En julio de este año Venezuela enfrentará unas elecciones que definirán tal vez para siempre el futuro del país, pues podrían sepultarse las aspiraciones democráticas de la población y consolidarse una férrea dictadura que cada día acentúa la hostilidad hacia la disidencia.

La próxima votación representa una encrucijada crucial, con Nicolás Maduro aferrándose al poder a través de tácticas cada vez más autoritarias y la opositora María Corina Machado liderando un esfuerzo heroico y desesperado para restaurar la voz del pueblo venezolano. El escenario está listo para una contienda que podría definir el destino del país para las próximas generaciones.

El régimen de Maduro ha mostrado su disposición a utilizar cualquier medio necesario para mantenerse en el poder. Desde la expulsión de observadores internacionales de derechos humanos hasta el aumento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

El mensaje es claro: la oposición no será tolerada. Además, el asesinato de figuras clave en el exilio y la designación de grupos opositores como "terroristas" son tácticas intimidantes que buscan silenciar cualquier disidencia.

Frente a este panorama, María Corina Machado emerge como una figura de resistencia y esperanza. A pesar de las prohibiciones arbitrarias para ejercer cargos públicos y las amenazas directas a su vida, Machado ha perseverado. Su capacidad para unir a la oposición fracturada y su compromiso con el proceso electoral han sido notables.

Los recientes eventos alrededor del cierre de inscripciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) revelan un juego sucio por parte del régimen: bloquear a Machado y permitir la participación de candidatos opositores más dóciles y manejables, asegurando que cualquier resultado electoral favorezca al status quo.

Este acto de manipulación electoral destaca no solo la corrupción del régimen de Maduro, sino también la falla crítica de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, en su manejo de la crisis venezolana.

La administración de Biden, a pesar de su retórica, ha dado pasos que parecen complacer a Maduro más que desafiarlo. La liberación de figuras clave del régimen y el levantamiento de sanciones sin obtener concesiones significativas en retorno han constituido una burla hacia los esfuerzos por recuperar la democracia venezolana. La credibilidad de la política estadounidense hacia Venezuela está en juego, y la necesidad de una postura más firme es ahora más urgente que nunca.

El 18 de abril, fecha en que se revisará el acuerdo de Barbados y se decidirá sobre la renovación de las sanciones, será un momento crítico. Estados Unidos y la comunidad internacional tienen la oportunidad de enviar un mensaje claro: la manipulación electoral y la represión no pueden ser la norma aceptada. Restaurar las sanciones sería un paso hacia la afirmación de que las acciones de Maduro tienen consecuencias reales.