En medio de un escenario legal convulso, el traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para enfrentar un juicio en la capital del departamento ha sido obstaculizado nuevamente, generando interrogantes sobre la transparencia y la efectividad del sistema judicial. La ausencia del líder departamental en el inicio del juicio oral por el caso 'decretazo', programado para el pasado lunes 11 de marzo, ha desatado una ola de críticas y dudas sobre los mecanismos que impiden su comparecencia.

Las declaraciones del exasesor de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, junto al abogado defensor Martín Camacho y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, revelan la opacidad que rodea al paradero de Camacho. "Queremos informarles que, tal como pasó el 28 de diciembre del 2022, el gobierno del presidente Luis Arce no da información sobre el paradero del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho", expresó Suárez en una rueda de prensa, subrayando la falta de claridad y cooperación por parte de las autoridades nacionales.

Este nuevo episodio de opacidad gubernamental con respecto al paradero del gobernador de Santa Cruz plantea serias interrogantes sobre la independencia y eficacia del sistema judicial en Bolivia. ¿Cómo es posible que un líder electo no pueda ser trasladado para enfrentar un juicio en su propia jurisdicción? ¿Qué obstáculos o intereses se interponen en este proceso legal fundamental?

La falta de transparencia y cooperación por parte del Gobierno central no solo socava la confianza en las instituciones democráticas, sino que también compromete la imparcialidad y la equidad en la administración de justicia. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones concretas que garanticen un proceso judicial justo y transparente.

Es crucial recordar que la justicia no solo debe ser imparcial, sino también accesible. La negativa o la negligencia en el traslado del gobernador Camacho para enfrentar un juicio en su lugar de residencia socava este principio fundamental y debilita la confianza en el sistema judicial en su conjunto.

Ante este panorama, es imperativo que las autoridades competentes, tanto a nivel departamental como nacional, prioricen la transparencia, la colaboración y el respeto por el debido proceso legal. La opacidad y la falta de cooperación solo sirven para alimentar la desconfianza y el escepticismo en la capacidad del Estado para garantizar la justicia y el Estado de derecho.
Este episodio otra vez pone en tela de juicio el manejo transparente e imparcial de la justicia en Bolivia, tal como lo ven los organismos internacionales que ponen al país en los últimos lugares de los ranking sobre seguridad jurídica.

En conclusión, el esquivo traslado del gobernador de Santa Cruz para enfrentar un juicio en su jurisdicción plantea desafíos significativos para el sistema judicial boliviano. Es necesario que las autoridades actúen con diligencia y transparencia para restablecer la confianza en la justicia y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su cargo o posición política, estén sujetos a un sistema judicial justo y equitativo. ¿Qué garantías pueden tener los ciudadanos de que se respete al debido proceso cuando se ven a claras luces que los intereses políticos están por encima de los derechos?