Christian Aste es abogado

Defender la elusión fiscal no equivale a promover la ilegalidad o la irresponsabilidad cívica. Menos avalar el abuso del derecho o la simulación, que sabemos socavan la integridad de la economía, debilitan y erosionan la legitimidad del contrato social.

Hay abuso cuando los negocios jurídicos se ejecutan no para producir resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes, sino que solo para lograr beneficios o ventajas impositivas, y simulación cuando se disfraza o esconde el hecho gravado; la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria; o su verdadero monto o data de nacimiento.

En consecuencia, lo que vindicamos acá no es el abuso del derecho ni la simulación, sino que el derecho legal y legítimo que le asiste a las empresas y a los individuos de obtener el mismo resultado económico o jurídico mediante la ejecución de aquellos actos o la celebración de aquellos contratos que o no generan efecto tributario, o lo generan, pero en términos reducidos o diferidos en el tiempo, cuando son consecuencia de lo que la misma normativa tributaria establece.

No parece, por lo tanto, razonable que la sola organización o reestructuración del patrimonio o del negocio o de los ingresos del contribuyente, considerando los efectos impositivos de los actos y contratados ejecutados o celebrados, se confunda con la evasión, o con el abuso del derecho o la simulación, y menos todavía que se le atribuyan connotaciones, alcances o significaciones peyorativas y/o criminales.

Debe ponderarse además que, en un entorno económico globalizado, la competencia fiscal entre los países es dinámica y evoluciona continuamente. Tanto, que muchos gobiernos les ofrecen a los inversionistas extranjeros incentivos o beneficios fiscales precisamente para que reestructuren sus negocios, y radiquen sus capitales y operaciones dentro de su territorio (Ej. Países Bajos, Hong Kong, Suiza, Irlanda).

Los que diseñan, implementan y articulan las políticas fiscales de esos países, no solo saben que, bajo ese modelo de incentivo, la elusión fiscal resulta innecesaria, sino que además reconocen que tanto las empresas e individuos que no emigran como aquellos que aceptan movilizar sus capitales a sus fronteras contribuyen a la tasa de desempleo del país disminuya, la economía crezca y la recaudación aumente.

Nadie en sus cabales, podría argumentar que esa elección, que no es sino la respuesta adaptativa de los dueños del capital a un mercado fiscal que es competitivo constituye una práctica perniciosa e intrínsecamente mala.

Por el contrario, todos asumen que cada Estado es dueño de estructurar su propio sistema, y que constituye responsabilidad de cada uno lograr conservar a quienes generan la riqueza, y que la diferencia no se logra solo con aplicar prácticas de transparencia, y responsabilidad fiscal, porque ese es el desde, sino que además y principalmente con una institucionalidad estable y un sistema fiscal simple, y evidentemente justo, esto es, un sistema que premie al emprendedor, castigue al informal, y combata al evasor o quien transgreda las normas, valiéndose del abuso del derecho o la simulación.