Esta reunión no es la primera. Esta reunión no es de trabajo. Y esta no es la reunión de mediación que se nos está contando. Desde luego, no hace honor a nuestra democracia porque la deshonra.

Y está bien precisar los hechos, poner orden en la secuencia y plantear preguntas. Hay que hacerlo para defender la verdad de los hechos frente a una operación de manipulación de la opinión pública diseñada, desde el poder político, para distraer al país de lo que no se puede tapar.

El gobierno de España no es ilegítimo. Y nadie debe dudar de su legitimidad porque el procedimiento ha sido impecable. No hay fraude electoral, ni ninguna violación del mecanismo democrático que ha concluido con su designación.

Ahora bien, es necesario llamar a las cosas por su nombre: resulta evidente que este gobierno sí es moralmente ilícito porque se sostiene sobre una estafa política ejecutada durante meses y públicamente admitida por quien la perpetró.

El propio Santos Cerdán, en un ejercicio de vanidad y de indiscreción impropia de un adulto, reconoció que llevaba desde marzo negociando

El propio Santos Cerdán, en un ejercicio de vanidad y de indiscreción impropia de un adulto, reconoció recientemente que llevaba desde marzo negociando con Puigdemont. Insisto, desde marzo.

En aquel momento, tras un cálculo acertado, Moncloa ya había llegado a la conclusión de que la única opción de seguir en el poder pasaba inevitablemente por tener a Puigdemont dentro de la mayoría. Así que se dio orden de abrir el canal, se recibió la amnistía como primera demanda del fugado y se comenzó a negociar.

Pedro Sánchez no estaría hoy en Moncloa si solo uno de cada catorce electorales hubiese dejado de votarle por la amnistía

Quedaban entonces dos campañas electorales por delante. Dos en las que Sánchez repitió a los cuatro puntos cardinales que no, que nunca, que jamás, verían nuestros ojos la amnistía que ya estaba desvainándose como el puñal hacia la espalda.

¿Cuántos de los 7,5 millones de votantes socialistas habrían retirado su voto si hubiesen sabido lo que se nos ocultó a todos? Reduzcamos la cuenta al máximo: Sánchez no estaría en Moncloa hoy si solo 1 de cada 14 electorales hubiese dejado de votarle por la amnistía. A eso me refiero cuando hablo de gobierno moralmente ilícito y de la primera estafa: nos prometieron a los españoles que nunca harían lo que ya venían urdiendo reunión tras reunión.

La segunda estafa consiste, básicamente, en exigir a los ciudadanos que no crean a sus ojos, sino a lo que dice el gobierno. "Esto solo es una reunión de trabajo". No es así.

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¿Llamaría usted "reunión de trabajo" a una serie periódica y pactada de encuentros, con un delincuente, en los que Scholz o Macron tuviesen que rendir cuentas, fuera del parlamento y fuera de su país, para ver si después de cada examen podrían seguir gobernando durante otro mes?

Eso que nos parece inimaginable para los de fuera, es lo que se nos está metastatizando en nuestro cuerpo democrático. Una completa subversión de los principios sobre los que funciona cualquier sistema parlamentario. La deslocalización del control político del gobierno a donde un fugado no puede ser capturado. Dejar la soberanía nacional a un centímetro de ser trasladada a Ginebra.

Esto ni siquiera va de ser sanchista o antisanchista, estos ejercicios continuos de sumisión a un tipo como Puigdemont son tan insoportables desde el punto de vista de la dignidad democrática, que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad patriótica solo puede lamentar ver a nuestro gobierno tan crudamente humillado.

Y esta reunión de mediación no es la que nos están contando. La Fundación Henri Dunant desarrolla una labor que consiste en ofrecer un paraguas discreto para que los distintos mediadores puedan llegar a acuerdos, generalmente sobre la resolución de conflictos violentos o que involucran a dictaduras.

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¿De qué conflicto estamos hablando? España no tiene un conflicto con Cataluña y tampoco Cataluña respecto a España. Aquí solo hay un conflicto entre catalanes en el que son minoría quienes quieren independizarse, y en el que algunos de los nacionalistas están intentando no asumir las consecuencias del golpe anticonstitucional que provocaron, mientras todos los separatistas manifiestan su voluntad de volver a intentarlo frente a un Estado que tratan de debilitar.

¿Qué grado de discreción para la mediación puede haber? Ninguno. Primero, porque el delincuente principal quiere visibilizar que la suerte de Sánchez depende de su capricho. Por eso amenaza y comunica de un modo absolutamente contrario al requerido en cualquier proceso de diálogo bienintencionado.

Y, segundo, porque el hecho de que las reuniones sean "clandestinas", en un entorno de tanta demanda informativa, hará qué sea dónde sean los próximos encuentros, termine habiendo unidades móviles al otro lado de la puerta.

No estaría de más saber quién está poniendo el dinero y desde cuándo

¿Quiénes son los verdaderos mediadores? Lo habitual es que se trate de un grupo y que dentro de ellos se designe a un portavoz. Como no se sabe de quién se trata, hay tres posibilidades abiertas: quien iba a serlo ha renunciado, nadie está designado en este momento, o quien ejerce esa responsabilidad no desea hacer público su nombre todavía.

Una certeza mientras se despeja esa incógnita: más opacidad significa mayor desgaste para todas las partes, menos para Puigdemont.

¿Quién está pagando esto? Ningún proceso de mediación internacional es barato, eso se sabe. Pero no estaría de más saber quién está poniendo el dinero y desde cuándo. Si son los partidos, lo terminará detectando el tribunal de cuentas, por lo tanto, ningún motivo para ocultarlo.

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No me quiero ni imaginar que para esto puedan emplearse fondos públicos y mucho menos reservados. Pero sí que reconozco que tengo cierta curiosidad por saber quién le está poniendo los billetes a Puigdemont. Sería bueno que eso quedase claro, sobre todo con tantos rumores de relaciones con actores poco encariñados con los regímenes democráticos.

Este es un país de buenos periodistas, es una simple cuestión de tiempo que empiecen a preguntar por el dinero en las ruedas de prensa de los distintos actores. Y luego están los distintos equipos de investigación en las redacciones de los medios, los que de verdad saben que el Follow the money sirve para aclararlo todo.

Todo eso ya se verá, o no, y le estafa seguirá creciendo. Por el momento, no está de más que prefiramos creer, a nuestros ojos, que dudemos de la propaganda y que tengamos claro que en las reuniones que (de momento) siguen celebrándose en Ginebra caben más estafas que recursos en cualquier navaja suiza.

Esta reunión no es la primera. Esta reunión no es de trabajo. Y esta no es la reunión de mediación que se nos está contando. Desde luego, no hace honor a nuestra democracia porque la deshonra.

Y está bien precisar los hechos, poner orden en la secuencia y plantear preguntas. Hay que hacerlo para defender la verdad de los hechos frente a una operación de manipulación de la opinión pública diseñada, desde el poder político, para distraer al país de lo que no se puede tapar.

El gobierno de España no es ilegítimo. Y nadie debe dudar de su legitimidad porque el procedimiento ha sido impecable. No hay fraude electoral, ni ninguna violación del mecanismo democrático que ha concluido con su designación.

Ahora bien, es necesario llamar a las cosas por su nombre: resulta evidente que este gobierno sí es moralmente ilícito porque se sostiene sobre una estafa política ejecutada durante meses y públicamente admitida por quien la perpetró.

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¿Llamaría usted "reunión de trabajo" a una serie periódica y pactada de encuentros, con un delincuente, en los que Scholz o Macron tuviesen que rendir cuentas, fuera del parlamento y fuera de su país, para ver si después de cada examen podrían seguir gobernando durante otro mes?

Eso que nos parece inimaginable para los de fuera, es lo que se nos está metastatizando en nuestro cuerpo democrático. Una completa subversión de los principios sobre los que funciona cualquier sistema parlamentario. La deslocalización del control político del gobierno a donde un fugado no puede ser capturado. Dejar la soberanía nacional a un centímetro de ser trasladada a Ginebra.

Esto ni siquiera va de ser sanchista o antisanchista, estos ejercicios continuos de sumisión a un tipo como Puigdemont son tan insoportables desde el punto de vista de la dignidad democrática, que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad patriótica solo puede lamentar ver a nuestro gobierno tan crudamente humillado.

Y esta reunión de mediación no es la que nos están contando. La Fundación Henri Dunant desarrolla una labor que consiste en ofrecer un paraguas discreto para que los distintos mediadores puedan llegar a acuerdos, generalmente sobre la resolución de conflictos violentos o que involucran a dictaduras.

¿De qué conflicto estamos hablando? España no tiene un conflicto con Cataluña y tampoco Cataluña respecto a España. Aquí solo hay un conflicto entre catalanes en el que son minoría quienes quieren independizarse, y en el que algunos de los nacionalistas están intentando no asumir las consecuencias del golpe anticonstitucional que provocaron, mientras todos los separatistas manifiestan su voluntad de volver a intentarlo frente a un Estado que tratan de debilitar.

¿Qué grado de discreción para la mediación puede haber? Ninguno. Primero, porque el delincuente principal quiere visibilizar que la suerte de Sánchez depende de su capricho. Por eso amenaza y comunica de un modo absolutamente contrario al requerido en cualquier proceso de diálogo bienintencionado.

Y, segundo, porque el hecho de que las reuniones sean "clandestinas", en un entorno de tanta demanda informativa, hará qué sea dónde sean los próximos encuentros, termine habiendo unidades móviles al otro lado de la puerta.

No estaría de más saber quién está poniendo el dinero y desde cuándo

¿Quiénes son los verdaderos mediadores? Lo habitual es que se trate de un grupo y que dentro de ellos se designe a un portavoz. Como no se sabe de quién se trata, hay tres posibilidades abiertas: quien iba a serlo ha renunciado, nadie está designado en este momento, o quien ejerce esa responsabilidad no desea hacer público su nombre todavía.

Una certeza mientras se despeja esa incógnita: más opacidad significa mayor desgaste para todas las partes, menos para Puigdemont.

¿Quién está pagando esto? Ningún proceso de mediación internacional es barato, eso se sabe. Pero no estaría de más saber quién está poniendo el dinero y desde cuándo. Si son los partidos, lo terminará detectando el tribunal de cuentas, por lo tanto, ningún motivo para ocultarlo.

No me quiero ni imaginar que para esto puedan emplearse fondos públicos y mucho menos reservados. Pero sí que reconozco que tengo cierta curiosidad por saber quién le está poniendo los billetes a Puigdemont. Sería bueno que eso quedase claro, sobre todo con tantos rumores de relaciones con actores poco encariñados con los regímenes democráticos.

Este es un país de buenos periodistas, es una simple cuestión de tiempo que empiecen a preguntar por el dinero en las ruedas de prensa de los distintos actores. Y luego están los distintos equipos de investigación en las redacciones de los medios, los que de verdad saben que el Follow the money sirve para aclararlo todo.

Todo eso ya se verá, o no, y le estafa seguirá creciendo. Por el momento, no está de más que prefiramos creer, a nuestros ojos, que dudemos de la propaganda y que tengamos claro que en las reuniones que (de momento) siguen celebrándose en Ginebra caben más estafas que recursos en cualquier navaja suiza.

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La triple estafa de la reunión en Suiza

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02.12.2023

Esta reunión no es la primera. Esta reunión no es de trabajo. Y esta no es la reunión de mediación que se nos está contando. Desde luego, no hace honor a nuestra democracia porque la deshonra.

Y está bien precisar los hechos, poner orden en la secuencia y plantear preguntas. Hay que hacerlo para defender la verdad de los hechos frente a una operación de manipulación de la opinión pública diseñada, desde el poder político, para distraer al país de lo que no se puede tapar.

El gobierno de España no es ilegítimo. Y nadie debe dudar de su legitimidad porque el procedimiento ha sido impecable. No hay fraude electoral, ni ninguna violación del mecanismo democrático que ha concluido con su designación.

Ahora bien, es necesario llamar a las cosas por su nombre: resulta evidente que este gobierno sí es moralmente ilícito porque se sostiene sobre una estafa política ejecutada durante meses y públicamente admitida por quien la perpetró.

El propio Santos Cerdán, en un ejercicio de vanidad y de indiscreción impropia de un adulto, reconoció que llevaba desde marzo negociando

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Quedaban entonces dos campañas electorales por delante. Dos en las que Sánchez repitió a los cuatro puntos cardinales que no, que nunca, que jamás, verían nuestros ojos la amnistía que ya estaba desvainándose como el puñal hacia la espalda.

¿Cuántos de los 7,5 millones de votantes socialistas habrían retirado su voto si hubiesen sabido lo que se nos ocultó a todos? Reduzcamos la cuenta al máximo: Sánchez no estaría en Moncloa hoy si solo 1 de cada 14 electorales hubiese dejado de votarle por la amnistía. A eso me refiero cuando hablo de gobierno moralmente ilícito y de la primera estafa: nos prometieron a los españoles que nunca harían lo que ya venían urdiendo reunión tras reunión.

La segunda estafa consiste, básicamente, en exigir a los ciudadanos que no crean a sus ojos, sino a lo que dice el gobierno. "Esto solo es una reunión de trabajo". No es así.

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Eso que nos parece inimaginable para los de fuera, es lo que se nos está metastatizando en nuestro cuerpo democrático. Una completa subversión de los principios sobre los que funciona cualquier sistema parlamentario. La deslocalización del control político del gobierno a donde un fugado no puede ser capturado. Dejar la soberanía nacional a un centímetro de ser trasladada a Ginebra.

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