Al comenzar a escribir este artículo concluye el Foro Global Anticorrupción e Integridad 2024, de los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) llevado a cabo el 26 y 27 del presente mes en Paris, Francia, en el cual tuve la oportunidad de participar de forma virtual en varias de sus sesiones y conferencias. El lema del Foro era “Diseñando nuestro futuro con Integridad” el cual me he permitido colocar como epígrafe de esta entrega. En la oportunidad se celebró el 25 Aniversario del Convenio Anticorrupción de la misma organización.
Entre los temas analizados destacaron informes sobre transparencia y democracia como base esencial de la buena gobernanza tanto en el sector público como privado. Al analizar estos indicadores, publicados por Transparencia Internacional en el Informe “Corruption Perception Index” del 2023, Bolivia califica como país corrupto con un puntaje de 29/100. Sobre la calidad de nuestra democracia en el “Índice de Democracia Global 2023” publicado recientemente por la Unidad de Inteligencia de la prestigiosa revista británica The Economist, fuimos calificados con un puntaje de 4,2/10, como una “democracia hibrida” donde se elige democráticamente pero se gobierna de forma autócrata cooptando los poderes legislativo y judicial. En estas circunstancias, es evidente lo devaluadas que están la transparencia e integridad en nuestro país.
Un aditamento a esta penosa conclusión, corresponde a los hallazgos de una reciente encuesta levantada por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) sobre la percepción de la población acerca del contrabando en Bolivia, que indicaba la aprobación de casi la mitad de los encuestados a esta actividad delictiva, en razón al beneficio que representan el tener precios bajos y una oferta amplia de productos ingresados de forma ilícita desde diversas partes del mundo.
Esta percepción de la población pareciera ser una degradación de la legalidad y al mismo tiempo un menosprecio a los valores que debería cultivar una sociedad medianamente apegada a reglas mínimas de convivencia pacífica. Reza un viejo adagio que una mentira a fuerza de repetirse de forma recurrente y constante, se convierte en verdad; tal cual la informalidad con la cual convivimos y nos hemos familiarizado a tal punto, que la aceptamos y hasta la consideramos buena, ante la falta de oportunidad de subsistencia de gran parte de la población en edad laboral.
Sin desviarnos del delito de corrupción de naturaleza estrictamente personal, no se pueden soslayar las múltiples denuncias de corrupción en todos los niveles del Gobierno, incluyendo los gobiernos regionales y municipales, independiente del partido o agrupación política a la pertenezcan, los cuales tienen un denominador común, son ejecutadas por políticos en ejercicio del poder sin ética ni moral, sin nada que perder, y con el único historial de haberse servido y haber servido a partidos o caudillos de los cuales toman ejemplo cual escuela de corrupción. A todos ellos los atrae el dinero fácil, el poder, la egolatría y el placer, a estas personas no les mueve ninguna convicción, ningún ideal, ni sueño alguno.
Este mismo prototipo de persona se replica en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en la Defensoría pública, en la Contraloría y hasta en la misma Defensoría del pueblo, además de las organizaciones o agencias de gobierno reguladoras y las empresas públicas, salvo honrosas excepciones que sin lugar a dudas las hay en cada caso. Sin embargo este atributo deleznable no es propio de los políticos y ocasionales gobernantes, pues las entidades privadas como bancos, cooperativas de servicios públicos e inclusive instituciones de otro orden como las deportivas se han convertido en ocasionales albergues de cómplices o promotores de la corrupción en las compras y contrataciones de bienes y servicios.
Sin pretender transformar la generalidad en excusa o justificación, debemos reconocer que la ausencia de transparencia e integridad es global, en el índice de percepción de la corrupción más de dos terceras partes de los 180 países evaluados están aplazados, y el promedio general del índice es de 42 puntos, según el referido informe de Transparencia Internacional. Son pocos los esfuerzos que realizan la mayoría de los países en promover la lucha contra el fraude o el soborno, puesto que el entramado de la telaraña de la corrupción evita que las denuncias prosperen y cuando avanzan el sistema judicial se encarga de desplegar su manto de impunidad sobre los corruptos.
Debemos trabajar arduamente en la cultura de la legalidad, la transparencia y la honestidad desde las escuelas y las universidades, debemos premiar y reconocer la buena gobernanza y la responsabilidad social en las empresas públicas y privadas, debemos proscribir a los políticos corruptos y a los empresarios que usufructúan de manera indebida de sus lazos íntimos con el poder, se debe promover y facilitar la formalidad y el comercio, reduciendo la presión fiscal y la carga laboral innecesaria que solo desalienta la generación de empleos formales y sobre todo se deberá reconstruir el sistema judicial desde sus cimientos.
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