Bolivia debe desterrar cuánto antes el paradigma que estableció el cocalero Morales: “yo le meto nomás, aunque sea ilegal”, de lo contrario nos arriesgamos a caer en la categoría de estado forajido, sujeto a sanciones y el aislamiento internacional.

El presidente todavía está convencido de que está en su trono, que es el gran monarca de este país y lamentablemente los bolivianos nos comportamos como si fuéramos sus vasallos. “No me voy a presentar ante la justicia”, dice campante, el único autor confeso de la masacre del hotel Las Américas, un hecho calificado como terrorismo de estado, tanto por instancias nacionales e internacionales, que deben hacer su trabajo para dar con los culpables.

En otro derroche de prepotencia, el ex ministro Juan Ramón Quintana arenga que matar a esa gente, emboscarla como si fueran animales salvajes y planificar todo un montaje terrorista, “fue la decisión correcta”. Sin darse cuenta que sus palabras son inculpatorias hacia Evo Morales y el régimen del que formaba parte, el denominado “carnicero de El Porvenir”, también expresa públicamente que está confiado en la impunidad que le brinda una justicia inoperante contra las criminales y violadores de los derechos humanos pertenecientes al MAS, pero extremadamente diligente a la hora de perseguir a los defensores de la justicia y la libertad.

Ni siquiera las conminaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya está encima del caso y que tiene avances significativos en la búsqueda de los culpables, logran sacudir a la fiscalía, que hace oídos sordos a los pedidos de investigación a los responsables por las “ejecuciones extrajudiciales” que dieron paso al llamado caso Terrorismo, cerrado en febrero de 2020.

Los plazos ya se vencieron hace varios días y el Ministerio Público aún no imputó ni rechazó la investigación sobre la vulneración de derechos que tuvo lugar en el asalto al hotel Las Américas del 16 de abril de 2009 y que fue denunciada por las víctimas de estos sucesos.

Es tal el despotismo y al mismo tiempo, el atrevimiento que otorga la ignorancia, que el procurador del estado, César Siles, ha pedido reactivar los procesos Terrorismo I y Terrorismo II, una aberración desde el punto de vista jurídico, pues ambos casos ya fueron cerrados por falta de pruebas y por todas las fallas que tuvo durante diez años. En todo caso, lo que toca es dar con los culpables de los abusos y sancionarlos, pues un hecho así no puede quedar impune. Eso corresponde en un estado de derecho, pero es obvio que Bolivia ha perdido esa cualidad y en las actuales circunstancias todo puede suceder.

Frente a este cuadro poco esperanzador, uno de los sobrevivientes de aquella masacre, el boliviano-croata, Mario Tadic, ha dicho que recurrirá a la Corte IDH, pues no vale la pena confiar en el estado boliviano y que no piensa perder el tiempo esperando que alguien mueva un dedo para procurar justicia o llegar al esclarecimiento de este y muchos otros casos graves ocurridos durante esta prolongada dictadura, cuyos abusos van en aumento.