La amnistía al independentismo golpista de Cataluña tenemos que contemplarla en el espejo cóncavo de las corruptelas de la UGT en Andalucía. Si lo miramos con atención, observaremos cómo se deforma la uniformidad del Código Penal, su coherencia interna en la graduación de las penas en cada delito. Y veremos, también deformados, algunos principios constitucionales fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, como la igualdad entre los españoles y la potestad exclusiva de jueces y magistrados para administrar justicia.
En el juicio que ha comenzado en la Audiencia de Sevilla contra la corrupción en este sindicato, los antiguos dirigentes de UGT están acusados de varios delitos por haber destinado decenas de millones de euros para financiar la acción sindical. No se quedaron ellos con el dinero, ni lo gastaron en algo distinto a pagar los costes de las manifestaciones que organizaban, los congresos, las revistas que editaban y hasta los globos que repartían en las protestas. Para la Fiscalía Anticorrupción, en nada interfiere el destino que se haya querido dar a los fondos, porque se trataba de partidas económicas que salían de las arcas públicas para financiar cursos de formación para los trabajadores en paro y el sindicato, falsificando las facturas, les dio otro uso distinto. Por eso están sentados en el banquillo, porque la motivación no exculpa del delito cometido. Pero, sobre todo, están sentados en el banquillo porque, a partir de hoy, se quiere aprobar una ley de amnistía en España que solo borrará delitos similares, además de otros mucho más graves, a quienes los cometieron, no por una acción sindical, sino por una acción política independentista. Ese es el espejo cóncavo de la amnistía, la que desfigura el Estado de derecho.
El caso de las corruptelas de la UGT, que estalló en Andalucía hace 10 años, de forma paralela al escandaloso fraude de los ERE, mantiene como acusados a 15 exdirigentes de este sindicato por haber organizado, según la Fiscalía, un sistema propio, informatizado, para falsificar las facturas que se enviaban a la Junta de Andalucía como justificantes de las subvenciones que recibía UGT. El descaro en el fraude, en esa época de Andalucía de gobiernos terminales del Partido Socialista, llegó al despropósito de que el sindicato hasta había desarrollado un programa informático propio, que llamaron Spyro, con su manual práctico en el que se incluían ejemplos reales de cómo utilizarlo con algunos de los proveedores que usaban para falsificar las facturas. “UGT-A institucionalizó el fraude de las subvenciones, lo pactó con los proveedores para poder defraudar masivamente los fondos públicos”, dijo ayer el fiscal Anticorrupción Fernando Soto, en el inicio de la vista oral.
El dinero presuntamente defraudado supera los 40 millones de euros y los delitos por los que acusa a los antiguos dirigentes ugetistas son los de fraude continuado en las subvenciones y falsedad en documento mercantil. Si son condenados finalmente, las penas a las que se enfrentan van desde los tres a los siete años de cárcel y multas que ascienden a los 200 millones de euros. Será así porque, para ellos, no cuenta la ley de amnistía, aunque los delitos que se incluyen en la exculpación a los independentistas son, igualmente, además de malversación agravada y falsedad documental, una veintena más como la desobediencia, la prevaricación, la revelación de secretos, el tráfico de influencias, la usurpación de funciones y los desórdenes públicos. Y las acusaciones de terrorismo atenuado, por supuesto. Los sindicalistas desviaron más de 40 millones de euros para financiar su acción sindical y los independentistas dilapidaron una cantidad de fondos públicos que nunca se podrá precisar para financiar su proceso de ruptura con España y con la Constitución. ¿Dónde está en ese paralelismo la igualdad de todos los españoles ante la ley? ¿Y dónde la potestad exclusiva de los tribunales para juzgar los delitos?
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Muchos son los testimonios de constitucionalistas españoles que han respondido a estas preguntas, pero detengámonos en dos de ellos. Ana Carmona, que es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha respondido en varias entrevistas a la primera pregunta: gracias a una ley de amnistía como la que se va a aprobar, “unas determinadas personas que hubieran cometido unos delitos en un determinado contexto y durante un periodo de tiempo temporalmente acotado escaparían de la acción de la Justicia, mientras que otros, que han cometido los mismos delitos en otros momentos y en otros contextos, sí tendrían que ponerse ante la acción de la Justicia”. En definitiva, un trato diferente ante hechos iguales o similares. La única salvedad que podría justificar, in extremis, ese trato desigual es una circunstancia excepcional. Esa es, de hecho, la justificación del proyecto de ley socialista y lo que esgrime el presidente Sánchez cuando se refiere a la "normalización del conflicto político en Cataluña", pero son los propios afectados, los independentistas, los que lo desmienten cuando reafirman su voluntad expresa de volver a declarar la independencia.
La segunda pregunta la ha resuelto, también en varias ocasiones, artículos y entrevistas, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo, con una concisión simple y clarificadora: “La amnistía no es una materia de legislación ordinaria, sino que forma parte del derecho de gracia, una materia que rompe con la división de poderes. El artículo 117 de la Constitución, que establece que solo los jueces son los responsables de juzgar y ejecutar lo juzgado, y el artículo 118, donde se dispone que es obligado cumplir las sentencias. Por eso, solo la propia lex legum puede realizar esta ruptura constitucional: el indulto está en la Constitución española, por lo tanto, es constitucional; la amnistía no está, y por eso es inconstitucional”. Ni igualdad ni respeto a la separación de poderes, equilibrio fundamental de toda democracia. Todos los vicios inconstitucionales de la ley de amnistía ya los conocíamos. Ahora, además, podemos contemplarlos en la comparación con ese juicio a los dirigentes de UGT. El resultado es este, la contemplación del Estado de derecho deformado, como si se reflejara en un espejo cóncavo.
La amnistía al independentismo golpista de Cataluña tenemos que contemplarla en el espejo cóncavo de las corruptelas de la UGT en Andalucía. Si lo miramos con atención, observaremos cómo se deforma la uniformidad del Código Penal, su coherencia interna en la graduación de las penas en cada delito. Y veremos, también deformados, algunos principios constitucionales fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, como la igualdad entre los españoles y la potestad exclusiva de jueces y magistrados para administrar justicia.
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El dinero presuntamente defraudado supera los 40 millones de euros y los delitos por los que acusa a los antiguos dirigentes ugetistas son los de fraude continuado en las subvenciones y falsedad en documento mercantil. Si son condenados finalmente, las penas a las que se enfrentan van desde los tres a los siete años de cárcel y multas que ascienden a los 200 millones de euros. Será así porque, para ellos, no cuenta la ley de amnistía, aunque los delitos que se incluyen en la exculpación a los independentistas son, igualmente, además de malversación agravada y falsedad documental, una veintena más como la desobediencia, la prevaricación, la revelación de secretos, el tráfico de influencias, la usurpación de funciones y los desórdenes públicos. Y las acusaciones de terrorismo atenuado, por supuesto. Los sindicalistas desviaron más de 40 millones de euros para financiar su acción sindical y los independentistas dilapidaron una cantidad de fondos públicos que nunca se podrá precisar para financiar su proceso de ruptura con España y con la Constitución. ¿Dónde está en ese paralelismo la igualdad de todos los españoles ante la ley? ¿Y dónde la potestad exclusiva de los tribunales para juzgar los delitos?
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