Bien sabe la izquierda española que vencer no es convencer. Para convencer, hay que persuadir, y esa es la mayor carencia del discurso con el que intentan justificar una ley de amnistía para complacer al independentismo catalán. Nada de los que se dice tiene el sustento mínimo necesario para convencer, siquiera, a quien está defendiéndolo desde una tribuna parlamentaria o desde el atril de un mitin cualquiera. Lo saben, se les nota la impostura, y esa es la vía de agua principal que hace naufragar todas las intervenciones a favor de esta nueva cesión ante un fugado de la Justicia española.
Cuando las encuestas que se publican afirman que el electorado socialista está dividido ante la amnistía, que aunque exista una mayoría de ellos que la rechace, otro porcentaje elevado la respalda, lo que no se detalla es esto otro: cuántos de ellos se cree, realmente, que la amnistía es buena y necesaria para el futuro de España. Es muy probable que, en ese caso, al igual que debe ocurrir entre los propios cargos públicos que la defienden, todos ellos se limiten a repetir mecánicamente el argumentario que les han facilitado a sabiendas de que solo existe una razón para aprobar una amnistía para los malversadores, los fugados, los acusados de terrorismo… Siete votos, siete, sin los cuales se desmoronaría todo el entramado de gobierno de Pedro Sánchez. Cuando el líder socialista dijo que se trataba de “hacer de la necesidad, virtud”, se refería a la necesidad de esos votos para convertirlos en la virtuosa carambola de mantenerse una legislatura más en el Gobierno después de haber perdido las elecciones. A partir de esa frase, todo lo que se ha dicho y se repite para justificar la ley de amnistía, podría resumirse en tres patrañas fácilmente desmontables. Por fortuna, las patrañas no son amnistiables, se quedan ahí, para que las recuerde la historia.
1. "La reconciliación y la convivencia"
Aceptemos, sin más, que todos compartimos la necesidad de que el problema en Cataluña es de convivencia y que la ley de amnistía propicia la reconciliación entre los sectores sociales que están enfrentados. No nos enredemos en la cuestión previa por mucho que, obviamente, puede rebatirse de pleno. Aceptemos ese apriorismo por la sencilla razón de que nadie puede estar en contra de la convivencia y de la reconciliación, como bienes supremos de una sociedad. La cuestión es que, para que todo lo anterior sea cierto, es una condición imprescindible que las peticiones de reencuentro y de reconciliación las realicen aquellos que han generado el conflicto y han provocado la división. De nada puede servir que la amnistía sea entendida por una parte de la población como una medida de reconciliación y, por la otra parte, como una muestra de reafirmación.
Esto es esencial y, de forma repetida, los independentistas machacan sobre la misma idea: “La amnistía no va ni de perdón ni de convivencia”. Si un solo dirigente independentista se subiera hoy a una tribuna y nos dijera que pide nuestro apoyo para la amnistía porque se comprometen firmemente a no vulnerar jamás la ley, ni a desobedecer a los tribunales, obtendría de inmediato el apoyo de muchos, empezando por quien suscribe. La reconciliación, para ser creíble y compartida, tiene que empezar por la petición de quien provocó la revuelta y, si así hubiera sido, el presidente Sánchez hasta se hubiera atrevido a convocar un referéndum en España, para que esta amnistía tuviese alguna legitimidad social y constitucional. Pero como es una patraña, no da para más que para repetir una consigna hueca.
2. "La amnistía es democrática"
Los socialistas de Pedro Sánchez han aprendido de los independentistas una técnica de manipulación constante del derecho comparado: en cada debate, utilizan aquella parte de otras legislaciones que les conviene a su discurso y desechan, sin más, las que les perjudica y contradice. Por ejemplo, cuando se mencionan los procedimientos judiciales contra los independentistas, como los que ahora se quieren amnistiar, y se presentan como una anomalía judicial y política en Europa, sin mencionar, por ejemplo, que, en la mayoría de los otros muchos países de nuestro entorno comunitario, están expresamente prohibidos que esos partidos puedan presentarse a unas elecciones.
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La "ejemplar" amnistía y la degradación del Derecho Gonzalo Quintero Olivares
La Constitución española, al contrario de lo que se pretende transmitir, es mucho más abierta que otras; no es militante, no exige su defensa aunque sí su acatamiento, y acepta y regula que se pueda cambiar en el futuro, para adaptarla a lo que pueda exigir la sociedad. Como decimos, esta táctica, burda y grotesca, de presentar a España como una anomalía dentro de Europa es la que llevan años utilizando los líderes de la revuelta independentista, y lo novedoso -o escandaloso- es que la hayan plagiado ahora los líderes del PSOE para confeccionar un discurso imposible de defensa de la amnistía. Van repitiendo que “la amnistía se ha aplicado en todas las democracias”, prescindiendo del añadido fundamental de que eso solo es posible cuando está regulada por la Constitución de cada país. Por lo demás, conceptualmente, la amnistía, por sí misma, no es ni democrática ni antidemocrática, siempre dependerá de quiénes sean los beneficiados, de qué delitos se quieren eliminar y qué objetivo se persigue.
3. "Los beneficios se verán en el futuro"
De todas los mantras que se repiten, este es el más impreciso de todos y, al mismo tiempo, el más irritante. Porque, sutilmente, se traslada la idea de que quien no defiende la amnistía es que, en realidad, no tiene capacidad para mirar el futuro. Ni siquiera con la hipotética garantía, esbozada antes, de que el independentismo se comprometiera a no organizar un nuevo intento de golpe constitucional; ni siquiera entonces, serían creíbles si nos atenemos a las constantes traiciones que han protagonizado a lo largo de la historia, primero contra la Segunda República y, posteriormente, contra la democracia. A lo largo de toda su existencia, desde finales del XIX, cada vez que el nacionalismo vasco y catalán han avanzado institucionalmente en regímenes democráticos, los independentistas lo han aprovechado para desestabilizarlos e intentar tumbarlos.
En los próximos años, y sobre todo mientras dure el Gobierno de Pedro Sánchez, es muy probable que los independentistas no vuelvan a convocar otro referéndum ilegal ni a aprobar nuevas leyes de desconexión con España, pero se trata de una ilusión vana pensar que, con un gobierno del Partido Popular en España, el independentismo no volverá a su única estrategia de agitación y desobediencia. Y que, al contrario que en octubre de 2017, en esta ocasión ya se considerarán reforzados políticamente porque el Congreso de los Diputados aprobó una ley de amnistía que estableció que nada de lo que hagan debe ser delito. Lo dicho, vencer no es convencer. En la cita de Miguel de Unamuno -real o atribuida, según los estudios más recientes-, se añadía, al final, que “convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho”. Pues eso.
Bien sabe la izquierda española que vencer no es convencer. Para convencer, hay que persuadir, y esa es la mayor carencia del discurso con el que intentan justificar una ley de amnistía para complacer al independentismo catalán. Nada de los que se dice tiene el sustento mínimo necesario para convencer, siquiera, a quien está defendiéndolo desde una tribuna parlamentaria o desde el atril de un mitin cualquiera. Lo saben, se les nota la impostura, y esa es la vía de agua principal que hace naufragar todas las intervenciones a favor de esta nueva cesión ante un fugado de la Justicia española.
Cuando las encuestas que se publican afirman que el electorado socialista está dividido ante la amnistía, que aunque exista una mayoría de ellos que la rechace, otro porcentaje elevado la respalda, lo que no se detalla es esto otro: cuántos de ellos se cree, realmente, que la amnistía es buena y necesaria para el futuro de España. Es muy probable que, en ese caso, al igual que debe ocurrir entre los propios cargos públicos que la defienden, todos ellos se limiten a repetir mecánicamente el argumentario que les han facilitado a sabiendas de que solo existe una razón para aprobar una amnistía para los malversadores, los fugados, los acusados de terrorismo… Siete votos, siete, sin los cuales se desmoronaría todo el entramado de gobierno de Pedro Sánchez. Cuando el líder socialista dijo que se trataba de “hacer de la necesidad, virtud”, se refería a la necesidad de esos votos para convertirlos en la virtuosa carambola de mantenerse una legislatura más en el Gobierno después de haber perdido las elecciones. A partir de esa frase, todo lo que se ha dicho y se repite para justificar la ley de amnistía, podría resumirse en tres patrañas fácilmente desmontables. Por fortuna, las patrañas no son amnistiables, se quedan ahí, para que las recuerde la historia.
Aceptemos, sin más, que todos compartimos la necesidad de que el problema en Cataluña es de convivencia y que la ley de amnistía propicia la reconciliación entre los sectores sociales que están enfrentados. No nos enredemos en la cuestión previa por mucho que, obviamente, puede rebatirse de pleno. Aceptemos ese apriorismo por la sencilla razón de que nadie puede estar en contra de la convivencia y de la reconciliación, como bienes supremos de una sociedad. La cuestión es que, para que todo lo anterior sea cierto, es una condición imprescindible que las peticiones de reencuentro y de reconciliación las realicen aquellos que han generado el conflicto y han provocado la división. De nada puede servir que la amnistía sea entendida por una parte de la población como una medida de reconciliación y, por la otra parte, como una muestra de reafirmación.
Esto es esencial y, de forma repetida, los independentistas machacan sobre la misma idea: “La amnistía no va ni de perdón ni de convivencia”. Si un solo dirigente independentista se subiera hoy a una tribuna y nos dijera que pide nuestro apoyo para la amnistía porque se comprometen firmemente a no vulnerar jamás la ley, ni a desobedecer a los tribunales, obtendría de inmediato el apoyo de muchos, empezando por quien suscribe. La reconciliación, para ser creíble y compartida, tiene que empezar por la petición de quien provocó la revuelta y, si así hubiera sido, el presidente Sánchez hasta se hubiera atrevido a convocar un referéndum en España, para que esta amnistía tuviese alguna legitimidad social y constitucional. Pero como es una patraña, no da para más que para repetir una consigna hueca.
Los socialistas de Pedro Sánchez han aprendido de los independentistas una técnica de manipulación constante del derecho comparado: en cada debate, utilizan aquella parte de otras legislaciones que les conviene a su discurso y desechan, sin más, las que les perjudica y contradice. Por ejemplo, cuando se mencionan los procedimientos judiciales contra los independentistas, como los que ahora se quieren amnistiar, y se presentan como una anomalía judicial y política en Europa, sin mencionar, por ejemplo, que, en la mayoría de los otros muchos países de nuestro entorno comunitario, están expresamente prohibidos que esos partidos puedan presentarse a unas elecciones.
La Constitución española, al contrario de lo que se pretende transmitir, es mucho más abierta que otras; no es militante, no exige su defensa aunque sí su acatamiento, y acepta y regula que se pueda cambiar en el futuro, para adaptarla a lo que pueda exigir la sociedad. Como decimos, esta táctica, burda y grotesca, de presentar a España como una anomalía dentro de Europa es la que llevan años utilizando los líderes de la revuelta independentista, y lo novedoso -o escandaloso- es que la hayan plagiado ahora los líderes del PSOE para confeccionar un discurso imposible de defensa de la amnistía. Van repitiendo que “la amnistía se ha aplicado en todas las democracias”, prescindiendo del añadido fundamental de que eso solo es posible cuando está regulada por la Constitución de cada país. Por lo demás, conceptualmente, la amnistía, por sí misma, no es ni democrática ni antidemocrática, siempre dependerá de quiénes sean los beneficiados, de qué delitos se quieren eliminar y qué objetivo se persigue.
De todas los mantras que se repiten, este es el más impreciso de todos y, al mismo tiempo, el más irritante. Porque, sutilmente, se traslada la idea de que quien no defiende la amnistía es que, en realidad, no tiene capacidad para mirar el futuro. Ni siquiera con la hipotética garantía, esbozada antes, de que el independentismo se comprometiera a no organizar un nuevo intento de golpe constitucional; ni siquiera entonces, serían creíbles si nos atenemos a las constantes traiciones que han protagonizado a lo largo de la historia, primero contra la Segunda República y, posteriormente, contra la democracia. A lo largo de toda su existencia, desde finales del XIX, cada vez que el nacionalismo vasco y catalán han avanzado institucionalmente en regímenes democráticos, los independentistas lo han aprovechado para desestabilizarlos e intentar tumbarlos.
En los próximos años, y sobre todo mientras dure el Gobierno de Pedro Sánchez, es muy probable que los independentistas no vuelvan a convocar otro referéndum ilegal ni a aprobar nuevas leyes de desconexión con España, pero se trata de una ilusión vana pensar que, con un gobierno del Partido Popular en España, el independentismo no volverá a su única estrategia de agitación y desobediencia. Y que, al contrario que en octubre de 2017, en esta ocasión ya se considerarán reforzados políticamente porque el Congreso de los Diputados aprobó una ley de amnistía que estableció que nada de lo que hagan debe ser delito. Lo dicho, vencer no es convencer. En la cita de Miguel de Unamuno -real o atribuida, según los estudios más recientes-, se añadía, al final, que “convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho”. Pues eso.
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