¿Para qué existe la ley?, se pregunta el expulsado socialista José Luis Ábalos. Lo dice porque solo es ahí, en la Justicia, donde encuentra refugio ante la cacería de los suyos, con la esperanza de que pueda demostrar su inocencia en el escándalo de comisiones ilegales en el que está implicado, no investigado. En el torbellino de acusaciones, de juicios paralelos, de condenas inquisitoriales, el exministro mira a su alrededor, hacia la democracia española, y llega a la conclusión de que, en estas situaciones, “hay que ir a lo más elemental”, en referencia a los cimientos de un Estado de derecho. “La ley —prosigue el expulsado— existe porque tienen que existir unas normas obligadas para todos”. Y sí, claro, es así, pero, precisamente por eso, es tan desconcertante que sea el propio Ábalos quien defienda al mismo tiempo la ley de amnistía sin reparar en la grave contradicción en que incurre.
Ábalos solo repara en que la ley existe para ser cumplida cuando le afecta a él, pero no parece entender que su partido, su presidente, quiere aprobar la ley de amnistía por las mismas razones por las que a él le han exigido que se vaya del Congreso, que renuncie a todo, aunque no tenga ninguna causa judicial pendiente ni esté acusado de nada en el escándalo de su exasesor Koldo García Izaguirre. Su expulsión del PSOE y la aprobación de la amnistía tienen un objetivo compartido, la supervivencia de Pedro Sánchez. El exministro habla de respeto a la ley y, al decirlo, lo que demuestra es que la avería en la ética del sanchismo es grande. No han entendido lo fundamental de este debate, siguen sin entenderlo o sin valorarlo. No es Pedro Sánchez, como tal, ni el Gobierno, porque todo eso pasará, se trata de que los principios fundamentales de una democracia no se pueden poner en riesgo por la ambición de poder de una persona.
Estremece, y causa perplejidad, cuando oímos decir a José Luis Ábalos, al defenderse de quienes lo tratan como un apestado, que un Estado de derecho no se puede regir por la ética de quien la invoca como parapeto de otros intereses, personales o partidarios. En su única intervención en el Congreso, cuando anunció su decisión de abandonar el grupo socialista e instalarse en el grupo mixto, se refirió, además de a quienes siempre lo han detestado, a aquellos que “anteponen las cuestiones de poder a las de la justicia”.
No citó expresamente al presidente Pedro Sánchez, pero debemos entender que es a él a quien se refería. A Pedro Sánchez, y a otros muchos de sus excompañeros socialistas que ahora esgrimen “razones de ética política” para la cacería injusta, según él, a la que lo han sometido. Y por esa razón, porque la oposición conservadora invoca la ética de lo público para censurar a todo el Gobierno; porque el líder socialista exige su sacrificio en favor de una “ética política”, y porque él mismo tiene una “ética personal” que le lleva a defender su nombre y su honor; por todo ello, José Luis Ábalos es categórico cuando afirma que ninguna de ellas debe ser tenida en cuenta porque existe un criterio superior: “Lo que se impone es el cumplimiento de la ley, la confianza en la ley y que se ejerza en toda su dimensión, la de proteger y la de sancionar. Ese es el marco del que no nos debemos salir y que, al menos, debemos respetar”.
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Claro que sí, Ábalos tiene razón en eso. Es el imperio de la ley, que está muy por encima de las opiniones de cada uno de nosotros. El respeto a las normas que nos hemos dado es aquello que debe ser intocable en una democracia, porque así está recogido, como uno de los derechos fundamentales, en la Constitución, que todos los españoles “son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna”. Y cuando alguien comete un delito, no existe otro poder en el Estado, al margen del poder judicial, para determinar la culpabilidad o la inocencia de aquellos que se vean implicados en cualquier escándalo. La única posibilidad de garantizar la convivencia en una democracia es atender al juicio de los tribunales de Justicia, que aplican la ley “con serenidad, con rigor y con garantías”. También esto último lo ha dicho Ábalos como defensa, al consumarse su expulsión del Partido Socialista. Sin embargo, lo que sostiene a continuación es que seguirá votando a favor de la ley de amnistía para no perjudicar a su partido de siempre, el PSOE, ni al presidente Sánchez al que, según dice, siempre ha servido con lealtad.
La avería en la ética del sanchismo, de la que hablamos, es precisamente esa, que jamás han llegado a valorar el daño institucional que infligen a la democracia española. Todos y cada uno de ellos, incluido Ábalos, defienden, justifican y votarán a favor de la amnistía porque anteponen el poder a la justicia. Ya está dicho otras veces, y aún habrá que seguir repitiéndolo: simplemente hay cosas que no se deben hacer en democracia para alcanzar el poder. Se puede, como han demostrado, pero no se debe. Ni ética política ni ética personal, la ética democrática es la que no se puede perder jamás.
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A pesar de todo ello, si todavía le queda alguna duda democrática al expulsado Ábalos, si no es capaz de trasplantar a la amnistía aquello que reclama para sí mismo, que reflexione sobre la patraña política con la que han acompañado la justificación de las cesiones antes los independentistas catalanes, a cambio de obtener sus votos en el Congreso. Ahora que está solo en el grupo mixto, sin las anteojeras de la disciplina de voto, que mire a su alrededor y que oiga cada vez que los independentistas se burlan del PSOE y afirman que la amnistía no les compromete, que la admiten como una muestra de perdón que les pide el Estado español y que, como ya están haciendo en el Parlamento de Cataluña, volverán a aprobar leyes de independencia para instaurar una república catalana.
Este Ábalos expulsado, el que sigue diciendo que votará a favor de la ley de amnistía, que observe los escaños de su antiguo grupo cuando aplauden y proclaman que es “un instrumento para el reencuentro en Cataluña”, que no tiene otra motivación. Que se oiga a sí mismo en el patetismo de defender el trato de favor a un prófugo de la Justicia y acusar a todos quienes alertan del daño democrático, sean quienes sean, porque, según decía, todos ellos "se mueven en el ámbito del resentimiento, no superan las cosas y apuestan por el enfrentamiento". Que lo diga otra vez y, a continuación, que se haga la misma pregunta: ¿para qué existe la ley?
¿Para qué existe la ley?, se pregunta el expulsado socialista José Luis Ábalos. Lo dice porque solo es ahí, en la Justicia, donde encuentra refugio ante la cacería de los suyos, con la esperanza de que pueda demostrar su inocencia en el escándalo de comisiones ilegales en el que está implicado, no investigado. En el torbellino de acusaciones, de juicios paralelos, de condenas inquisitoriales, el exministro mira a su alrededor, hacia la democracia española, y llega a la conclusión de que, en estas situaciones, “hay que ir a lo más elemental”, en referencia a los cimientos de un Estado de derecho. “La ley —prosigue el expulsado— existe porque tienen que existir unas normas obligadas para todos”. Y sí, claro, es así, pero, precisamente por eso, es tan desconcertante que sea el propio Ábalos quien defienda al mismo tiempo la ley de amnistía sin reparar en la grave contradicción en que incurre.
Ábalos solo repara en que la ley existe para ser cumplida cuando le afecta a él, pero no parece entender que su partido, su presidente, quiere aprobar la ley de amnistía por las mismas razones por las que a él le han exigido que se vaya del Congreso, que renuncie a todo, aunque no tenga ninguna causa judicial pendiente ni esté acusado de nada en el escándalo de su exasesor Koldo García Izaguirre. Su expulsión del PSOE y la aprobación de la amnistía tienen un objetivo compartido, la supervivencia de Pedro Sánchez. El exministro habla de respeto a la ley y, al decirlo, lo que demuestra es que la avería en la ética del sanchismo es grande. No han entendido lo fundamental de este debate, siguen sin entenderlo o sin valorarlo. No es Pedro Sánchez, como tal, ni el Gobierno, porque todo eso pasará, se trata de que los principios fundamentales de una democracia no se pueden poner en riesgo por la ambición de poder de una persona.
Estremece, y causa perplejidad, cuando oímos decir a José Luis Ábalos, al defenderse de quienes lo tratan como un apestado, que un Estado de derecho no se puede regir por la ética de quien la invoca como parapeto de otros intereses, personales o partidarios. En su única intervención en el Congreso, cuando anunció su decisión de abandonar el grupo socialista e instalarse en el grupo mixto, se refirió, además de a quienes siempre lo han detestado, a aquellos que “anteponen las cuestiones de poder a las de la justicia”.
No citó expresamente al presidente Pedro Sánchez, pero debemos entender que es a él a quien se refería. A Pedro Sánchez, y a otros muchos de sus excompañeros socialistas que ahora esgrimen “razones de ética política” para la cacería injusta, según él, a la que lo han sometido. Y por esa razón, porque la oposición conservadora invoca la ética de lo público para censurar a todo el Gobierno; porque el líder socialista exige su sacrificio en favor de una “ética política”, y porque él mismo tiene una “ética personal” que le lleva a defender su nombre y su honor; por todo ello, José Luis Ábalos es categórico cuando afirma que ninguna de ellas debe ser tenida en cuenta porque existe un criterio superior: “Lo que se impone es el cumplimiento de la ley, la confianza en la ley y que se ejerza en toda su dimensión, la de proteger y la de sancionar. Ese es el marco del que no nos debemos salir y que, al menos, debemos respetar”.
Claro que sí, Ábalos tiene razón en eso. Es el imperio de la ley, que está muy por encima de las opiniones de cada uno de nosotros. El respeto a las normas que nos hemos dado es aquello que debe ser intocable en una democracia, porque así está recogido, como uno de los derechos fundamentales, en la Constitución, que todos los españoles “son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna”. Y cuando alguien comete un delito, no existe otro poder en el Estado, al margen del poder judicial, para determinar la culpabilidad o la inocencia de aquellos que se vean implicados en cualquier escándalo. La única posibilidad de garantizar la convivencia en una democracia es atender al juicio de los tribunales de Justicia, que aplican la ley “con serenidad, con rigor y con garantías”. También esto último lo ha dicho Ábalos como defensa, al consumarse su expulsión del Partido Socialista. Sin embargo, lo que sostiene a continuación es que seguirá votando a favor de la ley de amnistía para no perjudicar a su partido de siempre, el PSOE, ni al presidente Sánchez al que, según dice, siempre ha servido con lealtad.
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A pesar de todo ello, si todavía le queda alguna duda democrática al expulsado Ábalos, si no es capaz de trasplantar a la amnistía aquello que reclama para sí mismo, que reflexione sobre la patraña política con la que han acompañado la justificación de las cesiones antes los independentistas catalanes, a cambio de obtener sus votos en el Congreso. Ahora que está solo en el grupo mixto, sin las anteojeras de la disciplina de voto, que mire a su alrededor y que oiga cada vez que los independentistas se burlan del PSOE y afirman que la amnistía no les compromete, que la admiten como una muestra de perdón que les pide el Estado español y que, como ya están haciendo en el Parlamento de Cataluña, volverán a aprobar leyes de independencia para instaurar una república catalana.
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