Ayer acudí a una de las concentraciones que llenaron las plazas principales de las capitales españolas. No tengo ni la más remota idea de cuánta gente hubo en Las Tendillas, la mía. Tengo la certeza de que mucha, como en todos los lugares donde se convocaron. No suelo prodigarme en manifestaciones: asisto a las que reivindican el derecho de los trabajadores el primero de mayo, me sumo a las que se convocan contra la violencia machista, aplaudía a los sanitarios desde mi balcón a las ocho durante la pandemia, estuve en las que se oponían a la barbarie de ETA y cuando combatimos la Guerra de Irak. Ahora, también.

No era una manifestación contra Sánchez, aunque lo merezca más que ningún otro mandatario en democracia, sino contra el ya sí conocido pacto por la amnistía que ha suscrito con el nacionalismo separatista, además de las costosísimas propinas económicas que contiene. Si solo hubiese sido contra Sánchez, no habría ido. No respeto ni comparto las bravuconadas escondidas en pasamontañas que tiran piedras o huevos contra las sedes de los partidos o que insultan, sin más intelecto que el pobre desprecio del propio insulto. Esa falsa valentía de cuatro idiotas radicales explica bien los cuatro votos que separaron a Feijóo de su investidura y que alimenta a diario esta tortura sanchista. Convendría tomar nota.

Acudí porque está en juego, al borde del abismo en verdad, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se caracteriza, según mi criterio, por la presidencia inequívoca del imperio de la ley, por el respeto y la defensa de los derechos fundamentales y por la separación de poderes. No son características aisladas, sino acumulativas: las tres al tiempo, al mismo tiempo y en todo tiempo. Esto es lo que rompe Sánchez; España, no. El país no lo quiebra, aunque lo golpea durísimamente, porque el país, según vi, sale y se queja y porque el tiempo de Sánchez pasará, sin ningún género de dudas, aunque ahora lo veamos lejanísimo e improbable.

Sánchez rompe el Estado de Derecho porque el acuerdo presagia una propuesta de ley infumable y redactada en completo fraude ya que la razón cierta es su necesidad de apoyos, confesada además en el velatorio del PSOE; quiebra los derechos porque nos distingue en la desigualdad; y funde la separación de poderes porque declara la voluntad de blindarse contra la justicia, revisándola si lo precisa en sede parlamentaria, sostenido por la mayoría que perpetra el golpe de gracia. De esto nos defendemos los ciudadanos frustrados porque nuestros representantes electos han decidido olvidarlo para mantener el favor pasajero del peor liderazgo que existe: el que nos somete a la tiranía. Llegado a este punto, pregunto abiertamente: ¿de verdad ningún diputado va a escuchar este clamor y votar en conciencia con la libertad de ser leal a su electorado en lugar de fiel a su señor?