La impunidad es una certeza tangible para el narcotraficante. Lo saben bien porque lo comprueban a diario: disponen de un negocio multimillonario, cuentan con mejores medios que los cuerpos policiales y disfrutan de un sistema penal asumible, sin grandes condenas. Por eso, en Barbate, la otra noche, el viernes de la tragedia, los soldados de los narcotraficantes jaleaban a sus capitanes como si disfrutaran de un videojuego de matar policías.
"¡Vamos, pasadlos por lo alto, hombre, que están echándole huevos, a ver si se ahogan los perros estos!". No existe el menor atisbo de duda sobre la superioridad con la que cuentan y es, en ese punto, en el que surgen tres preguntas clave sobre la tragedia que ha costado la vida a los dos guardias civiles asesinados: por qué ordenó el ministro Marlaska desmantelar el operativo especial contra los narcotraficantes, por qué no se incrementan las penas contra las bandas de la droga y por qué se envió a esos guardias civiles a una misión suicida. Son las tres preguntas, además, de las que debería responder el Gobierno de Pedro Sánchez y que, hasta ahora, va eludiendo con evasivas y falsedades, acaso porque ninguna de ellas tiene una respuesta ni convincente ni decente.
Para comenzar a decir las cosas con la rotundidad y la gravedad debidas, habría que comenzar por la calificación de lo que sucede: no es narcotráfico, es narcoterrorismo. La expresión procede, además, de quien tiene suficiente cualificación y conocimiento del problema para hacerlo, la fiscal jefa Antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo: “Esto es narcoterrorismo”. Esa es la calificación, en efecto, cuando se trata de bandas organizadas cuyo objetivo no es eludir a las fuerzas de orden público, sino enfrentarse a ellas para hacerlas desaparecer de la zona, que se extiende a los dos lados del Estrecho, desde Barbate hasta La Línea, y crear en esa franja un narcoestado. Evidentemente, no se trata de un mero debate nominalista, porque la consideración de narcoterrorismo lo que llevaría aparejada es la dotación correspondiente por parte del Estado, tanto en medios humanos y materiales como en el desarrollo legislativo.
Los traficantes saben que, si son detenidos, lo normal será una pena de seis años de cárcel, que se quedan en tres. También saben que no existe sanción apenas para quienes colaboran con chivatazos para alertar de la llegada de las patrullas y porteadores de la playa a los que les pagan entre 1.000 y 3.000 euros al mes. En todo caso, no basta con el incremento necesario de las penas, la desconsideración del problema se agría en momentos como los de estos días al pensar en las víctimas. Los asesinatos por terrorismo en España, ya sea el islamista o el etarra, ya extinguido, tienen una consideración legal muy distinta a los asesinatos de los guardias civiles y policías que mueren cuando se enfrentan a los narcotraficantes del sur. Aquí serán muertes en acto de servicio, y es con lo que se tendrán que conformar sus huérfanos y sus viudas.
De Sanlúcar a Barbate: las vías más utilizadas por los narcotraficantes
Al no estar considerado narcoterrorismo, tampoco se dispone de medios suficientes para enfrentarse a esa plaga, ni la Fiscalía, ni la judicatura ni los cuerpos policiales. Lo más llamativo de esta cuestión, y a la vez indignante, es que el ministro Grande-Marlaska ha sido el único que, nada más llegar al cargo, ordenó la creación de un órgano de coordinación de la lucha contra el narcotráfico, el conocido por sus siglas OCON-Sur y, cuando funcionaba a pleno rendimiento, decidió desmantelarlo. La superioridad combativa de los narcos se produce justo por esa acción inexplicada. El operativo se montó en agosto de 2018, un mes después de que el juez Marlaska aceptara el encargo de Pedro Sánchez, y se desmanteló en agosto de 2022, a pesar de haber logrado innumerables éxitos, con la desarticulación de grandes organizaciones criminales. ¿Por qué lo desmantelaron?
Ahí fue donde comenzó a falsear la verdad el ministro Marlaska cuando, ante la sorpresa de todos, aseguró que no se trataba de un “desmantelamiento” sino de una “reestructuración”. No es cierto: el operativo, como tal, desapareció y muchos de los 150 agentes con los que contaban fueron marchándose a otros destinos. En su día, la justificación extraoficial que se ofreció tenía que ver con la precariedad de toda la Guardia Civil y la necesidad de distribuir agentes por otras zonas infradotadas. Otros, sin embargo, mencionaron el carácter y los métodos “poco ortodoxos” empleados por el mando del OCON-Sur, el teniente coronel David Oliva, que continúa siendo investigado, junto a otros dos agentes, por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho.
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Existe una tercera versión, que es la que manejan algunos sindicatos policiales, sin precisar nada: vinculan el desmantelamiento del OCON-Sur con las exigencias de Marruecos al Gobierno de España, tras la crisis diplomática entre los dos países por la absurda decisión de hospitalizar de forma clandestina al líder del pueblo saharaui, Brahim Gali. La crisis surgió en 2021, provocó la invasión de Ceuta y, para solventarla, el presidente Sánchez se vio obligado a destituir a la ministra de Asuntos Exteriores, primero, y posteriormente a reconocerle a Marruecos la soberanía del Sáhara. Eso se produjo en marzo de 2022, en abril, el presidente Pedro Sánchez viajó a Marruecos y se reunió con Mohamed VI, y en agosto se desmanteló el operativo policial contra el tráfico de drogas. ¿Se trata de una cesión más?
“Hay que ver quién se beneficia del hachís y a quién perjudicaba que el OCON frustrase su negocio de drogas”, responde el sindicato Jucil, pero ellos mismos admiten que no disponen de ninguna prueba para avalar esa acusación. De hecho, es muy probable que no se trate más que de una mera especulación, sin sustento alguno, y de una extraordinaria gravedad, por mucho que sea cierto que Marruecos es uno de los mayores productores mundiales de hachís.
La razón del desmantelamiento de aquel operativo tiene que estar relacionada con lo mencionado antes, la precariedad insultante a la que se somete a la Guardia Civil y la desconsideración del problema real del narcoterrorismo. La misma irreflexiva desatención que nos conduce a la pregunta más inmediata, también sin responder: con las tres lanchas de la Guardia Civil averiadas, ¿quién ordenó a los guardias civiles a que se enfrentaran con una zódiac neumática a los narcotraficantes que habían fondeado sus potentes embarcaciones en el puerto de Barbate? Al verlos llegar, los narcos obtuvieron la certeza tangible de su impunidad. Y lo exclamaron. “Pasadlos por lo alto, a ver si se ahogan esos perros”.
La impunidad es una certeza tangible para el narcotraficante. Lo saben bien porque lo comprueban a diario: disponen de un negocio multimillonario, cuentan con mejores medios que los cuerpos policiales y disfrutan de un sistema penal asumible, sin grandes condenas. Por eso, en Barbate, la otra noche, el viernes de la tragedia, los soldados de los narcotraficantes jaleaban a sus capitanes como si disfrutaran de un videojuego de matar policías.
"¡Vamos, pasadlos por lo alto, hombre, que están echándole huevos, a ver si se ahogan los perros estos!". No existe el menor atisbo de duda sobre la superioridad con la que cuentan y es, en ese punto, en el que surgen tres preguntas clave sobre la tragedia que ha costado la vida a los dos guardias civiles asesinados: por qué ordenó el ministro Marlaska desmantelar el operativo especial contra los narcotraficantes, por qué no se incrementan las penas contra las bandas de la droga y por qué se envió a esos guardias civiles a una misión suicida. Son las tres preguntas, además, de las que debería responder el Gobierno de Pedro Sánchez y que, hasta ahora, va eludiendo con evasivas y falsedades, acaso porque ninguna de ellas tiene una respuesta ni convincente ni decente.
Para comenzar a decir las cosas con la rotundidad y la gravedad debidas, habría que comenzar por la calificación de lo que sucede: no es narcotráfico, es narcoterrorismo. La expresión procede, además, de quien tiene suficiente cualificación y conocimiento del problema para hacerlo, la fiscal jefa Antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo: “Esto es narcoterrorismo”. Esa es la calificación, en efecto, cuando se trata de bandas organizadas cuyo objetivo no es eludir a las fuerzas de orden público, sino enfrentarse a ellas para hacerlas desaparecer de la zona, que se extiende a los dos lados del Estrecho, desde Barbate hasta La Línea, y crear en esa franja un narcoestado. Evidentemente, no se trata de un mero debate nominalista, porque la consideración de narcoterrorismo lo que llevaría aparejada es la dotación correspondiente por parte del Estado, tanto en medios humanos y materiales como en el desarrollo legislativo.
Los traficantes saben que, si son detenidos, lo normal será una pena de seis años de cárcel, que se quedan en tres. También saben que no existe sanción apenas para quienes colaboran con chivatazos para alertar de la llegada de las patrullas y porteadores de la playa a los que les pagan entre 1.000 y 3.000 euros al mes. En todo caso, no basta con el incremento necesario de las penas, la desconsideración del problema se agría en momentos como los de estos días al pensar en las víctimas. Los asesinatos por terrorismo en España, ya sea el islamista o el etarra, ya extinguido, tienen una consideración legal muy distinta a los asesinatos de los guardias civiles y policías que mueren cuando se enfrentan a los narcotraficantes del sur. Aquí serán muertes en acto de servicio, y es con lo que se tendrán que conformar sus huérfanos y sus viudas.
Al no estar considerado narcoterrorismo, tampoco se dispone de medios suficientes para enfrentarse a esa plaga, ni la Fiscalía, ni la judicatura ni los cuerpos policiales. Lo más llamativo de esta cuestión, y a la vez indignante, es que el ministro Grande-Marlaska ha sido el único que, nada más llegar al cargo, ordenó la creación de un órgano de coordinación de la lucha contra el narcotráfico, el conocido por sus siglas OCON-Sur y, cuando funcionaba a pleno rendimiento, decidió desmantelarlo. La superioridad combativa de los narcos se produce justo por esa acción inexplicada. El operativo se montó en agosto de 2018, un mes después de que el juez Marlaska aceptara el encargo de Pedro Sánchez, y se desmanteló en agosto de 2022, a pesar de haber logrado innumerables éxitos, con la desarticulación de grandes organizaciones criminales. ¿Por qué lo desmantelaron?
Ahí fue donde comenzó a falsear la verdad el ministro Marlaska cuando, ante la sorpresa de todos, aseguró que no se trataba de un “desmantelamiento” sino de una “reestructuración”. No es cierto: el operativo, como tal, desapareció y muchos de los 150 agentes con los que contaban fueron marchándose a otros destinos. En su día, la justificación extraoficial que se ofreció tenía que ver con la precariedad de toda la Guardia Civil y la necesidad de distribuir agentes por otras zonas infradotadas. Otros, sin embargo, mencionaron el carácter y los métodos “poco ortodoxos” empleados por el mando del OCON-Sur, el teniente coronel David Oliva, que continúa siendo investigado, junto a otros dos agentes, por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho.
Existe una tercera versión, que es la que manejan algunos sindicatos policiales, sin precisar nada: vinculan el desmantelamiento del OCON-Sur con las exigencias de Marruecos al Gobierno de España, tras la crisis diplomática entre los dos países por la absurda decisión de hospitalizar de forma clandestina al líder del pueblo saharaui, Brahim Gali. La crisis surgió en 2021, provocó la invasión de Ceuta y, para solventarla, el presidente Sánchez se vio obligado a destituir a la ministra de Asuntos Exteriores, primero, y posteriormente a reconocerle a Marruecos la soberanía del Sáhara. Eso se produjo en marzo de 2022, en abril, el presidente Pedro Sánchez viajó a Marruecos y se reunió con Mohamed VI, y en agosto se desmanteló el operativo policial contra el tráfico de drogas. ¿Se trata de una cesión más?
“Hay que ver quién se beneficia del hachís y a quién perjudicaba que el OCON frustrase su negocio de drogas”, responde el sindicato Jucil, pero ellos mismos admiten que no disponen de ninguna prueba para avalar esa acusación. De hecho, es muy probable que no se trate más que de una mera especulación, sin sustento alguno, y de una extraordinaria gravedad, por mucho que sea cierto que Marruecos es uno de los mayores productores mundiales de hachís.
La razón del desmantelamiento de aquel operativo tiene que estar relacionada con lo mencionado antes, la precariedad insultante a la que se somete a la Guardia Civil y la desconsideración del problema real del narcoterrorismo. La misma irreflexiva desatención que nos conduce a la pregunta más inmediata, también sin responder: con las tres lanchas de la Guardia Civil averiadas, ¿quién ordenó a los guardias civiles a que se enfrentaran con una zódiac neumática a los narcotraficantes que habían fondeado sus potentes embarcaciones en el puerto de Barbate? Al verlos llegar, los narcos obtuvieron la certeza tangible de su impunidad. Y lo exclamaron. “Pasadlos por lo alto, a ver si se ahogan esos perros”.
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