No existe ni un solo periodo de la historia de la democracia española en el que, en cinco años, se acumulen más escándalos vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El último es este que hemos conocido esta semana, desvelado por El Confidencial, por la detención de dos espías españoles que, supuestamente, estaban vendiendo secretos a los Estados Unidos. Solo hay un precedente lejano de un delito de traición así en el CNI, hace 15 años, pero se trataba de Rusia, no de un aliado fundamental como es Estados Unidos. Más adelante vamos a eso, porque lo más llamativo, y preocupante, es esta sucesión de escándalos, uno tras otro, con lo que debemos entender que se trata de algo más, que va más allá de lo que supone cada episodio.
Si la primera obligación de un espía es negar que lo sea, la condición fundamental de un servicio de inteligencia es pasar desapercibido. Y resulta que, en este lustro, el Centro Nacional de Inteligencia ha estado en los titulares de la prensa de medio mundo más veces que muchos ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez. Es evidente que eso es lo contrario de lo que precisa un servicio de inteligencia, pero es que, además, lo que comprobamos con la sola enumeración de los escándalos que han zarandeado al CNI es que es el prestigio institucional de España el que se ve afectado, dañado.
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¿Debemos achacarle la responsabilidad a Pedro Sánchez, que es quien ha presidido el Gobierno en este último lustro? Desde luego, todos podemos coincidir en que el problema de fondo es la inestabilidad política de este tiempo, que es sobre la que navega desde el principio el líder socialista, como si estuviera surfeando grandes olas y tempestades. Objetivamente, por tanto, no podemos culpar a Pedro Sánchez de la inestabilidad política que surge de las urnas, pero sí se le puede reprochar que la haya convertido en su forma de gobierno, su personal estrategia de resistencia. Y eso tiene consecuencias severas, el deterioro y el desgaste de tantas instituciones, como el Centro Nacional de Inteligencia. En una situación de estabilidad institucional, todos estos problemas consustanciales a una democracia se atenúan, se minimizan, pero cuando la pauta política la marcan partidos antisistema o contrarios al orden constitucional, las consecuencias se amplifican extraordinariamente.
Por ejemplo, la investigación que encargó y propagó el independentismo catalán, a través de un informe manipulado y sesgado, que solo tenía como objetivo presentar a España como un Estado represor, que es la ofensa constante de quienes intentaron atentar contra la Constitución española. Lo consiguieron, porque lo que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, en vez de defender el prestigio y la legalidad de los servicios secretos españoles, fue entregar la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban. Y no se acaba ahí, porque en esta legislatura los independentistas quieren dar un machetazo más en el prestigio del CNI con la aprobación de sendas comisiones de investigación en las que puedan abrir en canal el servicio de inteligencia español, por el seguimiento a los líderes de la revuelta independentista. Pretenden, incluso, llevar a cabo la barbaridad de vincular el CNI con los terribles atentados yihadistas de Barcelona, en agosto de 2019. En cada efeméride, algunos delincuentes de Junts jalean a sus partidarios con insultos como “crimen de Estado” o, directamente, que “España es un Estado asesino”. Esos tipos son los que se sientan a negociar con el PSOE en el extranjero para garantizarle la legislatura al presidente Sánchez…
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El último de los escándalos, desvelado esta semana por El Confidencial, solo tiene un precedente, en julio de 2007, cuando se descubrió que uno de los espías españoles estaba vendiendo secretos a Rusia. Curiosamente, aquel escándalo se produjo cuando en España gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, que otra vez está danzando como primera estrella por los mítines del Partido Socialista en apoyo del presidente Pedro Sánchez. El topo del Kremlin, como se conoció al espía Roberto Flórez García, acabó condenado a 12 años de cárcel por un delito de traición por hacerse con documentación secreta, pero en el juicio no se pudo probar que se la vendiera a Rusia, aunque lo acusaban de haber recibido “mucho dinero” a cambio. No es descabellado pensar que, al final, cuando surge una crisis así entre dos países, la diplomacia sea la que solvente el problema en despachos alejados de los tribunales, evitando que el conflicto pase a mayores. Pero, como se decía antes, no podemos sorprendernos de que un país como Rusia tenga sus espías en España, porque el interés de Vladímir Putin es apoyar y fomentar la mayor inestabilidad posible en España. Eso no sorprende, no.
Pasa lo mismo que con Marruecos, otro de los escándalos, cuando se deslizó que estaba detrás de la intervención de los teléfonos del presidente del Gobierno español y varios ministros, entre ellos, los de Defensa e Interior. Nadie se va a extrañar de que una orden así salga del régimen de Mohamed VI. Pero ¿los Estados Unidos? ¿También la poderosa CIA desconfía de España, a pesar de ser uno de los aliados más estables y antiguos de los Estados Unidos? En septiembre pasado —justo en septiembre, que fue cuando detuvieron a los dos espías— se han cumplido 70 años de los primeros acuerdos entre España y Estados Unidos, que permitieron a los americanos desplegar en suelo español cuatro bases militares. Cómo entender que un socio así esté comprando secretos a los espías españoles. Extraño, muy extraño. De ahí la trascendencia de la exclusiva de El Confidencial, porque todos presumimos que el significado de una nueva crisis en el CNI va mucho más allá.
No existe ni un solo periodo de la historia de la democracia española en el que, en cinco años, se acumulen más escándalos vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El último es este que hemos conocido esta semana, desvelado por El Confidencial, por la detención de dos espías españoles que, supuestamente, estaban vendiendo secretos a los Estados Unidos. Solo hay un precedente lejano de un delito de traición así en el CNI, hace 15 años, pero se trataba de Rusia, no de un aliado fundamental como es Estados Unidos. Más adelante vamos a eso, porque lo más llamativo, y preocupante, es esta sucesión de escándalos, uno tras otro, con lo que debemos entender que se trata de algo más, que va más allá de lo que supone cada episodio.
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¿Debemos achacarle la responsabilidad a Pedro Sánchez, que es quien ha presidido el Gobierno en este último lustro? Desde luego, todos podemos coincidir en que el problema de fondo es la inestabilidad política de este tiempo, que es sobre la que navega desde el principio el líder socialista, como si estuviera surfeando grandes olas y tempestades. Objetivamente, por tanto, no podemos culpar a Pedro Sánchez de la inestabilidad política que surge de las urnas, pero sí se le puede reprochar que la haya convertido en su forma de gobierno, su personal estrategia de resistencia. Y eso tiene consecuencias severas, el deterioro y el desgaste de tantas instituciones, como el Centro Nacional de Inteligencia. En una situación de estabilidad institucional, todos estos problemas consustanciales a una democracia se atenúan, se minimizan, pero cuando la pauta política la marcan partidos antisistema o contrarios al orden constitucional, las consecuencias se amplifican extraordinariamente.
Por ejemplo, la investigación que encargó y propagó el independentismo catalán, a través de un informe manipulado y sesgado, que solo tenía como objetivo presentar a España como un Estado represor, que es la ofensa constante de quienes intentaron atentar contra la Constitución española. Lo consiguieron, porque lo que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, en vez de defender el prestigio y la legalidad de los servicios secretos españoles, fue entregar la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban. Y no se acaba ahí, porque en esta legislatura los independentistas quieren dar un machetazo más en el prestigio del CNI con la aprobación de sendas comisiones de investigación en las que puedan abrir en canal el servicio de inteligencia español, por el seguimiento a los líderes de la revuelta independentista. Pretenden, incluso, llevar a cabo la barbaridad de vincular el CNI con los terribles atentados yihadistas de Barcelona, en agosto de 2019. En cada efeméride, algunos delincuentes de Junts jalean a sus partidarios con insultos como “crimen de Estado” o, directamente, que “España es un Estado asesino”. Esos tipos son los que se sientan a negociar con el PSOE en el extranjero para garantizarle la legislatura al presidente Sánchez…
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