Los españoles se enteraron ayer por los gobiernos de otros países de dos noticias relevantes que nos afectan como ciudadanos: que vamos a participar en una nueva misión militar de guerra contra el terrorismo islamista y que acabamos de suscribir con toda Europa un acuerdo sobre inmigración. Nos enteramos por otros gobiernos porque ninguna de las dos decisiones se ha debatido en el Congreso de los Diputados, a pesar de los plenos celebrados esta semana, incluyendo una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que estimó conveniente hurtar a las Cortes Generales todo lo que ya había pactado con la Unión Europea y con la OTAN.
La soberanía popular reside en el pueblo español y se ve representada en las Cortes Generales, como bien sabemos, y ese precepto fundamental de la Constitución española no ha cambiado, pero se convierte en papel mojado cada vez que un Gobierno decide ignorarlo, como acaba de ocurrir. Se trata de un proceso de irrelevancia progresiva del Congreso de los Diputados, convertido en una Cámara de ratificación de asuntos que se discuten fuera de esa sede parlamentaria y, otras veces, incluso fuera de España, como ha ocurrido con la ley de amnistía, que se pactó y redactó con el prófugo de Waterloo. Si los sumamos los tres, la misión militar, el pacto antiinmigración y la ley de amnistía, observaremos, además, que la conveniencia política del Gobierno es la única razón por la que estos asuntos no han sido debatidos en las Cortes Generales.
Para evitar que se pueda quebrar la fragilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, se eliminan del orden del día todos aquellos debates que puedan acabar en confrontación entre los socios de la mayoría progresista y se dejan aquellos otros que conduzcan a sesiones plenarias en las que el interpelado es el líder de la oposición. Se trata de debates peculiares, porque siempre repiten el mismo esquema: seis o siete intervenciones en las que el orador se dirige, en vez de a los bancos del Gobierno, a los escaños de la oposición y vuelca allí todas sus críticas. Es como un mitin múltiple, o pimpampum: todos alineados para zurrarle al que no gobierna.
La gravedad de esos grandes acuerdos cuyo debate se hurta a las Cortes reside en que, además de todo, se vulnera lo dispuesto legalmente. Fijémonos, por ejemplo, en la misión de la OTAN en la que participarán militares españoles en el mar Rojo. El objetivo es neutralizar a los terroristas yemeníes que atentan, con misiles y drones, contra la navegación industrial de esa zona, una ruta fundamental de mercancías que llega al Mediterráneo a través del canal de Suez. La ofensiva terrorista de los hutíes comenzó de forma paralela al ataque terrorista de Hamás contra Israel, coordinados todos ellos por Irán, al igual que Hezbolá en el Líbano. Las denuncias de algunas de las principales compañías navieras del mundo es lo que lleva a la OTAN a intervenir, con una coalición internacional de la que forma parte España, además de Francia, Canadá, Italia, el Reino Unido y, por supuesto, los Estados Unidos. Lo sabemos por qué el nombre de España ha aparecido en un comunicado de la Secretaría de Defensa de Joe Biden, ya que nadie del Gobierno español había dicho nada al respecto.
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Podemos estar seguros de que este silencio tiene que ver con la certeza de que varios de los socios parlamentarios del presidente Sánchez, o incluso alguno de sus ministros, no comparten la decisión de participar en una misión militar que beneficiará a Israel en su guerra contra Hamás. Pero ese silencio parlamentario es ilegal. Se dice así en una ley que aprobó en 2005 el Gobierno de Rodríguez Zapatero, es decir, tan solo un año después de llegar. Se recordará la época, el antibelicismo de Zapatero, su polémica decisión de quedarse sentado al paso de la bandera de los Estados Unidos… La Ley de Defensa Nacional aprobada entonces dice, literalmente, en su artículo 4.2: “En particular, le corresponde al Congreso de los Diputados autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional”. Como se apreciará, la contundencia de la ley no ofrece dudas.
Para el acuerdo europeo de inmigración tampoco ha existido debate alguno específico en el Congreso de los Diputados, por la misma razón que antes, la segura desavenencia entre los socios de la mayoría parlamentaria. El acuerdo se alcanzó en la madrugada del martes al miércoles en Bruselas y el Congreso de los Diputados supo de él cuando ya estaba consumado, como de pasada, en la intervención de Pedro Sánchez para dar cuenta de su semestre en la presidencia de turno en la Unión Europea. Todos sabemos que en los últimos seis meses, los que van de junio a diciembre de este 2023, lo que ha ocurrido en España es una larga campaña electoral de dos meses, unas elecciones generales, otro mes más para la constitución de las Cortes y, finalmente, otros dos meses más en los que se han producido dos sesiones de investidura y la toma de posesión de un nuevo Gobierno.
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Pues bien, si se oye hablar a Pedro Sánchez de su actividad en este semestre de presidencia europea, como hizo ayer en su comparecencia en el Congreso, da la sensación de que ha diseñado hasta los Christmas con los que ha felicitado la Navidad la Unión Europea. En fin… Lo que se consigue con esa táctica es diluir lo realmente importante, como ese acuerdo de inmigración que tiene de positivo, y no es poco, el hecho de que comprometa a los 27 países miembros de la Unión Europea en un problema de la gravedad de la inmigración. La inmigración es la gasolina que utiliza la extrema derecha en toda Europa para incendiar sus discursos y, para evitarlo, lo mejor es que exista un acuerdo suscrito por todos los miembros de la UE, comprometidos a unificar legislaciones y normativas para combatir las mafias de la inmigración ilegal que afecta, sobre todo, a España, Italia y Grecia. En ese acuerdo, se contienen algunos conceptos, sobre los que habrá que volver otro día, como el de “la solidaridad obligatoria, aunque flexible”, que cuando estallen en España conllevarán un debate intenso y controvertido. Como el que tendría que haberse desarrollado en el Congreso de los Diputados, si no caminara decidido cada día hacia su propia irrelevancia.
Los españoles se enteraron ayer por los gobiernos de otros países de dos noticias relevantes que nos afectan como ciudadanos: que vamos a participar en una nueva misión militar de guerra contra el terrorismo islamista y que acabamos de suscribir con toda Europa un acuerdo sobre inmigración. Nos enteramos por otros gobiernos porque ninguna de las dos decisiones se ha debatido en el Congreso de los Diputados, a pesar de los plenos celebrados esta semana, incluyendo una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que estimó conveniente hurtar a las Cortes Generales todo lo que ya había pactado con la Unión Europea y con la OTAN.
La soberanía popular reside en el pueblo español y se ve representada en las Cortes Generales, como bien sabemos, y ese precepto fundamental de la Constitución española no ha cambiado, pero se convierte en papel mojado cada vez que un Gobierno decide ignorarlo, como acaba de ocurrir. Se trata de un proceso de irrelevancia progresiva del Congreso de los Diputados, convertido en una Cámara de ratificación de asuntos que se discuten fuera de esa sede parlamentaria y, otras veces, incluso fuera de España, como ha ocurrido con la ley de amnistía, que se pactó y redactó con el prófugo de Waterloo. Si los sumamos los tres, la misión militar, el pacto antiinmigración y la ley de amnistía, observaremos, además, que la conveniencia política del Gobierno es la única razón por la que estos asuntos no han sido debatidos en las Cortes Generales.
Para evitar que se pueda quebrar la fragilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, se eliminan del orden del día todos aquellos debates que puedan acabar en confrontación entre los socios de la mayoría progresista y se dejan aquellos otros que conduzcan a sesiones plenarias en las que el interpelado es el líder de la oposición. Se trata de debates peculiares, porque siempre repiten el mismo esquema: seis o siete intervenciones en las que el orador se dirige, en vez de a los bancos del Gobierno, a los escaños de la oposición y vuelca allí todas sus críticas. Es como un mitin múltiple, o pimpampum: todos alineados para zurrarle al que no gobierna.
La gravedad de esos grandes acuerdos cuyo debate se hurta a las Cortes reside en que, además de todo, se vulnera lo dispuesto legalmente. Fijémonos, por ejemplo, en la misión de la OTAN en la que participarán militares españoles en el mar Rojo. El objetivo es neutralizar a los terroristas yemeníes que atentan, con misiles y drones, contra la navegación industrial de esa zona, una ruta fundamental de mercancías que llega al Mediterráneo a través del canal de Suez. La ofensiva terrorista de los hutíes comenzó de forma paralela al ataque terrorista de Hamás contra Israel, coordinados todos ellos por Irán, al igual que Hezbolá en el Líbano. Las denuncias de algunas de las principales compañías navieras del mundo es lo que lleva a la OTAN a intervenir, con una coalición internacional de la que forma parte España, además de Francia, Canadá, Italia, el Reino Unido y, por supuesto, los Estados Unidos. Lo sabemos por qué el nombre de España ha aparecido en un comunicado de la Secretaría de Defensa de Joe Biden, ya que nadie del Gobierno español había dicho nada al respecto.
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Para el acuerdo europeo de inmigración tampoco ha existido debate alguno específico en el Congreso de los Diputados, por la misma razón que antes, la segura desavenencia entre los socios de la mayoría parlamentaria. El acuerdo se alcanzó en la madrugada del martes al miércoles en Bruselas y el Congreso de los Diputados supo de él cuando ya estaba consumado, como de pasada, en la intervención de Pedro Sánchez para dar cuenta de su semestre en la presidencia de turno en la Unión Europea. Todos sabemos que en los últimos seis meses, los que van de junio a diciembre de este 2023, lo que ha ocurrido en España es una larga campaña electoral de dos meses, unas elecciones generales, otro mes más para la constitución de las Cortes y, finalmente, otros dos meses más en los que se han producido dos sesiones de investidura y la toma de posesión de un nuevo Gobierno.
Pues bien, si se oye hablar a Pedro Sánchez de su actividad en este semestre de presidencia europea, como hizo ayer en su comparecencia en el Congreso, da la sensación de que ha diseñado hasta los Christmas con los que ha felicitado la Navidad la Unión Europea. En fin… Lo que se consigue con esa táctica es diluir lo realmente importante, como ese acuerdo de inmigración que tiene de positivo, y no es poco, el hecho de que comprometa a los 27 países miembros de la Unión Europea en un problema de la gravedad de la inmigración. La inmigración es la gasolina que utiliza la extrema derecha en toda Europa para incendiar sus discursos y, para evitarlo, lo mejor es que exista un acuerdo suscrito por todos los miembros de la UE, comprometidos a unificar legislaciones y normativas para combatir las mafias de la inmigración ilegal que afecta, sobre todo, a España, Italia y Grecia. En ese acuerdo, se contienen algunos conceptos, sobre los que habrá que volver otro día, como el de “la solidaridad obligatoria, aunque flexible”, que cuando estallen en España conllevarán un debate intenso y controvertido. Como el que tendría que haberse desarrollado en el Congreso de los Diputados, si no caminara decidido cada día hacia su propia irrelevancia.
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