La violación de los Derechos Humanos cometida en Bolivia le está dejando una alta factura al Estado. Ya nomás debe pagar alrededor de tres millones de dólares como reparación de daños a las víctimas o a sus familiares. A ello se suma una docena de otras demandas por los sucesos del Hotel Las Américas en lo que el Gobierno de Evo Morales llamó “el caso terrorismo”, una acusación que no se pudo demostrar y cuyo proceso fue anulado por falta de pruebas.
Los ocho casos iniciales ya tienen fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y corresponden a desapariciones forzosas y otros delitos que se cometieron durante los gobiernos de facto de Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza, en su mayoría. Entre 1971 y 1982 hubo golpes de Estado, detenciones, torturas y desapariciones forzosas. Bolivia vivía sometida a regímenes autoritarios, donde la sentencia era que los opositores debían “andar con el testamento bajo el brazo”, como lo dijo con contundencia el entonces ministro del Interior Luis Arce Gómez.
Bolivia ya cumplió 42 años de democracia ininterrumpida, en los que debería darse garantías a todos los ciudadanos de vivir en libertad, de ejercer sus derechos políticos, de expresarse sin restricciones, etc. No obstante, las 12 últimas denuncias que pueden convertirse en juicios contra el Estado, hablan de violación a los derechos humanos durante el periodo democrático. Estamos hablando del ataque armado y violento de efectivos de la Policía al hotel Las Américas y la ejecución de tres personas, a las que primero mataron y después acusaron de terrorismo, separatismo, etc. Las sindicaron y después las condenaron a pena de muerte, porque nadie les dio la opción de defenderse. Entonces se argumentó que hubo cruce de fuego y eso nunca se pudo demostrar. Los que perpetraron ese ataque están libres, nunca fueron detenidos y menos señalados por la justicia boliviana. El expresidente Evo Morales fue quien dijo públicamente que dio la orden para que ese operativo se realice.
El asalto policial al Hotel Las Américas fue el detonador para que se persiga y detenga a los líderes de la oposición política al gobierno en ejercicio de Evo Morales. Ante la incapacidad de convivir con una mirada diferente al proyecto del MAS, los gobernantes optaron por aplastar cualquier vestigio de voz contraria y abrieron un juicio que duró más de una década y mató en vida a más de 30 acusados, unos fueron apresados y otros tuvieron que deambular por el país para dar gusto a la instalación de la posverdad del ‘caso terrorismo’.
Pasaron 15 años de esos lamentables episodios. El juicio fue anulado, la acusación se quedó sin pruebas y sin argumentos, el fiscal acusador fue sindicado de ser un extorsionador y hubo una cadena de denuncias contra los jueces ciudadanos que llevaban la causa.
Lo que llama la atención de todo esto es que hubo vulneración de derechos humanos durante los gobiernos dictatoriales de los militares y también durante el gobierno más largo de la democracia. Lo correcto es asumir que cuando hay estado de derecho nadie sea víctima de ejecución ni de persecución. El daño está hecho y ahora el Estado debe repararlo.
Ahora el Gobierno de Luis Arce espera que se apruebe una ley para que las exautoridades que cometen violación a los derechos humanos sean procesadas y reparen el daño que causaron. Es el camino correcto. Primero porque las víctimas lo merecen, es lo mínimo que se les puede conceder después de tantas atrocidades. Segundo, porque la vulneración cruel de derechos, la privación injusta de libertad y la tortura sicológica que hay detrás de estos actos, no debe quedar en la impunidad.
Junto con el proceso a las exautoridades, urge que el Gobierno actual libere a los presos políticos y les permita defenderse en el marco de la ley y de las garantías constitucionales.
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