La palabra sequía no está en los acuerdos. Cero. Debería ser la prueba definitiva de la estafa independentista a Cataluña, el ejemplo último de la malversación política de ese personal. Convencidos, simpatizantes e indecisos del independentismo catalán solo tienen que revisar los documentos y las declaraciones sobre lo que han exigido para garantizar a Pedro Sánchez una nueva investidura como presidente del Gobierno. Ya verán que la palabra sequía no aparece por ninguna parte. En seis meses de exigencias, ni una sola mención a la sequía. Cuando repasen esos documentos, verán que en lo que sí han pensado ha sido en ellos, en evadir las causas judiciales que tienen pendientes. Es la única exigencia de cumplimiento inmediato, la ley de amnistía, sin demora alguna, porque es lo que les importa, su propia supervivencia como grupo de poder. Ni agua ni vergüenza.
Igual que la falta de agua descubre en el fondo de los pantanos aldeas que quedaron inundadas hace decenas de años, igual que la torre de una iglesia emerge de las aguas, como los restos de una ciudad fantasma, así debería contemplarse ahora el independentismo. Así deberían contemplarlo los catalanes que siguen sosteniendo esa enorme trola que los ha llevado a pensar que la causa de todos sus males y la esperanza de todos sus anhelos están en romper con España, que les roba desde la invasión inventada que celebran cada 11 de septiembre.
El independentismo siempre propone un debate analfabeto en lo cultural e ignaro en lo económico, porque se inventa el pasado y oculta el declive del presente, pero las situaciones de crisis como la que estamos viviendo con la sequía deben servir para abrir los ojos. No hay ni un solo aspecto de la gestión de un Gobierno, sea la materia que sea, en que Cataluña no ofrezca un declive constante y sostenido en la última década. Educación, Sanidad, economía, obras públicas… Todo va a peor, como se temía, y con el paso de los años se puede refrendar con datos concretos. La mejor explicación del porqué de este deterioro la tenemos, como queda dicho, en estos acuerdos recientes, los exigidos a Pedro Sánchez.
En los 14 folios del documento que firmaron el ministro Félix Bolaños y Oriol Junqueras, además de la palabrería habitual de implementaciones y desdoblamiento de género, se detallan algunas inversiones y transferencias exigidas al Estado, pero nada que tenga que ver con el abastecimiento de agua. Se recordará el interés de los independentistas de Esquerra por el traspaso de los trenes de Cercanías de Cataluña, los Rodalies, pero también se incluyeron otros acuerdos concretos, desde la financiación de los Mossos d'Esquadra hasta una comisión para analizar el estado de los inmuebles de Cataluña que son propiedad del Estado, pasando por la mejora de los servicios penitenciarios. Pero de sequía, nada.
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Es lo mismo que ocurre con los acuerdos de Junts. Por supuesto que en el primer texto, el que firmó el PSOE en Bélgica, no aparece nada relacionado con la sequía, pero más elocuente es lo sucedido en aquel primer pleno del año en el Congreso de los Diputados, en el que el Grupo Socialista, para no perder la votación, aceptó negociar sobre la hora la transferencia de las políticas de inmigración. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, con ese rostro de mala leche que parece cincelado, le hizo ver a Pedro Sánchez que iban en serio cuando le advirtieron de que le pasarían factura en cada votación y se acordó, para exprimirlo, hasta del impuesto del aceite de oliva. Pero no del agua ni de la sequía.
Ni siquiera en las cifras de la supuesta deuda del Estado con Cataluña se menciona el déficit de las infraestructuras hidráulicas. Y dado que se trata de cantidades inventadas, ya se podría haber redactado un párrafo relacionado con la sequía. Pero no. Tampoco. Con el mayor desparpajo, han pasado de decir, en 2012, que la deuda del Estado con Cataluña es de 16.000 millones de euros a elevarla hasta los 450.000 millones, y no se les ha ocurrido mencionar ni una sola obra relacionada con el abastecimiento de agua.
Gobierno y Generalitat pactan llevar agua a Barcelona desde Sagunto
De todas formas, en este último aspecto, para entender el silencio del independentismo tenemos que remontarnos a la última vez que se habló en España de sequía, hace 20 años, y al boicot al Plan Hidrológico del año 2002, que ya había aprobado la Unión Europea para apoyar su financiación, y cuyas obras habían comenzado a ejecutarse. Es muy interesante, al respecto, uno de los capítulos del tercer tomo de memorias del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, cuando analiza lo ocurrido entonces. En Memòries. De la bonança a un repte nou (Memorias. De la bonanza a un reto nuevo), Jordi Pujol admite, al cabo de los años, que aquel Plan Hidrológico hubiera sido muy beneficioso para las comunidades más azotadas por periodos de sequía, como Cataluña, y que las obras previstas “podrían, no solo resolver definitivamente el problema del agua en las cuencas internas de Cataluña, sino también dar un empujón al desarrollo de las Tierras del Ebro”.
Ocurrió, como es sabido, que cuando el plan comenzó a ejecutarse —reiteremos que contaba con el respaldo de la Unión Europea, tan garantista siempre con la protección del medio ambiente—, estallaron las protestas y comenzó un nuevo ciclo electoral en España, que culminó con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, que ordenó la paralización inmediata de las obras. “No supimos calibrar la reacción contraria que el plan provocaría, grandes protestas, algunas con un punto de violencia (…) No fue un error técnico. Fue un error político y psicológico, pero continúo pensando que podía haber sido beneficioso para todos”, dice Pujol.
También José María Aznar, que impulsó el plan en su última legislatura, se ha acordado estos días de la polémica monumental y ha señalado directamente a quien le sucedió en la Moncloa: “Si tiene que acordarse de alguien, es de Zapatero”. En fin… Ahora que ya no queda agua, ahora que las cosechas de Girona se han perdido en su mayoría, como en Lleida; ahora que en el área metropolitana de Barcelona, con sus más de cinco millones de personas, empiezan a valorar la importancia de cada litro de agua que llega al grifo; es ahora cuando, de nuevo, la estafa del independentismo se ofrece ante todos así, ruinosa y desvergonzada como es.
La palabra sequía no está en los acuerdos. Cero. Debería ser la prueba definitiva de la estafa independentista a Cataluña, el ejemplo último de la malversación política de ese personal. Convencidos, simpatizantes e indecisos del independentismo catalán solo tienen que revisar los documentos y las declaraciones sobre lo que han exigido para garantizar a Pedro Sánchez una nueva investidura como presidente del Gobierno. Ya verán que la palabra sequía no aparece por ninguna parte. En seis meses de exigencias, ni una sola mención a la sequía. Cuando repasen esos documentos, verán que en lo que sí han pensado ha sido en ellos, en evadir las causas judiciales que tienen pendientes. Es la única exigencia de cumplimiento inmediato, la ley de amnistía, sin demora alguna, porque es lo que les importa, su propia supervivencia como grupo de poder. Ni agua ni vergüenza.
Igual que la falta de agua descubre en el fondo de los pantanos aldeas que quedaron inundadas hace decenas de años, igual que la torre de una iglesia emerge de las aguas, como los restos de una ciudad fantasma, así debería contemplarse ahora el independentismo. Así deberían contemplarlo los catalanes que siguen sosteniendo esa enorme trola que los ha llevado a pensar que la causa de todos sus males y la esperanza de todos sus anhelos están en romper con España, que les roba desde la invasión inventada que celebran cada 11 de septiembre.
El independentismo siempre propone un debate analfabeto en lo cultural e ignaro en lo económico, porque se inventa el pasado y oculta el declive del presente, pero las situaciones de crisis como la que estamos viviendo con la sequía deben servir para abrir los ojos. No hay ni un solo aspecto de la gestión de un Gobierno, sea la materia que sea, en que Cataluña no ofrezca un declive constante y sostenido en la última década. Educación, Sanidad, economía, obras públicas… Todo va a peor, como se temía, y con el paso de los años se puede refrendar con datos concretos. La mejor explicación del porqué de este deterioro la tenemos, como queda dicho, en estos acuerdos recientes, los exigidos a Pedro Sánchez.
En los 14 folios del documento que firmaron el ministro Félix Bolaños y Oriol Junqueras, además de la palabrería habitual de implementaciones y desdoblamiento de género, se detallan algunas inversiones y transferencias exigidas al Estado, pero nada que tenga que ver con el abastecimiento de agua. Se recordará el interés de los independentistas de Esquerra por el traspaso de los trenes de Cercanías de Cataluña, los Rodalies, pero también se incluyeron otros acuerdos concretos, desde la financiación de los Mossos d'Esquadra hasta una comisión para analizar el estado de los inmuebles de Cataluña que son propiedad del Estado, pasando por la mejora de los servicios penitenciarios. Pero de sequía, nada.
Es lo mismo que ocurre con los acuerdos de Junts. Por supuesto que en el primer texto, el que firmó el PSOE en Bélgica, no aparece nada relacionado con la sequía, pero más elocuente es lo sucedido en aquel primer pleno del año en el Congreso de los Diputados, en el que el Grupo Socialista, para no perder la votación, aceptó negociar sobre la hora la transferencia de las políticas de inmigración. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, con ese rostro de mala leche que parece cincelado, le hizo ver a Pedro Sánchez que iban en serio cuando le advirtieron de que le pasarían factura en cada votación y se acordó, para exprimirlo, hasta del impuesto del aceite de oliva. Pero no del agua ni de la sequía.
Ni siquiera en las cifras de la supuesta deuda del Estado con Cataluña se menciona el déficit de las infraestructuras hidráulicas. Y dado que se trata de cantidades inventadas, ya se podría haber redactado un párrafo relacionado con la sequía. Pero no. Tampoco. Con el mayor desparpajo, han pasado de decir, en 2012, que la deuda del Estado con Cataluña es de 16.000 millones de euros a elevarla hasta los 450.000 millones, y no se les ha ocurrido mencionar ni una sola obra relacionada con el abastecimiento de agua.
De todas formas, en este último aspecto, para entender el silencio del independentismo tenemos que remontarnos a la última vez que se habló en España de sequía, hace 20 años, y al boicot al Plan Hidrológico del año 2002, que ya había aprobado la Unión Europea para apoyar su financiación, y cuyas obras habían comenzado a ejecutarse. Es muy interesante, al respecto, uno de los capítulos del tercer tomo de memorias del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, cuando analiza lo ocurrido entonces. En Memòries. De la bonança a un repte nou (Memorias. De la bonanza a un reto nuevo), Jordi Pujol admite, al cabo de los años, que aquel Plan Hidrológico hubiera sido muy beneficioso para las comunidades más azotadas por periodos de sequía, como Cataluña, y que las obras previstas “podrían, no solo resolver definitivamente el problema del agua en las cuencas internas de Cataluña, sino también dar un empujón al desarrollo de las Tierras del Ebro”.
Ocurrió, como es sabido, que cuando el plan comenzó a ejecutarse —reiteremos que contaba con el respaldo de la Unión Europea, tan garantista siempre con la protección del medio ambiente—, estallaron las protestas y comenzó un nuevo ciclo electoral en España, que culminó con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, que ordenó la paralización inmediata de las obras. “No supimos calibrar la reacción contraria que el plan provocaría, grandes protestas, algunas con un punto de violencia (…) No fue un error técnico. Fue un error político y psicológico, pero continúo pensando que podía haber sido beneficioso para todos”, dice Pujol.
También José María Aznar, que impulsó el plan en su última legislatura, se ha acordado estos días de la polémica monumental y ha señalado directamente a quien le sucedió en la Moncloa: “Si tiene que acordarse de alguien, es de Zapatero”. En fin… Ahora que ya no queda agua, ahora que las cosechas de Girona se han perdido en su mayoría, como en Lleida; ahora que en el área metropolitana de Barcelona, con sus más de cinco millones de personas, empiezan a valorar la importancia de cada litro de agua que llega al grifo; es ahora cuando, de nuevo, la estafa del independentismo se ofrece ante todos así, ruinosa y desvergonzada como es.
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