ver el daño que hacen a sí mismos cuando, en cada escándalo político, despliegan toda su falsedad, toda su hipocresía. No se enteran, que no. De forma impúdica, defienden una cosa y la contraria, dependiendo de si los perjudicados son de sus filas o de las contrarias. Y siempre con efectos adversos, porque consiguen en la opinión pública lo contrario de lo que persiguen, descrédito y desconfianza. Cuando el escándalo afecta al adversario, lo exageran tanto, lo amplifican tanto, que acaban deformando una realidad que, por sí sola, ya era grave, sin necesidad de añadirle nada más que la mera constatación de los hechos. Por el contrario, cuando el escándalo afecta a los propios, se minusvalora, se intenta ocultar o se desprecia, sin reparar que, antes o después, acabarán reconociendo lo sucedido, si es que prospera la investigación que se haya conocido.

El espectáculo vivido con el fraude fiscal de las empresas del novio de Isabel Díaz Ayuso es tan demostrativo como desolador de esa farsa hipócrita, pero, para no enredarnos en la trampa del ventilador, ciñámonos, en primer lugar, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Uno no acaba de entender qué problema tienen los líderes políticos españoles para reconocer la verdad, de frente, sin rodeos ni excusas de conspiraciones oscuras contra ellos. La presidenta Díaz Ayuso podría habernos dicho, sin que nadie le pudiera reprochar ni una sílaba, que cree en la inocencia de su novio, y por eso confía en que los tribunales le den la razón, como ha ocurrido con otros casos de denuncias millonarias de la Agencia Tributaria, y que, como representante de una administración pública, defiende siempre que todos los ciudadanos y todas las empresas cumplan con sus obligaciones ante la Hacienda pública. Nada podría reprocharse de una declaración así, sobre todo si añadimos a todo ello que los contratos que se investigan nada tienen que ver con la Comunidad de Madrid, que ella preside, y que fue el propio Partido Popular el que los denunció en su día y pidió que se investigaran.

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