Los narcos del hachís no son la prioridad. Guardias civiles que lo han visto todo en el Estrecho, que son, desde hace casi medio siglo, la memoria del tráfico de sustancias en toda la zona, una superficie tan amplia como la que abarca la costa andaluza desde la desembocadura del Guadalquivir hasta la Costa del Sol, tienen claro lo que está ocurriendo: ha habido un cambio de prioridades en el Gobierno de Pedro Sánchez. De convertirse en abanderado de la lucha contra el narcotráfico en el primer Gobierno, en julio de 2018, hasta la situación actual en la que, sencillamente, la lucha contra el narcotráfico no es la prioridad. Tampoco habría de extrañarnos que, también en esto, haya habido un cambio de opinión. La cuestión es que, por razones que se desconocen, aunque no falten las hipótesis, desde 2022 los guardias civiles de la zona han comenzado a percibir con claridad que el desmantelamiento del Organismo de Coordinación contra el Narcotráfico, el conocido por sus siglas OCON-Sur, era solo la punta de lanza de un progresivo abandono.

Una tragedia, como la ocurrida el viernes pasado en el puerto de Barbate, es también una espoleta que destapa un escándalo mayor, sostenido, a lo largo de los últimos años, en que más de una veintena de policías y guardias civiles han muerto en enfrentamientos con los narcos o por la acción criminal directa de estos. Esa estrategia sangrienta de acoso a las fuerzas de seguridad del Estado es, precisamente, lo que ha llevado a la fiscal antidroga del Estrecho a calificar la situación de “narcoterrorismo”, sustentada en la evidencia de que la pretensión última de los delincuentes es crear en el litoral andaluz un narcoestado, con el único imperio de sus capos.

Ha sido ahora, cuando la opinión pública española ha visto los vídeos demoledores de unos narcos humillando con sus potentes lanchas a los guardias civiles que pretendían ahuyentarlos a bordo de una zódiac neumática, cuando ha estallado la pregunta que podría haberse hecho hace años: ¿por qué el Estado obliga a los policías y guardias civiles a enfrentarse a los narcos con tanta precariedad, sin medios? Esta es la contestación, agrupada, que varios de esos guardias civiles han querido hacer llegar a El Confidencial, con petición expresa de que se preserve su anonimato por temor a sanciones y represalias.

Dice así: “Nosotros no entramos en el porqué, ya que no alcanzamos a esas razones, pero sí constatamos un progresivo distanciamiento y concluimos que, claramente, el Gobierno no tiene intención de terminar con el tráfico de hachís. Si existiera esa política, como ha existido en otros periodos, no se permitiría, por ejemplo, que en todo en el sur de la Península no haya embarcaciones de alta velocidad en el servicio marítimo. En estos últimos años, la Guardia Civil, obviamente a través del Gobierno, se ha dedicado a comprar embarcaciones más bien dotadas para el rescate e interceptación de migrantes que para perseguir las narcolanchas. Por esa razón, se adquieren embarcaciones que alcanzan una velocidad máxima de unos 20 a 25 nudos, mientras que los narcotraficantes utilizan gomas, como se dice en el argot, que llegan a los 60 nudos. Se trata de embarcaciones de tres motores, capaces de transportar más de 1.000 kilos de hachís, cuyo coste puede rondar los 400.000 euros. ¿Pero qué supone esa cantidad para un negocio como este, que abastece a toda Europa? Nada. Pues bien, frente a eso, la Guardia Civil solo cuenta con dos patrulleras dotadas para alcanzar esas altas velocidades, que están fondeadas en Huelva y en Algeciras, pero que están más tiempo averiadas que operativas”.