Quién puede confiar en un gobierno que promueve los avasallamientos de tierras, que está ligado al narcotráfico y que manipula la justicia a su antojo. Con esos antecedentes, la administración de Luis Arce, que ya se apropió de las jubilaciones de los trabajadores, ahora quiere echar mano a lo más sagrado que puede tener un individuo después de la vida y la libertad: su propiedad.
Mediante el decreto 5143, ha dispuesto la creación del "Sistema Único de Derechos Reales" que le quita tuición al poder judicial en la información relacionada a los registros de propiedad a nivel nacional. El gobierno dice que será un ente autónomo y moderno, pero qué resquicio institucional ha quedado libre de la intervención espuria de un régimen que corrompe todo lo que toca, con el objetivo de saquear, destruir el patrimonio de los bolivianos y empobrecer a la población para mantenerla a sus pies, comiendo de su mano, como pasa en Cuba.
El decreto ha sido impuesto entre gallos y medianoche, sin un debate legislativo previo y es carente de los análisis técnicos indispensables, como pasó con la gestora de los fondos de pensiones que hasta el momento sigue sin dar garantías de confiabilidad.
La aprobación unilateral de un cambio tan sustancial en la administración de los derechos reales es una muestra clara de autoritarismo. Se trata de un "decretazo" que altera profundamente la actual estructura de administración, que seguramente tiene muchas fallas, pero que jamás ha llegado a los extremos que ocurren en la propiedad rural, donde abundan los conflictos, las superposiciones, en gran parte, por culpa de la manipulación polìtica del INRA. ¿Queremos que pase lo mismo con nuestras viviendas, con nuestros terrenos y demás bienes? ¿Queremos desatar en Bolivia el peligroso fenómeno de los “ocupas” que es común en países donde el populismo ha tomado el control total de la propiedad privada?
Además de hiperconcentrador, este sistema no brinda la menor garantía de transparencia.
Al centralizar la información y el control sobre ella, se reducen los contrapesos y se aumenta el riesgo de malas prácticas administrativas y corrupción. Además, el hecho de que el decreto exija experiencia específica en Derechos Reales podría excluir a profesionales competentes por razones políticas, limitando la diversidad y la pluralidad en la administración de un recurso tan crítico como la tierra.
Otro punto de preocupación es la capacidad y legitimidad del Consejo de la Magistratura para supervisar e implementar estas reformas, especialmente cuando se ha comprobado que cualquier dirigente del MAS, cualquier politiquero tiene la autoridad para decidir quién se queda o quién se va de este máximo ente judicial, que justo hoy está en manos de sujetos que decidieron prolongar ilegalmente sus mandatos por orden del gobierno de Arce.
La falta de legitimidad y transparencia en este proceso podría llevar a problemas serios de gobernanza, afectando la confianza pública en el sistema de registro de propiedades.
Se ha dispuesto la creación del "Sistema Único de Derechos Reales" que le quita tuición al poder judicial en la información relacionada a los registros de propiedad a nivel nacional. El gobierno dice que será un ente autónomo y moderno, pero qué resquicio institucional ha quedado libre de la intervención espuria de un régimen que corrompe todo lo que toca, con el objetivo de saquear, destruir el patrimonio de los bolivianos y empobrecer a la población para mantenerla a sus pies, comiendo de su mano, como pasa en Cuba.
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
visit website
