La pedagogía que el presidente Sánchez quiere hacer en sus discursos para que los españoles alaben su ley de amnistía es la que necesita él para entender el funcionamiento de una sociedad democrática. Porque Pedro Sánchez patina en conceptos fundamentales, aunque ya podemos adivinar que se trata de algo premeditado. Aun así, conviene subrayar esas deformaciones porque afectan a valores democráticos previos a todo este debate. Nociones generales que son más importantes que las consideraciones políticas que cada cual pueda tener sobre la necesidad de otorgar una amnistía a los independentistas.
La primera de esas deformaciones se refiere al concepto mismo de amnistía, y la segunda, al uso del término lawfare, de acoso judicial, mezclado en un engrudo imposible con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Por esa razón, es más urgente la pedagogía democrática que necesita el presidente que la que él mismo quiere impartir a la sociedad. Puede entenderse que Pedro Sánchez quiera calcar la estrategia de su última campaña electoral, tan exitosa que convirtió los engaños en cambios de opinión y le sirvió para movilizar a su electorado. Ahora ha decidido que otra vez puede invertir el estado de opinión y convencer o, por lo menos, sembrar la duda sobre la ley de amnistía. El reto es convertir lo que hasta hace unos meses él mismo rechazaba por inconstitucional en una oportunidad histórica que celebraremos en el futuro como un hito. Pero, bueno, antes que nada de eso, como decimos, pedagogía para el presidente sobre nociones democráticas elementales.
Las citas literales las obtenemos de la última entrevista concedida por el presidente Sánchez, en el programa Espejo público, de Antena 3, a la periodista Susanna Griso. La primera, referida al significado de la amnistía, dice así: “Amnistiar es perdonar, no es borrar el delito. Si se lee el preámbulo de la ley de amnistía, se verá que es una reivindicación de la Constitución española y de la propia democracia”. Esto último que afirma el presidente Sánchez es rigurosamente cierto: el preámbulo de la ley de amnistía, que ya comienza su tramitación en el Congreso, contiene frases como que "esta amnistía no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal" y que, “desde el año 1978, España cuenta con un texto constitucional homologable al de los países de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideológicos y políticos de todos”.
Pero esa vaselina constitucional del preámbulo de la ley no resuelve la contradicción en la que, conscientemente, incurre el presidente Sánchez al equiparar el indulto y la amnistía, como dos formas de ejercer las medidas de gracia de la Constitución. El indulto se aplica sobre la pena y la amnistía actúa sobre el delito cometido, por eso solo en este último caso se puede beneficiar un presunto delincuente que ni siquiera ha sido juzgado y condenado. ¿O es que alguna vez se ha indultado a un detenido a la espera de ser juzgado? Claro que no, con lo que es evidente que la amnistía no se limita al perdón de la pena. La amnistía supone la desconsideración del delito, la anulación de facto del orden jurídico que condenó un intento de golpe constitucional para declarar la independencia de una parte del territorio español. Como se decía antes, todo esto es previo al debate mismo sobre la ley de amnistía y, por supuesto, al hecho de que Pedro Sánchez se valga de ella para permanecer en el poder. Lo más grave de todo son las consecuencias futuras, dentro de cinco o de 10 años, si otra vez ocurre lo mismo. ¿Cómo se va a defender un Estado que, previamente, ha sentado jurisprudencia diciendo que aquello que fue considerado delito en Cataluña no debió serlo y, por ello, se aprobó una ley de amnistía?
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La segunda frase literal de Pedro Sánchez, por la que necesita un curso de pedagogía democrática, es la siguiente: “A la pregunta de si en España existe lawfare, yo digo que sí. Es la que practica el Partido Popular. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es un caso de libro de lawfare, de politización de la Justicia”. La mezcla y la manipulación de conceptos y situaciones políticas en una sola frase no pueden ser más explosivas. A ver, el concepto de lawfare, que tiene un origen militar, se remite a la utilización de los tribunales de Justicia para acabar con un adversario político. Por esa razón, quienes lo han impuesto en sus negociaciones son los independentistas catalanes, porque quieren hacernos ver que, primero, el delito del que se les acusó no existía (por ello, la amnistía) y, segundo, que fueron condenados porque los jueces tenían instrucciones políticas para acabar con ellos (lawfare).
Esto lo dice hasta la tal Laura Borràs, la que se vio implicada en un caso de tráfico de drogas y falsificación de monedas, además de prevaricación y falsedad, delitos por los que fue condenada. ¿Cómo que a la pregunta de que si en España existe lawfare la respuesta es sí? En fin…
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Al margen de eso, el resto de la frase constituye una empanada considerable, como se decía antes. En primer lugar, aunque parezca una bobada, el presidente insiste en que es el PP quien está incumpliendo la Constitución, cuando la obligación de renovar a los vocales es de las Cortes Generales. No es baladí porque, especialmente en el momento que vivimos, es preciso volver a la pureza de los conceptos. Es innegable que el Partido Popular está bloqueando la renovación, pero nada impide a la presidenta del Congreso ni al presidente del Senado promover la aprobación de los vocales. Incluso fomentando un debate abierto en ambas cámaras, con la participación de asociaciones judiciales y expertos constitucionalistas.
De hecho, el Consejo General del Poder judicial cumplió con su obligación, el 27 de septiembre de 2018, de enviar a las Cortes Generales, no a las sedes del PSOE o del PP, una lista con los 51 nombres de magistrados y juristas para elegir, entre ellos, los 20 vocales nuevos del Poder Judicial. Más allá, solo debemos recordar lo que ha repetido en numerosas ocasiones el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que forma parte del Consejo de Europa: “Las autoridades políticas no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales judiciales”.
Si eso se afirma sobre la elección de vocales en el Congreso y en el Senado, ya podemos calcular la consideración que se hace sobre el reparto de sillones del Poder Judicial, en una mesa de despacho, con socialistas y populares repartiéndose los cromos. Ese sí que es un incumplimiento flagrante de la Constitución, aunque lleve décadas haciéndose. Los vocales no los deben elegir los partidos de acuerdo a su filiación política ni, mucho menos, el Consejo General del Poder Judicial tiene que reproducir la mayoría parlamentaria de cada momento. Pedro Sánchez es lo que mantiene, pero, como estamos viendo, le hace falta con urgencia un curso de pedagogía democrática elemental.
La pedagogía que el presidente Sánchez quiere hacer en sus discursos para que los españoles alaben su ley de amnistía es la que necesita él para entender el funcionamiento de una sociedad democrática. Porque Pedro Sánchez patina en conceptos fundamentales, aunque ya podemos adivinar que se trata de algo premeditado. Aun así, conviene subrayar esas deformaciones porque afectan a valores democráticos previos a todo este debate. Nociones generales que son más importantes que las consideraciones políticas que cada cual pueda tener sobre la necesidad de otorgar una amnistía a los independentistas.
La primera de esas deformaciones se refiere al concepto mismo de amnistía, y la segunda, al uso del término lawfare, de acoso judicial, mezclado en un engrudo imposible con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Por esa razón, es más urgente la pedagogía democrática que necesita el presidente que la que él mismo quiere impartir a la sociedad. Puede entenderse que Pedro Sánchez quiera calcar la estrategia de su última campaña electoral, tan exitosa que convirtió los engaños en cambios de opinión y le sirvió para movilizar a su electorado. Ahora ha decidido que otra vez puede invertir el estado de opinión y convencer o, por lo menos, sembrar la duda sobre la ley de amnistía. El reto es convertir lo que hasta hace unos meses él mismo rechazaba por inconstitucional en una oportunidad histórica que celebraremos en el futuro como un hito. Pero, bueno, antes que nada de eso, como decimos, pedagogía para el presidente sobre nociones democráticas elementales.
Las citas literales las obtenemos de la última entrevista concedida por el presidente Sánchez, en el programa Espejo público, de Antena 3, a la periodista Susanna Griso. La primera, referida al significado de la amnistía, dice así: “Amnistiar es perdonar, no es borrar el delito. Si se lee el preámbulo de la ley de amnistía, se verá que es una reivindicación de la Constitución española y de la propia democracia”. Esto último que afirma el presidente Sánchez es rigurosamente cierto: el preámbulo de la ley de amnistía, que ya comienza su tramitación en el Congreso, contiene frases como que "esta amnistía no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal" y que, “desde el año 1978, España cuenta con un texto constitucional homologable al de los países de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideológicos y políticos de todos”.
Pero esa vaselina constitucional del preámbulo de la ley no resuelve la contradicción en la que, conscientemente, incurre el presidente Sánchez al equiparar el indulto y la amnistía, como dos formas de ejercer las medidas de gracia de la Constitución. El indulto se aplica sobre la pena y la amnistía actúa sobre el delito cometido, por eso solo en este último caso se puede beneficiar un presunto delincuente que ni siquiera ha sido juzgado y condenado. ¿O es que alguna vez se ha indultado a un detenido a la espera de ser juzgado? Claro que no, con lo que es evidente que la amnistía no se limita al perdón de la pena. La amnistía supone la desconsideración del delito, la anulación de facto del orden jurídico que condenó un intento de golpe constitucional para declarar la independencia de una parte del territorio español. Como se decía antes, todo esto es previo al debate mismo sobre la ley de amnistía y, por supuesto, al hecho de que Pedro Sánchez se valga de ella para permanecer en el poder. Lo más grave de todo son las consecuencias futuras, dentro de cinco o de 10 años, si otra vez ocurre lo mismo. ¿Cómo se va a defender un Estado que, previamente, ha sentado jurisprudencia diciendo que aquello que fue considerado delito en Cataluña no debió serlo y, por ello, se aprobó una ley de amnistía?
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Esto lo dice hasta la tal Laura Borràs, la que se vio implicada en un caso de tráfico de drogas y falsificación de monedas, además de prevaricación y falsedad, delitos por los que fue condenada. ¿Cómo que a la pregunta de que si en España existe lawfare la respuesta es sí? En fin…
Al margen de eso, el resto de la frase constituye una empanada considerable, como se decía antes. En primer lugar, aunque parezca una bobada, el presidente insiste en que es el PP quien está incumpliendo la Constitución, cuando la obligación de renovar a los vocales es de las Cortes Generales. No es baladí porque, especialmente en el momento que vivimos, es preciso volver a la pureza de los conceptos. Es innegable que el Partido Popular está bloqueando la renovación, pero nada impide a la presidenta del Congreso ni al presidente del Senado promover la aprobación de los vocales. Incluso fomentando un debate abierto en ambas cámaras, con la participación de asociaciones judiciales y expertos constitucionalistas.
De hecho, el Consejo General del Poder judicial cumplió con su obligación, el 27 de septiembre de 2018, de enviar a las Cortes Generales, no a las sedes del PSOE o del PP, una lista con los 51 nombres de magistrados y juristas para elegir, entre ellos, los 20 vocales nuevos del Poder Judicial. Más allá, solo debemos recordar lo que ha repetido en numerosas ocasiones el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que forma parte del Consejo de Europa: “Las autoridades políticas no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales judiciales”.
Si eso se afirma sobre la elección de vocales en el Congreso y en el Senado, ya podemos calcular la consideración que se hace sobre el reparto de sillones del Poder Judicial, en una mesa de despacho, con socialistas y populares repartiéndose los cromos. Ese sí que es un incumplimiento flagrante de la Constitución, aunque lleve décadas haciéndose. Los vocales no los deben elegir los partidos de acuerdo a su filiación política ni, mucho menos, el Consejo General del Poder Judicial tiene que reproducir la mayoría parlamentaria de cada momento. Pedro Sánchez es lo que mantiene, pero, como estamos viendo, le hace falta con urgencia un curso de pedagogía democrática elemental.
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