El desprecio, o el desinterés, por esta española que ha caído en las garras de Venezuela se determina fácilmente con la siguiente paradoja: ni siquiera al Partido Popular ha pedido explicaciones por lo que está ocurriendo. Que el ministro de Exteriores, el inefable Albares, se haya limitado a un somero trámite de cumplimiento diplomático, tan inútil como superficial, o que no haya dicho nada la vicepresidenta Yolanda Díaz, y mucho menos sus antiguos compañeros de Podemos, forma parte de lo esperado.
Pero ¿ni el Partido Popular, que tantas veces ha censurado al Gobierno por sus afectos y simpatías con el sátrapa venezolano? Pues ni eso… Las cárceles del chavismo para presos políticos, heredadas e impulsadas por Nicolás Maduro cuando Dios se llevó al pajarito, no deben ser tan frías como el silencio internacional, así que alejémonos de esa complicidad. La española que está en la mayor prisión de Venezuela para disidentes y opositores se llama Rocío del Carmen San Miguel Sosa, es una abogada y activista de 57 años, nacida en Caracas y con nacionalidad española, presidenta y fundadora de una ONG llamada Control Ciudadano.
Según su página web, la misión de esta ONG es la de "promover y ejercer el control ciudadano sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, bajo cinco principios: el respeto de los derechos humanos, la transparencia, la democracia, la participación y el Estado de derecho". Es decir, materia altamente sensible para abordarla en una dictadura, disfrazada de democracia, en la que se vulneran a diario derechos fundamentales de cualquier ser humano.
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En uno de los informes y análisis que hacen públicos, se detallan las "últimas conspiraciones" que ha logrado desactivar el régimen chavista. Es llamativo porque, en Venezuela, según Nicolás Maduro, hay una conspiración internacional cada tres o cuatro meses. Siempre es lo mismo, acusaciones genéricas, golpes de Estado o, directamente, asesinatos para derrocarlo como presidente de Venezuela. El despiadado presidente habla siempre en nombre del pueblo venezolano, pero todos sabemos que en 2018 perdió todo el disimulo y la vergüenza diplomática, y toda la comunidad internacional considera ilegítimo su gobierno, por la descarada y grotesca manipulación de las últimas elecciones.
Como, en teoría, este año de 2024 tienen que convocarse otra vez unas elecciones, Nicolás Maduro está acelerando la purga de todos los opositores. Ese es el motivo por el que, el pasado 9 de febrero pasado, la policía venezolana detuvo a Rocío San Miguel cuando se encontraba en el aeropuerto de Caracas, con su familia, a punto de coger un avión. Los encerraron a todos, así, sin más: a la pareja de la activista, a su hija y a sus dos hermanos.
También se fueron a por su exmarido y corrió la misma suerte. Hasta pasados seis días no se supo nada de ellos, al margen de que estaban detenidos porque eran peligrosos terroristas. Pasado ese tiempo, dejaron a los familiares en libertad, pero con la orden de presentarse periódicamente y la prohibición expresa de salir del país y —esto es revelador, por sí solo, de la catadura de ese régimen— de hacer cualquier tipo de declaraciones a los medios de comunicación. La activista sigue en la cárcel, asistida por el abogado que le ha designado el Gobierno de Maduro, porque también tiene prohibido elegir su propia asistencia letrada.
La historia misma de esa prisión es la triste y desoladora historia contemporánea de Venezuela
Ante este atropello brutal, lo mínimo que se podía esperar del Gobierno, dado que, como decimos, se trata de una mujer con nacionalidad española, es que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hubiera condenado los excesos de la detención y el aislamiento absoluto y que se hubiera ofrecido a la familia de la activista, en todo lo que pueda colaborar para su defensa legal y política. No ha sucedido. Es más, el pasado martes, una sobrina de Rocío San Miguel, que vive en España, convocó en Madrid un acto de protesta por la detención, y la reacción de Albares fue la de asegurar que, aunque apoya la causa, la política del Gobierno español con Venezuela "no va a variar".
Dice el ministro que se mantiene informado, pero no va más allá. Beatriz Becerra, que fue vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea y mantiene viva su preocupación por la degeneración exponencial del régimen de Maduro, sí considera que la reacción del Gobierno es claramente insuficiente y apunta un detalle más: "Rocío San Miguel, y muchos otros, son ciudadanos europeos, en razón de su nacionalidad española. Además, con el premio Sajarov, que otorgamos en 2017 a los presos políticos en Venezuela, los europeos, a través de nuestros representantes en el Parlamento Europeo, nos comprometimos de por vida a acompañarlos y defenderlos". Amnistía Internacional tiene documentadas 15.700 detenciones arbitrarias en Venezuela por motivos políticos, en los últimos 10 años. Todos ellos, también Rocío San Miguel, van a la cárcel conocida en todo el mundo por la forma de su edificio, el Helicoide. "Es el infierno", han repetido todos los que han sido encerrados y torturados en sus celdas.
La historia misma de esa prisión es, en sí misma, la triste y desoladora historia contemporánea de Venezuela. Se construyó en los años 50 del siglo pasado para albergar allí un espacio único de centros comerciales y ocio, que pudiera representar el progreso y el bienestar de Venezuela, un país afortunado por sus riquezas naturales. El propio Salvador Dalí se mostró entusiasmado por su forma vanguardista. Un reportaje de la BBC sobre ese centro de tortura y de muerte dice que el edificio es, en la actualidad, un icono del país que nunca fue. Un símbolo de la dictadura y del terror, de la pobreza y de la persecución, construido sobre una de las colinas más elevadas de Caracas, para que todo el mundo lo vea. Todos, menos el Gobierno español y los amigos frívolos del régimen de Maduro.
El desprecio, o el desinterés, por esta española que ha caído en las garras de Venezuela se determina fácilmente con la siguiente paradoja: ni siquiera al Partido Popular ha pedido explicaciones por lo que está ocurriendo. Que el ministro de Exteriores, el inefable Albares, se haya limitado a un somero trámite de cumplimiento diplomático, tan inútil como superficial, o que no haya dicho nada la vicepresidenta Yolanda Díaz, y mucho menos sus antiguos compañeros de Podemos, forma parte de lo esperado.
Pero ¿ni el Partido Popular, que tantas veces ha censurado al Gobierno por sus afectos y simpatías con el sátrapa venezolano? Pues ni eso… Las cárceles del chavismo para presos políticos, heredadas e impulsadas por Nicolás Maduro cuando Dios se llevó al pajarito, no deben ser tan frías como el silencio internacional, así que alejémonos de esa complicidad. La española que está en la mayor prisión de Venezuela para disidentes y opositores se llama Rocío del Carmen San Miguel Sosa, es una abogada y activista de 57 años, nacida en Caracas y con nacionalidad española, presidenta y fundadora de una ONG llamada Control Ciudadano.
Según su página web, la misión de esta ONG es la de "promover y ejercer el control ciudadano sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, bajo cinco principios: el respeto de los derechos humanos, la transparencia, la democracia, la participación y el Estado de derecho". Es decir, materia altamente sensible para abordarla en una dictadura, disfrazada de democracia, en la que se vulneran a diario derechos fundamentales de cualquier ser humano.
En uno de los informes y análisis que hacen públicos, se detallan las "últimas conspiraciones" que ha logrado desactivar el régimen chavista. Es llamativo porque, en Venezuela, según Nicolás Maduro, hay una conspiración internacional cada tres o cuatro meses. Siempre es lo mismo, acusaciones genéricas, golpes de Estado o, directamente, asesinatos para derrocarlo como presidente de Venezuela. El despiadado presidente habla siempre en nombre del pueblo venezolano, pero todos sabemos que en 2018 perdió todo el disimulo y la vergüenza diplomática, y toda la comunidad internacional considera ilegítimo su gobierno, por la descarada y grotesca manipulación de las últimas elecciones.
Como, en teoría, este año de 2024 tienen que convocarse otra vez unas elecciones, Nicolás Maduro está acelerando la purga de todos los opositores. Ese es el motivo por el que, el pasado 9 de febrero pasado, la policía venezolana detuvo a Rocío San Miguel cuando se encontraba en el aeropuerto de Caracas, con su familia, a punto de coger un avión. Los encerraron a todos, así, sin más: a la pareja de la activista, a su hija y a sus dos hermanos.
También se fueron a por su exmarido y corrió la misma suerte. Hasta pasados seis días no se supo nada de ellos, al margen de que estaban detenidos porque eran peligrosos terroristas. Pasado ese tiempo, dejaron a los familiares en libertad, pero con la orden de presentarse periódicamente y la prohibición expresa de salir del país y —esto es revelador, por sí solo, de la catadura de ese régimen— de hacer cualquier tipo de declaraciones a los medios de comunicación. La activista sigue en la cárcel, asistida por el abogado que le ha designado el Gobierno de Maduro, porque también tiene prohibido elegir su propia asistencia letrada.
La historia misma de esa prisión es la triste y desoladora historia contemporánea de Venezuela
Ante este atropello brutal, lo mínimo que se podía esperar del Gobierno, dado que, como decimos, se trata de una mujer con nacionalidad española, es que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hubiera condenado los excesos de la detención y el aislamiento absoluto y que se hubiera ofrecido a la familia de la activista, en todo lo que pueda colaborar para su defensa legal y política. No ha sucedido. Es más, el pasado martes, una sobrina de Rocío San Miguel, que vive en España, convocó en Madrid un acto de protesta por la detención, y la reacción de Albares fue la de asegurar que, aunque apoya la causa, la política del Gobierno español con Venezuela "no va a variar".
Dice el ministro que se mantiene informado, pero no va más allá. Beatriz Becerra, que fue vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea y mantiene viva su preocupación por la degeneración exponencial del régimen de Maduro, sí considera que la reacción del Gobierno es claramente insuficiente y apunta un detalle más: "Rocío San Miguel, y muchos otros, son ciudadanos europeos, en razón de su nacionalidad española. Además, con el premio Sajarov, que otorgamos en 2017 a los presos políticos en Venezuela, los europeos, a través de nuestros representantes en el Parlamento Europeo, nos comprometimos de por vida a acompañarlos y defenderlos". Amnistía Internacional tiene documentadas 15.700 detenciones arbitrarias en Venezuela por motivos políticos, en los últimos 10 años. Todos ellos, también Rocío San Miguel, van a la cárcel conocida en todo el mundo por la forma de su edificio, el Helicoide. "Es el infierno", han repetido todos los que han sido encerrados y torturados en sus celdas.
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