Tiene razón Pedro Sánchez cuando dice que es un error de estrategia política intentar correr una maratón como si fuera una carrera de 100 metros. Una legislatura es una maratón, una campaña electoral son los 100 metros, y un político, al igual que un atleta, no se puede emplear con la misma táctica en ambas carreras porque corre el riesgo de desfondarse o de llegar el último, según el caso. Por eso, Sánchez le aconseja al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que mida sus fuerzas, que la legislatura va a ser larga. Se lo dice, no como consejo sino como mofa, claro, para ver si lo desconcierta más. Pero, en todo caso, es verdad.
Como se ha advertido aquí en otras ocasiones, el revés de las elecciones, que no fue cualquier cosa, parece haber trastocado la personalidad política de Feijóo. Es comprensible. Debe haberlo marcado hasta desubicarlo y, aunque pasan las semanas y los meses, no habrá nadie en el Partido Popular dispuesto a afirmar que su líder se ha recuperado plenamente. En un sistema parlamentario como el nuestro, es muy fácil determinar el éxito de la oposición con la contestación simple de una pregunta: ¿consigue marcar la agenda política del Gobierno? Si la respuesta es no, como ocurre en la actualidad, es que la oposición que se realiza al Gobierno no es efectiva. De hecho, la inmensa mayoría de las propuestas y mensajes que se transmiten son completamente previsibles, casi sin sustancia, fabricados con la exclusiva intención de llenar de contenido una rueda de prensa. Podemos poner el ejemplo de la última decisión, la de presentar en todos los ayuntamientos de España mociones de reprobación contra la moción de censura con la que el PSOE y Bildu van a desalojar a la alcaldesa de Pamplona, de Unión del Pueblo Navarro. Está claro que se trata de un acuerdo censurable, el ‘pacto de los cínicos, escondido de forma bochornosa por ambos partidos, pero intentar estirar esa polémica durante meses es completamente absurdo.
Sostienen en el PP la peregrina idea de que, de esta forma, con cientos o miles de mociones en grandes ciudades, pueblos y aldeas, obligarán “a retratarse a concejalas y concejales” y así podrán comprobar si alguno de ellos es infiel o crítico con Pedro Sánchez. Pensar, en un sentido o en otro, que una iniciativa tan banal puede desgastar al líder socialista es algo desconcertante. Pero ha sido así; en la sede de la calle Génova se reúnen, como todos los lunes, los dirigentes más importantes de ese partido, los del comité de dirección, y la mejor idea que se les ocurre es esa… El Partido Popular gobierna en 30 capitales de provincias, además de en otros 3.193 municipios de toda España. Según sus propios datos, eso significa que gestionan los intereses locales del 46,5% de la sociedad española, más de 22 millones de personas, que seguro que tienen muy claro lo que piensan del pacto indigno de Pamplona y lo que quieren oír de su alcalde es cómo piensa arreglar las aceras o la recogida de basuras. La mejor ayuda que pueden prestarle a Núñez Feijóo los miles de ayuntamientos en los que gobierna el PP es consolidar ese electorado, fundamental para ganar unas elecciones autonómicas y generales.
Es exactamente lo mismo que se puede aplicar a las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. Lo peor de todo es intentar convertir esos parlamentos regionales, por mera inercia, en una especie de cámaras de tercera lectura de las políticas nacionales, después de que en el Congreso y en el Senado se hayan trillado y machacado los debates. Carece completamente de sentido y, sin embargo, es la estrategia política habitual. La más elemental, la que menos esfuerzo requiere. Pensemos, por ejemplo, en las numerosas materias de competencias transferidas o compartidas, con las que el PP, con la enorme fuerza que tiene en gobiernos autonómicos y locales, podría plantear iniciativas que comprometan al Gobierno de Sánchez. Desde la vivienda hasta la sanidad, los populares tienen la fuerza institucional necesaria, contando además con la mayoría absoluta del Senado, para intentar marcar la agenda política al Gobierno. Desde luego, como no se consigue ese objetivo es esperando a que sean los ministros los que presenten sus propuestas, para luego criticarlas en una rueda de prensa.
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Es obvio y comprensible, como se decía antes, que un varapalo como el de las elecciones de julio pasado no es fácil de superar y que el líder socialista ya ha demostrado que es capaz de todo para no desarmar la mayoría parlamentaria que lo sustenta; todo eso es así, pero no es menos relevante el hecho de que Núñez Feijóo cuenta con la mayor potencia de oposición con la que ha contado antes ningún aspirante a la Moncloa.
El pasado debate de admisión a trámite de la ley de amnistía ya ofreció señales muy evidentes de cansancio, de agotamiento del discurso, por parte de Núñez Feijóo como líder de la oposición. Ya sabemos que el desahogo y la frivolidad del Gobierno añaden, incluso, más gravedad a las consecuencias de una amnistía, una amnistía contra la democracia española, pero el Partido Popular necesita incorporar mensajes nuevos y estrategias novedosas a su discurso. Eso, además de intentar cerrar vías de agua, como las que abren incautos disparatados, como ese senador Monago, cuando asume el discurso del independentismo y admite que en España existe lawfare. Probablemente, el tal, que hasta fue presidente de Extremadura, ni sabe lo que es lawfare ni le importa un bledo el daño que pueda hacerle a su propio partido. La cuestión es que no se ha oído a nadie del PP desacreditándolo, como merece. Que lo único que nos faltaba es que, además del disparate que está perpetrando este Partido Socialista con la amnistía, el otro gran partido de España se despeñara, igualmente, por esa pendiente de fruslería política.
A ver si consigue esa mayor solidez cuando vaya a ver a Pedro Sánchez a la Moncloa —el líder del PP acierta al enfriar esa cita, sobre todo tras el discurso totalitario del PSOE cuando esgrime que “tiene la obligación” de acudir; es un deber, en todo caso, las obligaciones para otros regímenes—. Ya veremos entonces si Alberto Núñez Feijóo es capaz de plantear algo más que las cuatro frases que le sirven para animar cada mitin dominical, pero no para comprometer al Gobierno.
Tiene razón Pedro Sánchez cuando dice que es un error de estrategia política intentar correr una maratón como si fuera una carrera de 100 metros. Una legislatura es una maratón, una campaña electoral son los 100 metros, y un político, al igual que un atleta, no se puede emplear con la misma táctica en ambas carreras porque corre el riesgo de desfondarse o de llegar el último, según el caso. Por eso, Sánchez le aconseja al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que mida sus fuerzas, que la legislatura va a ser larga. Se lo dice, no como consejo sino como mofa, claro, para ver si lo desconcierta más. Pero, en todo caso, es verdad.
Como se ha advertido aquí en otras ocasiones, el revés de las elecciones, que no fue cualquier cosa, parece haber trastocado la personalidad política de Feijóo. Es comprensible. Debe haberlo marcado hasta desubicarlo y, aunque pasan las semanas y los meses, no habrá nadie en el Partido Popular dispuesto a afirmar que su líder se ha recuperado plenamente. En un sistema parlamentario como el nuestro, es muy fácil determinar el éxito de la oposición con la contestación simple de una pregunta: ¿consigue marcar la agenda política del Gobierno? Si la respuesta es no, como ocurre en la actualidad, es que la oposición que se realiza al Gobierno no es efectiva. De hecho, la inmensa mayoría de las propuestas y mensajes que se transmiten son completamente previsibles, casi sin sustancia, fabricados con la exclusiva intención de llenar de contenido una rueda de prensa. Podemos poner el ejemplo de la última decisión, la de presentar en todos los ayuntamientos de España mociones de reprobación contra la moción de censura con la que el PSOE y Bildu van a desalojar a la alcaldesa de Pamplona, de Unión del Pueblo Navarro. Está claro que se trata de un acuerdo censurable, el ‘pacto de los cínicos, escondido de forma bochornosa por ambos partidos, pero intentar estirar esa polémica durante meses es completamente absurdo.
Sostienen en el PP la peregrina idea de que, de esta forma, con cientos o miles de mociones en grandes ciudades, pueblos y aldeas, obligarán “a retratarse a concejalas y concejales” y así podrán comprobar si alguno de ellos es infiel o crítico con Pedro Sánchez. Pensar, en un sentido o en otro, que una iniciativa tan banal puede desgastar al líder socialista es algo desconcertante. Pero ha sido así; en la sede de la calle Génova se reúnen, como todos los lunes, los dirigentes más importantes de ese partido, los del comité de dirección, y la mejor idea que se les ocurre es esa… El Partido Popular gobierna en 30 capitales de provincias, además de en otros 3.193 municipios de toda España. Según sus propios datos, eso significa que gestionan los intereses locales del 46,5% de la sociedad española, más de 22 millones de personas, que seguro que tienen muy claro lo que piensan del pacto indigno de Pamplona y lo que quieren oír de su alcalde es cómo piensa arreglar las aceras o la recogida de basuras. La mejor ayuda que pueden prestarle a Núñez Feijóo los miles de ayuntamientos en los que gobierna el PP es consolidar ese electorado, fundamental para ganar unas elecciones autonómicas y generales.
Es exactamente lo mismo que se puede aplicar a las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. Lo peor de todo es intentar convertir esos parlamentos regionales, por mera inercia, en una especie de cámaras de tercera lectura de las políticas nacionales, después de que en el Congreso y en el Senado se hayan trillado y machacado los debates. Carece completamente de sentido y, sin embargo, es la estrategia política habitual. La más elemental, la que menos esfuerzo requiere. Pensemos, por ejemplo, en las numerosas materias de competencias transferidas o compartidas, con las que el PP, con la enorme fuerza que tiene en gobiernos autonómicos y locales, podría plantear iniciativas que comprometan al Gobierno de Sánchez. Desde la vivienda hasta la sanidad, los populares tienen la fuerza institucional necesaria, contando además con la mayoría absoluta del Senado, para intentar marcar la agenda política al Gobierno. Desde luego, como no se consigue ese objetivo es esperando a que sean los ministros los que presenten sus propuestas, para luego criticarlas en una rueda de prensa.
Es obvio y comprensible, como se decía antes, que un varapalo como el de las elecciones de julio pasado no es fácil de superar y que el líder socialista ya ha demostrado que es capaz de todo para no desarmar la mayoría parlamentaria que lo sustenta; todo eso es así, pero no es menos relevante el hecho de que Núñez Feijóo cuenta con la mayor potencia de oposición con la que ha contado antes ningún aspirante a la Moncloa.
El pasado debate de admisión a trámite de la ley de amnistía ya ofreció señales muy evidentes de cansancio, de agotamiento del discurso, por parte de Núñez Feijóo como líder de la oposición. Ya sabemos que el desahogo y la frivolidad del Gobierno añaden, incluso, más gravedad a las consecuencias de una amnistía, una amnistía contra la democracia española, pero el Partido Popular necesita incorporar mensajes nuevos y estrategias novedosas a su discurso. Eso, además de intentar cerrar vías de agua, como las que abren incautos disparatados, como ese senador Monago, cuando asume el discurso del independentismo y admite que en España existe lawfare. Probablemente, el tal, que hasta fue presidente de Extremadura, ni sabe lo que es lawfare ni le importa un bledo el daño que pueda hacerle a su propio partido. La cuestión es que no se ha oído a nadie del PP desacreditándolo, como merece. Que lo único que nos faltaba es que, además del disparate que está perpetrando este Partido Socialista con la amnistía, el otro gran partido de España se despeñara, igualmente, por esa pendiente de fruslería política.
A ver si consigue esa mayor solidez cuando vaya a ver a Pedro Sánchez a la Moncloa —el líder del PP acierta al enfriar esa cita, sobre todo tras el discurso totalitario del PSOE cuando esgrime que “tiene la obligación” de acudir; es un deber, en todo caso, las obligaciones para otros regímenes—. Ya veremos entonces si Alberto Núñez Feijóo es capaz de plantear algo más que las cuatro frases que le sirven para animar cada mitin dominical, pero no para comprometer al Gobierno.
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