Si tan seguros están de la constitucionalidad de la ley de amnistía que quieren aprobar, por qué le temen tanto a lo que puedan decir los jueces. Eso que llaman blindaje del proyecto de ley de amnistía es ocultación, otro muro más que se construye, esta vez para apartar a jueces y fiscales de España y de Europa. Que nadie se pronuncie sobre la legalidad de esta "autoamnistía", como la llama Felipe González, porque se trata de un proceso sumarísimo, como el de las dictaduras, cuando la sentencia está dictada antes de que se inicie la vista oral. “¡Que entre el condenado!”, como se le escapó a un presidente de Audiencia durante el franquismo. Ese es el blindaje de la ley de amnistía, el que pretende imponerse a la legalidad, hurtada al veredicto de jueces y fiscales, y sustraída, además, al propio debate parlamentario, que debería incluir los informes de los consejos consultivos que asesoran a todas las cámaras legislativas en una democracia.
Esta ley de amnistía es todo lo contrario. Se redactó fuera de España, de acuerdo con el fugado que quiere beneficiarse de ella; luego se presentó como proposición de ley de un grupo parlamentario, el socialista, para evitar el pronunciamiento de organismos como el Consejo de Estado, y finalmente burló los filtros de legalidad del Congreso de los Diputados para poder ser admitida a trámite. Para eso, se elaboró un primer informe dirigido por Fernando Galindo, al poco de ser nombrado letrado mayor por Pedro Sánchez, que lo sacó de su Gobierno para colocarlo en ese sillón. Ese primer informe se elaboró con la concisión precisa para que la ley no naufragara antes de comenzar la tramitación parlamentaria, pero ahora conocemos un segundo informe con la versión completa de lo que piensan los letrados independientes de las Cortes: una amnistía no se puede despachar con una ley, necesitaría una reforma de la Constitución. E invade las competencias exclusivas que la Constitución otorga al poder judicial. Si los letrados hubieran elevado ese informe completo que se conoce ahora, por la Comisión de Justicia, la ley de amnistía no hubiera iniciado su trámite parlamentario.
La estrategia de blindaje de la ley de amnistía cuenta, de forma paralela, con una segunda estrategia, que ha comenzado a desarrollarse esta semana, con la filtración a varios periódicos de algunos detalles del entramado de casos judiciales, vinculados todos ellos a la utilización ilegal de la Policía durante los gobiernos de Mariano Rajoy, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Se trata de un abanico extenso de investigaciones y denuncias que, normalmente, siempre tienen como epicentro al capo de las cloacas, el comisario Villarejo. A finales del pasado año, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictó la apertura de juicio oral para la llamada operación Kitchen, por la que la Fiscalía pide para el exministro Fernández Díaz 15 años de prisión. Ya en diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez intentó utilizar este caso como justificación de su peligrosa deriva de cesiones a los independentistas en el acoso a jueces y fiscales.
La campaña de filtraciones a la que asistimos estos días tiene un objetivo simétrico, amparar la ampliación de la amnistía a todos los delitos que exige el independentismo catalán, incluidos los que se refieren a prácticas terroristas. Debe quedar claro, antes de continuar, que nada de lo anterior influye, matiza o modifica lo que aquí mismo ya se dijo sobre este caso, la guerra sucia del Partido Popular. Repitamos dos conceptos fundamentales sobre esa miseria. El primero, que la elaboración de informes policiales falsos para incriminar a un adversario político constituye la vulneración de los principios elementales de todo Gobierno democrático, que jamás debe apartarse del estricto cumplimiento de la legalidad. El segundo, que la guerra sucia jamás consigue su objetivo, sino que acaba provocando lo contrario, refuerza y justifica a los delincuentes a los que se persigue. Este caso, junto con la Kitchen, constituye uno de los mayores escándalos de corrupción institucional de España.
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Sentado eso, lo que no podemos es caer en la burda trampa, en el fangal que prepara el Gobierno, para justificar la acción de los independentistas. Y para que, a su vez, se presenten como víctimas aquellos que declararon la independencia de la república de Cataluña, que desobedecieron todas las advertencias y prohibiciones judiciales, que retaron al Tribunal Constitucional y atacaron la Constitución española. Lo que exige la democracia española es que se depuren responsabilidades penales, las que haya lugar, y que sean procesados todos aquellos que hayan vulnerado la ley. Sin distinciones. Aun así, si el ánimo político del presidente Sánchez, como parece, es el de mantenerse firme en la aprobación de la ley de amnistía, que piense en la posibilidad de que, como le ocurrió con la ley del solo sí es sí, los efectos judiciales acaben desparramándose por otros casos, singularmente los que afectan a la guerra sucia del Partido Popular contra el independentismo.
En su articulado, el proyecto de ley de amnistía se refiere a “los actos ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017”, con lo que carecería de sentido penal que solo se incluyan los que promovieron los tumultos y no los que trataron de impedirlos, ambos incurriendo en conductas delictivas. Incluso, el mismo texto incluye a los policías pendientes de causas judiciales por la supuesta represión violenta de los altercados en la jornada del referéndum ilegal. “En ningún caso implica la criminalización de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público”, dice el texto legislativo de la amnistía que pretende aprobar el PSOE. Los implicados en la policía patriótica podrían acogerse exactamente a ese mismo argumento, la defensa del orden público, para justificar sus acciones para desarticular la organización de un golpe constitucional. Que ocurra así, o no, ya nos lo dirá el tiempo. Pero cualquier cosa puede suceder cuando un Gobierno, y un partido, intenta suplantar al poder judicial, como acaban de decirle también los propios letrados de las Cortes Generales.
Si tan seguros están de la constitucionalidad de la ley de amnistía que quieren aprobar, por qué le temen tanto a lo que puedan decir los jueces. Eso que llaman blindaje del proyecto de ley de amnistía es ocultación, otro muro más que se construye, esta vez para apartar a jueces y fiscales de España y de Europa. Que nadie se pronuncie sobre la legalidad de esta "autoamnistía", como la llama Felipe González, porque se trata de un proceso sumarísimo, como el de las dictaduras, cuando la sentencia está dictada antes de que se inicie la vista oral. “¡Que entre el condenado!”, como se le escapó a un presidente de Audiencia durante el franquismo. Ese es el blindaje de la ley de amnistía, el que pretende imponerse a la legalidad, hurtada al veredicto de jueces y fiscales, y sustraída, además, al propio debate parlamentario, que debería incluir los informes de los consejos consultivos que asesoran a todas las cámaras legislativas en una democracia.
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