A los comportamientos mafiosos de un Gobierno democrático, como el independentista que gobierna la Generalitat de Cataluña desde hace más de una década, se les llama inseguridad jurídica en el lenguaje de los negocios. La inseguridad jurídica que provoca quien está dispuesto a cambiar las leyes para atosigar y acorralar a las empresas que no se sumen a sus propósitos y para premiar a aquellas que se presten. La inseguridad jurídica de quien utiliza las normas para multar, señalar y acorralar a los comercios y pequeños empresarios que se resisten a que les impongan la exclusividad de una lengua.

La inseguridad jurídica del limbo internacional al que se les quiere conducir, sin reconocimiento diplomático de ni un solo país del mundo. El dinero es precavido, siempre busca refugio y lugares seguros, no tiene patria, como bien se sabe, y, además de todo eso, es un chulo que hace lo que le place, porque para eso tiene la clave de su caja fuerte. De modo que las empresas, la mayoría de las empresas, huyen escaldadas cuando un Gobierno democrático de comportamiento autoritario empieza a hacer locuras y sus dirigentes se muestran dispuestos a hundir el país que gobiernan. La independencia de Cataluña, declarada por el Parlamento en el otoño de 2017, es una operación política tan desquiciada, por absurda y lesiva para la propia Cataluña, que las empresas, por miles, grandes, pequeñas y medianas, todo el que pudo, cerraron sus oficinas, plegaron las persianas de sus negocios y se largaron a otra parte. A un lugar en el que los gobiernos se ofrecieran a solucionar sus problemas, en vez de permanecer en un lugar en el que cada mañana se asomaban a las noticias a ver qué nuevo disparate se les había ocurrido. No es posible que haya muchos más precedentes de un desastre así en una democracia europea, en tiempos de normalidad y de estabilidad.

Los empresarios son los únicos que fueron más rápidos en irse de Cataluña que Carles Puigdemont, el fatídico presidente catalán de aquel momento. Salvando las distancias, por supuesto, porque el muy lamentable president se fugó oculto en el maletero de un coche, huyendo de la Justicia, y los empresarios se marcharon buscando justicia, a plena luz del día, después de convocar sus consejos de administración y de que se hubieran ignorado todas sus advertencias.

En un solo día, aquel día de la declaración de independencia, se marcharon de Cataluña más de 200 empresas. Todas las compañías catalanas del Ibex 35, menos una, trasladaron su sede social fuera de aquella locura: Banco Sabadell, CaixaBank, Naturgy, Abertis, Cellnex y Colonial se fueron, y se quedó una farmacéutica, Grifols, que allí sigue aún, en Barcelona. Además de esas, otras muchas, de todos los sectores, desde Bimbo a Cervezas San Miguel, pasando por todas las grandes compañías de seguros. Hasta Radiotaxi Barcelona decidió trasladar su sede social a Madrid, lo cual ya es simbólico del hartazgo de todos ellos, además de la insoportable inseguridad de no saber qué puede pasar al finalizar cada día, qué otra locura legislativa o represión normativa se les podía ocurrir a los independentistas.

La gran fuga de empresas se produjo, como decimos, en aquel octubre de 2017, pero desde varios años antes ya se estaba detectando ese exilio empresarial. Es fácilmente comprobable si repasamos, a sensu contrario, los desmentidos de los........

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