El que la izquierda quiera evitar que la extrema derecha llegue al poder es comprensible. El que además quiera lograr un cambio de escenario en Cataluña puede ser hasta loable. Pero el querer lograr esos fines no justifica que se haga una mella en el Estado de derecho. En un Estado constitucional de derecho, el fin no puede justificar jamás los medios.
Examinar la compleja situación en la que nos hemos puesto en España requiere ponernos en los zapatos del otro. Pero para imaginarse lo que piensan otros hay que empezar por saber lo que piensa uno mismo. Personalmente, ni estoy en contra per se de una amnistía, ni creo que la Constitución haga imposible otorgarla en España. De lo que estoy en contra es de una amnistía hecha sin el necesario consenso y sin garantías. Una amnistía es un arma poderosa, pero peligrosísima en un Estado de derecho, algo que hay que manejar con infinito cuidado y no usar frívolamente. Pero si sobre la amnistía caben matices, poner sobre la mesa, aunque no sea en un borrador de ley, el concepto de lawfare, sugiriendo que comisiones parlamentarias de investigación examinen decisiones judiciales para ver si ha habido judicialización política y proponer acciones de responsabilidad, no admite dudas. Las amenazas a la judicatura no caben en un Estado constitucional de derecho.
A la izquierda se la acusa de defender la amnistía por interés propio para mantenerse en el poder. Pedro Sánchez y sus ministros tienen un interés directo en continuar en el Gobierno. Como también comparten ese interés una enorme cantidad de personas que, en un país de tradición tan clientelar como el nuestro, viven directa o indirectamente de que su partido conserve el poder político. Pero no toda la izquierda tiene esa auto-interesada motivación: a muchos votantes de izquierdas, que han defendido tradicionalmente sociedades libres y de progreso, les produce terror que la extrema derecha llegue al Gobierno. Es algo comprensible, porque la extrema derecha ha dado amplias muestras en España de querer limitar la diversidad y en el extranjero de querer limitar las libertades básicas.
Si bien es natural que la izquierda quiera evitar que la extrema derecha llegue al Gobierno, querer evitarlo por todos los medios es inaceptable. En un Estado democrático europeo, el por todos los medios no puede existir. La manera democrática de evitar que una opción política llegue al poder son las urnas. Una vez que se ha votado, todas las coaliciones son legítimas siempre que se utilicen los medios que caben dentro de los límites del Estado de derecho. Son límites nítidamente delineados por nuestras normas fundamentales y apuntalados por la ética. La superioridad moral que se suele arrogar a sí misma la izquierda (no solo en nuestro país) no le da carta blanca para saltarse esos límites. Y si algún partidario de la izquierda tiene alguna duda sobre dónde están los límites, no tiene más que preguntarse por lo que pensaría si esos límites los sobrepasasen otros: ¿qué pensarían por ejemplo los votantes y simpatizantes del PSOE si un Gobierno de extrema derecha anunciase que iba a poner en marcha comisiones de investigación parlamentaria para revisar decisiones judiciales y dirimir acciones de responsabilidad? Les entrarían escalofríos, y con toda la razón.
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Se argumenta que el fin real de la amnistía no es solo alejar a la extrema derecha del poder, sino lograr que baje la temperatura en Cataluña con la esperanza de que ello lleve a un colapso definitivo del independentismo (no del nacionalismo) en las próximas elecciones catalanas. Es un cálculo arriesgado, entre otras cosas porque se hace a costa de aumentar la temperatura en el resto de España. Pero ni siquiera el mérito de ese objetivo puede justificar los medios. Ningún objetivo, ninguno, por loable que sea, puede justificar hacer una mella en el Estado de derecho.
En democracia, el fin nunca puede justificar los medios. Nunca. Ni para la extrema derecha, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para nadie.
El que la izquierda quiera evitar que la extrema derecha llegue al poder es comprensible. El que además quiera lograr un cambio de escenario en Cataluña puede ser hasta loable. Pero el querer lograr esos fines no justifica que se haga una mella en el Estado de derecho. En un Estado constitucional de derecho, el fin no puede justificar jamás los medios.
Examinar la compleja situación en la que nos hemos puesto en España requiere ponernos en los zapatos del otro. Pero para imaginarse lo que piensan otros hay que empezar por saber lo que piensa uno mismo. Personalmente, ni estoy en contra per se de una amnistía, ni creo que la Constitución haga imposible otorgarla en España. De lo que estoy en contra es de una amnistía hecha sin el necesario consenso y sin garantías. Una amnistía es un arma poderosa, pero peligrosísima en un Estado de derecho, algo que hay que manejar con infinito cuidado y no usar frívolamente. Pero si sobre la amnistía caben matices, poner sobre la mesa, aunque no sea en un borrador de ley, el concepto de lawfare, sugiriendo que comisiones parlamentarias de investigación examinen decisiones judiciales para ver si ha habido judicialización política y proponer acciones de responsabilidad, no admite dudas. Las amenazas a la judicatura no caben en un Estado constitucional de derecho.
A la izquierda se la acusa de defender la amnistía por interés propio para mantenerse en el poder. Pedro Sánchez y sus ministros tienen un interés directo en continuar en el Gobierno. Como también comparten ese interés una enorme cantidad de personas que, en un país de tradición tan clientelar como el nuestro, viven directa o indirectamente de que su partido conserve el poder político. Pero no toda la izquierda tiene esa auto-interesada motivación: a muchos votantes de izquierdas, que han defendido tradicionalmente sociedades libres y de progreso, les produce terror que la extrema derecha llegue al Gobierno. Es algo comprensible, porque la extrema derecha ha dado amplias muestras en España de querer limitar la diversidad y en el extranjero de querer limitar las libertades básicas.
Si bien es natural que la izquierda quiera evitar que la extrema derecha llegue al Gobierno, querer evitarlo por todos los medios es inaceptable. En un Estado democrático europeo, el por todos los medios no puede existir. La manera democrática de evitar que una opción política llegue al poder son las urnas. Una vez que se ha votado, todas las coaliciones son legítimas siempre que se utilicen los medios que caben dentro de los límites del Estado de derecho. Son límites nítidamente delineados por nuestras normas fundamentales y apuntalados por la ética. La superioridad moral que se suele arrogar a sí misma la izquierda (no solo en nuestro país) no le da carta blanca para saltarse esos límites. Y si algún partidario de la izquierda tiene alguna duda sobre dónde están los límites, no tiene más que preguntarse por lo que pensaría si esos límites los sobrepasasen otros: ¿qué pensarían por ejemplo los votantes y simpatizantes del PSOE si un Gobierno de extrema derecha anunciase que iba a poner en marcha comisiones de investigación parlamentaria para revisar decisiones judiciales y dirimir acciones de responsabilidad? Les entrarían escalofríos, y con toda la razón.
Se argumenta que el fin real de la amnistía no es solo alejar a la extrema derecha del poder, sino lograr que baje la temperatura en Cataluña con la esperanza de que ello lleve a un colapso definitivo del independentismo (no del nacionalismo) en las próximas elecciones catalanas. Es un cálculo arriesgado, entre otras cosas porque se hace a costa de aumentar la temperatura en el resto de España. Pero ni siquiera el mérito de ese objetivo puede justificar los medios. Ningún objetivo, ninguno, por loable que sea, puede justificar hacer una mella en el Estado de derecho.
En democracia, el fin nunca puede justificar los medios. Nunca. Ni para la extrema derecha, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para nadie.
El fin no justifica los medios
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17.11.2023
El que la izquierda quiera evitar que la extrema derecha llegue al poder es comprensible. El que además quiera lograr un cambio de escenario en Cataluña puede ser hasta loable. Pero el querer lograr esos fines no justifica que se haga una mella en el Estado de derecho. En un Estado constitucional de derecho, el fin no puede justificar jamás los medios.
Examinar la compleja situación en la que nos hemos puesto en España requiere ponernos en los zapatos del otro. Pero para imaginarse lo que piensan otros hay que empezar por saber lo que piensa uno mismo. Personalmente, ni estoy en contra per se de una amnistía, ni creo que la Constitución haga imposible otorgarla en España. De lo que estoy en contra es de una amnistía hecha sin el necesario consenso y sin garantías. Una amnistía es un arma poderosa, pero peligrosísima en un Estado de derecho, algo que hay que manejar con infinito cuidado y no usar frívolamente. Pero si sobre la amnistía caben matices, poner sobre la mesa, aunque no sea en un borrador de ley, el concepto de lawfare, sugiriendo que comisiones parlamentarias de investigación examinen decisiones judiciales para ver si ha habido judicialización política y proponer acciones de responsabilidad, no admite dudas. Las amenazas a la judicatura no caben en un Estado constitucional de derecho.
A la izquierda se la acusa de defender la amnistía por interés propio para mantenerse en el poder. Pedro Sánchez y sus ministros tienen un interés directo en continuar en el Gobierno. Como también comparten ese interés una enorme cantidad de personas que, en un país de tradición tan clientelar como el nuestro, viven directa o indirectamente de que su partido conserve el poder político. Pero no toda la izquierda tiene esa auto-interesada motivación: a muchos votantes de izquierdas, que han defendido tradicionalmente sociedades libres y de progreso, les produce terror que la extrema derecha llegue al Gobierno. Es algo comprensible, porque la extrema derecha ha dado amplias muestras en España de querer limitar la diversidad y en el........
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